Pueblos de la Unión American que han prohíbido el fracking enfrentan ahora el embate de numerosas demandas judiciales de las corporaciones afectadas
Por Jack Healy/ The New York Times
Longmont, Colorado— Esta ciudad ubicada en el norte de Colorado hace dos años saltó al frente de la batalla por las perforaciones para extraer petróleo y gas, cuando sus habitantes votaron a favor de prohibir la fracturación hidráulica en sus espacios abiertos cubiertos de hierba y en una presa alimentada por la nieve donde se practica la pesca de robalo con caña.
Pero en la actualidad, Longmont se ha convertido en una historia de alerta en torno a lo que puede llegar a ocurrir cuando las ciudades deciden confrontar a la industria del petróleo y el gas. En enérgica respuesta a una ola de prohibiciones encabezadas por la ciudadanía, funcionarios estatales, compañías de energía y grupos de la industria están llevando a Longmont y a otros municipios ante los juzgados, obligando a los gobiernos locales a lo que los críticos consideran son esfuerzos caros y con pocas probabilidades de triunfo en defensa de las medidas.
Si bien los detalles varían —varios municipios han votado por prohibiciones rotundas mientras que otros han optado por suspender durante varios años el ‘fracking’— en ciudad tras ciudad las compañías energéticas argumentan tener derecho a extraer minerales subterráneos y que las prohibiciones de perforar ascienden a robo aprobado por los electores. Dicen asimismo que las dependencias estatales, no las comunidades individuales, son quienes poseen la autoridad para imponer las reglas sobre el petróleo y el gas.
Debido a que los casos están peleándose uno a uno a nivel estatal, no se espera que determinen ningún estándard inmediato nacional respecto a si los dueños de viviendas y líderes locales tienen autoridad para mantener las torres de perforación fuera de sus poblaciones. Pero son observados como histórica prueba legal ahora que más gobiernos están lanzándose a un amargo debate en torno a la fracturación hidráulica, el proceso en el cual se inyectan al subsuelo enormes cantidades de agua, arena y químicos a fin de liberar petróleo y gas enterrados en capas de esquisto.
La medida que el estado de Nueva York tomó el mes pasado para prohibir el “fracking”, por ejemplo, se vio venir tras el fallo que el tribunal superior estatal emitió determinando que las ciudades podían recurrir a sus leyes sobre zonificación con el propósito de volver ilegal la práctica. Poco después del anuncio de Nueva York, en California, Maryland y Pennsylvania, entre otras entidades, activistas contra la fracturación hidráulica renovaron sus llamados a las prohibiciones.
Grupos ciudadanos y organizaciones defensoras del medio ambiente sostienen que los habitantes locales tienen derecho a vivir en tranquilas calles suburbanas y llevar a sus hijos a pie a la escuela sin preocuparse por fugas de metano provenientes de los pozos, ni del tráfico y el ruido de los tractocamiones de las torres de perforación que remolcan maquinaria y agua hasta los centros de extracción. Desde luego, otros dueños y moradores de propiedades aceptan el “fracking” como gran fuerza económica que ha generado miles de empleos, enriquecido a los gobiernos locales y abierto nuevas oportunidades económicas en comunidades rurales.
En Colorado, la industria energética, la cual argumenta que las ciudades carecen de autoridad para prohibir la fracturación hidráulica, ha conseguido dos fallos que anulan prohibiciones a la técnica de extracción.
“En esto hay que asumir una línea dura”, dijo Tisha Schuller, presidenta de la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado, la cual dirige la campaña destinada a derrotar las regulaciones locales. “Una prohibición no aborda nuestras necesidades subyacentes de energía. Aclara la agenda de los activistas, la cual es, ‘no queremos ningún desarrollo con petróleo y gas, aunque como comunidad seguiremos consumiendo petróleo y gas”.
No obstante, Schuller añadió que “la prioridad dominante” de su grupo era colaborar con las comunidades, no demandarlas. Con dicho propósito, agregó, la organización ha ayudado a concretar más de 20 convenios entre compañías energéticas y comunidades situadas alrededor del estado a fin de buscar equilibrar las inquietudes sobre el ruido, el tráfico y otros efectos colaterales de las perforaciones con el derecho que los dueños de las propiedades tienen para aprovechar sus recursos minerales.
Hasta ahora Longmont, la cual se localiza cerca de donde se unen planicies ondulantes y cerros irregulares, ha gastado cerca de 136 mil dólares litigando infructuosamente —para defender una medida del 2012 que declaraba ilegal el “fracking”. En julio, un juez federal de distrito invalidó la prohibición, y ahora el gobierno de la ciudad está apelando.
