El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, solicitó la intervención de la bancada del PRI para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apure la revisión de las acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos estatales y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por la aprobación de reformas apartadas del Sistema Nacional Anticorrupción. Los tres mandatarios enfrentan un proceso de solicitud de expulsión del PRI.
La bancada del PRI en el Senado envió una solicitud a la mesa directiva para convocar a la Corte a fin de que dé característica de “trámite y resolución preferente” a las acciones de anticonstitucionalidad que la PGR interpuso contra los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo por asumir medidas antes de que estuviera promulgado el Sistema Nacional Anticorrupción.
En rueda de prensa con el nuevo presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y el coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, se dio a conocer esta demanda, amparándose en la facultad que otorga el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución Política.
Según Ochoa Reza el trámite preferente se solicitó “en virtud de que en esos estados se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado, primero, las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.
La acción de anticonstitucionalidad no afecta las medidas adoptadas por estos gobiernos para incrementar las deudas y transferirlas a las administraciones posteriores, sólo se concentra en los nombramientos de los fiscales anticorrupción.
Cuestionado sobre el trámite para expulsar del PRI a los gobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, así como a Roberto Borge, de Quintana Roo, Ochoa Reza aclaró que está en trámite en la Comisión de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles, “y tiene un comportamiento autónomo”.
Ochoa Reza reiteró que crearán un órgano anticorrupción en el PRI y existe un grupo que “estudia las mejores prácticas en la materia, internacionales, atendiendo a las experiencias de otros partidos políticos que han establecido organismos similares”.
El trámite fue suscrito este lunes 25 por el senador Arturo Zamora, del PRI, y dirigido a su similar Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado.
No obstante, se advierte que se requiere un proceso ágil en la Suprema Corte, ya que la transmisión de poderes ocurrirá el 25 de septiembre en Quintana Roo, el 4 de octubre en Chihuahua y el 1 de diciembre en Veracruz.
Acepta PRI revisar solicitud de expulsión de “gobernadores corruptos”
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aceptó la denuncia presentada contra tres gobernadores surgidos del partido y en la que se pide su expulsión por posibles conductas penales.
Los integrantes de la Comisión no advirtieron algún hecho improcedente en la denuncia presentada el jueves por Armando Barajas Ruiz en su calidad de militante y consejero nacional del partido, además de presidente de la organización adherente Solidaridad A.C.
En la denuncia, Barajas advierte posibles desvíos de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, por lo que solicita la suspensión de sus derechos partidistas.
En la denuncia se presentó información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las diversas anomalías que se han detectado en sus gestiones.
“Acuerdo: radíquese la denuncia presentada por Armando Barajas Ruiz, por tanto asígnesele al medio impugnativo de referencia el número de expediente CNJP-PS-CDMX-258/2016.
“Toda vez que no se advierte una causa notoria de improcedencia, túrnese el expediente a la Subcomisión de Derechos, para los efectos legales correspondientes, sin perjuicio de las causas de improcedencia que pudieran advertirse con posterioridad”, cita el acuerdo emitido por el órgano de justicia interna.
La Comisión solicitó a la Secretaría de Organización del PRI que en 72 horas entregue información para acreditar el carácter con que se ostenta Armando Barajas como militante del partido y si en efecto la asociación “Corriente Solidaridad” está registrada como organización nacional adherente del tricolor.
Además, la Secretaría de Organización, a cargo de Willy Ochoa, deberá informar si el promovente está acreditado legalmente como representante o goza de algún cargo de representación de dicha agrupación.
La información que se requiere es con el fin de realizar diligencias para mejor proveer de información, cita el acuerdo firmado por el presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles Álvarez, y el secretario general de Acuerdos, Omar Víctor Cuesta Pérez.
Fuente: Reforma
1 Comment
La distancia entre los socios se despedaza No me explico por que el PRI no intervino en su momento para evitar llegar a estos extremos, ellos sabían perfectamente de las irregularidades de estos tres Gober mas los que salgan, y no se hizo nada para impedir una llamada de atención una amenaza de denuncia y expulsión si continuaban el la corrupción, desvíos NADA SIMPLEMENTE NO SE HIZO NADA, ESTO ES COMO UNA PUÑALADA EN LA ESPALDA. Ahora es cuando exigen a las autoridades ejercer acción cuando ya quebraron al Estado, Exijo que el PRI obligue a estas personas a devolver a sus Estados toda la riqueza sustraída en perjuicio de los pobladores.de otra forma pensare en un CIRCO.