Apelan a la Constitución para frenar la 4ta transformación

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Por Francisco Javier Pizarro Chávez.

Los actores políticos derrotados electoralmente en las pasadas elecciones presidenciales son presas de la incertidumbre y el temor de lo que les depara el futuro.

La pérdida del poder presidencial de los partidos dominantes –PRI y el PAN—, del control hegemónico que mantenían en el poder legislativo, en la mayoría de los congresos locales, gubernaturas y presidencias municipales, es toda una pesadilla para ellos.

Lo es a tal grado que no pocos dirigentes y líderes, ex presidente y ex legisladores de los partidos fracasados, han optado por crear sus propios partidos –según el INE se han apuntado más de 100 organizaciones civiles y sociales que aspiran al registro.

Destacan entre ellos el de “México Libre”, impulsado por el Margarita Zavala y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, del “Ahora” del senador “independiente” Emilio Álvarez Icaza, el de las Redes Sociales Progresistas del magisterio creada por la ex dirigente del SNTE y el Partido Nueva Alianza, Elba Esther Gordillo: el de “Cambiemos por México”, que promueve Gabriel Quadri, ex candidato a la presidencia de la República en 2012 por nueva Alianza.

Obvio es que esa absurda oposición de la oposición (porque eso es), no tiene otra finalidad que la de sobrevivir del erario público.

Una situación similar se ha presentado también para las organizaciones sociales y organismos de la sociedad civil “autónomas”, la mayoría de las cuales fueron compradas por el Estado mexicano mediante el otorgamiento de “fondos públicos” que el nuevo gobierno ha dejado de subsidiar.

No se diga el enojo creciente de los gobernadores priistas y panistas redivivos y los que se salvaron por no tener elecciones paralelas a la presidencial, que están sumamente molestos e indignados el que se hayan cancelado en el presupuesto de egresos de 2018, partidas del ramo 23 como la del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura y Estatal y Municipal y la de Proyectos de Desarrollo Regionales.

Y no es para menos su irritación. Entre 2016 y 2017, recibieron en ambos rubros alrededor de 62 mil millones de pesos, los cuales, en la mayoría de las entidades federativas, los gobernadores usaron para gasto corriente, pago de deudas y desde luego desvíos de recursos.

Muy poco de esas partidas presupuestales se invirtieron en infraestructura estatal y proyectos regionales, como lo marca la ley.

Magistrados, gobernadores, legisladores y organismo autónomos, por su parte, se han opuesto –unos de manera abierta y otros soterrada–a acatar la Ley reglamentaria de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece el programa “Austeridad Republicana”, con fundamento en la carta magna (Artículos 75 y 127), la cual establece que ningún funcionario de los tres poderes y niveles de gobierno, puede percibir un sueldo mayor al del presidente de la República.

Como colofón –en su desesperación y conscientes de que no cuentan con el apoyo y solidaridad de la mayoría de los ciudadanos–, han apelado a la defensa de “los valores democráticos” establecidos en la Constitución Política de la República Mexicana, para blindarse de la 4ta Transformación.

A través de medios de comunicación y de foros nacionales y en el extranjero con el apoyo de analistas e intelectuales orgánicos defensores del régimen político anterior y del modelo neoliberal, pretenden vender la idea que el gobierno en turno, el que califican de “autoritario y regresivo” (dixit Javier Corral), está vulnerando el Estado de Derecho, la división de poderes, el federalismo, la autonomía de las entidades federativas y municipios.

Esa es una flagrante falacia tanto desde el punto de vista teórico como político. La Constitución no es sólo un ordenamiento jurídico de atribuciones y facultades de los tres poderes de la Unión e instancias de gobierno—como ellos la conciben–, sino ante todo un pacto social postrevolucionario para crear un sistema político que defiende la soberanía de la nación y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.

Desde la perspectiva del pragmatismo político al que son tan adictos, hay que preguntarles a estos defensores del Estado de Derecho si ya olvidaron que durante las más de tres décadas que estuvieron en el poder, lo que prevaleció fue el presidencialismo, no la división de poderes,  el centralismo autoritario, no el federalismo,  los fraudes electorales, no el respeto al sufragio; la corrupción y la impunidad, no el cumplimiento de las leyes y la justicia, que acotaron derechos sociales fundamentales de los mexicanos plasmados en los artículos 3º , 27º y 123º constitucionales, y privatizaron y enajenaron con sus mal llamadas “reformas estructurales” nuestras riquezas naturales como el petróleo, el gas, los metales preciosos y la energía eléctrica-

Vaya que son desmemoriados.

Para concluir esta reflexión en voz alta, les comparto una nota informativa que el periódico La Jornada, publicó el miércoles 6 de febrero, de lo que dijo en Querétaro  el presidente de la República en la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución de 1917.

Cito texto del rotativo: “el Presidente López Obrador no descartó que a futuro se pueda promover la elaboración de una nueva Constitución, porque la actual ya “está muy parchada, muy remendada”.

Agregó que si bien su gobierno ”busca una nueva transformación a la que correspondería  una nueva Constitución, como ha sucedido con las de 1824, 1857 y 1917, asociadas a la Independencia, Reforma y la Revolución, por ahora no hay condiciones y por el momento hay tareas más importantes”.

Espero que los falaces defensores de la Constitución tomen nota, para que después no digan que se les tomó por sorpresa. Entendemos, al igual que Julio Hernández López de la columna Astillero de ese rotativo nacional, que “ya bastantes pesadillas y sufrimientos tienen esos derrotados al ver el contundente relevo de la clase política dominada por el PRI y el PAN, la pérdida del control de la silla presidencial, las cámaras federales y varios congresos estatales, gubernaturas y presidencias municipal de ciudades importantes, el evidente avance obradorista en el control de las instituciones “autónomas” y el poder faltante, el judicial y ahora tendrán para fin de sexenio la probabilidad de que la nueva estructura morenista de poder (político, empresarial y militar) sea institucionalizada y elevada a categoría constitucional (con una promesa de asamblea constituyente que sería una bandera electoral del obradorismo para los comicios generales de 2024).

A ver qué pasa. Veremos y diremos. Por lo pronto les aconsejo a los falaces defensores del derecho constitucional que dejen de andar tirando anzuelos al Peje. No vaya a ser que los peces que muerdan el anzuelo sean ellos.

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