El año pasado en Fort Collins también un juez anuló la prohibición de la fracturación hidráulica y rechazó las súplicas del gobierno municipal de mantener en vigor la prohibición mientras los funcionarios locales acudían a los tribunales para defender la moratoria de cinco años contra el “fracking”. En Broadview Heights, Ohio, compañías de energía están demandando al gobierno de la ciudad —y como respuesta los habitantes están demandando a las empresas— por las garantías individuales que consideran ilícita la fracturación hidráulica y la eliminación de sus derivados.
En Denton, Texas, al día siguiente de que los electores aprobaran en noviembre la primera prohibición del “fracking” en el estado, la medida se topó con demandas interpuestas por la Oficina General de Terrenos de Texas y la Asociación de Petróleo y Gas de Texas. Una funcionaria de la comisión reguladora del petróleo y el gas en el estado dijo a The Dallas Morning News que se seguirían emitiendo permisos a las compañías que tengan la esperanza de hacer perforaciones en Denton, aunque la prohibición sigue vigente.
En Longmont, entre empresas energéticas y opositores a la fracturación hidráulica ya se habían registrado roces en torno a los planes de realizar perforaciones cerca de subdivisiones nuevas y un campo de golf. Pero en el 2011, la oposición se generalizó a raíz de que los habitantes locales se enteraron de una propuesta para perforar cerca de la presa Unión, el cristalino lago que refleja las montañas. En noviembre del 2012, la campaña de los grupos ambientalistas condujo a que se prohibiera no sólo el “fracking” sino también el almacenamiento o la eliminación de cualquier desecho de dicha práctica.
“A la gente le pareció quijotesco”, opinó Kaye Fissinger, jubilado radicado en Longmont que dirigió la campaña. Ese año la industria invirtió aproximadamente 500 mil dólares en comerciales y volantes, más de 10 veces lo recabado por los activistas para que se aprobara la prohibición. Pero, señaló Fissinger, ‘“Sueño Imposible’ siempre ha sido una de mis canciones favoritas”.
Se hallaba en juego mucho más que 500 mil dólares. Funcionarios municipales y compañías de energía calcularon que Longmont estaba flotando sobre petróleo y gas —recursos que se bloquearon— con valor de hasta 500 millones. Si bien la prohibición no declaraba explícitamente ilegal las perforaciones, funcionarios de la industria señalaron que la prohibición del “fracking” impedía un paso crucial necesario a efecto de explotar el petróleo y el gas.
“Definitivamente no hay duda alguna de que es ilícito lo que hizo el gobierno de la ciudad”, dijo Dale Bruns, asesor de TOP Operating Co., el principal operador de petróleo y gas en Longmont, que está demandando al gobierno local. “Longmont está dañándose una y otra vez. Hay un grupo de personas simplemente tercas que piensan que el combustible fósil es malo, y para Longmont eso es terrible. Este grupo minoritario ha enardecido al público con aseveraciones falsas”.
Bryan Baum, exalcalde que se opuso a la prohibición, pronosticó que ésta sería derrotada en todos los niveles de las apelaciones, incluyendo ante la Suprema Corte de Colorado, debido a que sólo el estado puede regular las perforaciones. Ahora, con el caso dirigiéndose a tribunales de mayor instancia, Baum dijo creer que muchos habitantes de la ciudad sentían remordimientos por la prohibición.
“Si hiciéramos la misma votación, creo que los resultados serían distintos”, opinó. “Ha costado mucho a la ciudad. No sólo se trata del dinero que cuesta defender esto —son las oportunidades y las industrias que pudieron haberse traído a nuestra comunidad”. Si bien en agosto el cabildo del gobierno de la ciudad de Longmont votó por unanimidad a favor de defender la prohibición de la fracturación hidráulica, otras ciudades han decidido que la lucha resulta demasiado cara. Luego de que Lafayette perdiera un juicio legal inicial sobre las restricciones que sus electores aprobaron para el aprovechamiento de petróleo y el gas, el cabildo votó 4-3 a favor de desistir y retirar apelaciones posteriores.
En Lafayette sólo existen alrededor de 12 pozos activos, restos de los años 80, pero la comunidad yace a la orilla del auge petrolero de Colorado y quería asegurarse de que no la invadieran las perforaciones. Aunque la prohibición era básicamente simbólica, pronto fue impugnada por la Asociación de Petróleo y Gas de Colorado y se invalidó. Después de dicha batalla, la cual costó 62 mil dólares, los regidores tuvieron bastante.
“Es una táctica para asustar”, dijo la alcaldesa, Christine Berg, quien votó a favor de continuar el caso legal. “Somos una comunidad pequeña. Somos 25 mil personas, y estamos dando batalla. Estamos atrapados entre las amenazas legales y lo que quieren nuestros electores, lo cual es que se tome en cuenta su opinión acerca del futuro de sus comunidades”.
Fuente: The New York Times vía El Diario
