Por Ernesto Vilanueva
El problema para estos sectores es que no entienden que las cosas han cambiado de raíz. Lo irán viendo poco a poco cuando el agua llegue a su nivel y ponga a cada quién en el lugar que le corresponde.
Para saber si un conjunto de estrategias para llegar a un objetivo (en este caso eliminar o reducir a su mínima expresión el robo de combustible de Pemex o huachicol) tiene o no probabilidades de éxito, deben analizarse algunas variables básicas que ofrezcan elementos tangibles para hacer un pronóstico serio desde la perspectiva de la gobernabilidad del Estado.
Hay consenso en alcanzar el objetivo en cuestión. Nadie en su sano juicio podría reivindicar el delito recurrente del huachicol como una plausible política pública. Hay, por esa razón, consenso en alcanzar ese propósito como una de las primeras batallas que está librando el nuevo régimen. No se trata sólo de una cuestión de corrupción e impunidad, sino de atacar un instrumento financiero que hasta ahora había venido dando los recursos para que todo siga igual, para mantener el statu quo. Los puntos centrales que permiten hacer una radiografía del avance de esta batalla son los siguientes:
Primero. Buena parte de los medios ha utilizado esta decisión política para intentar fallidamente doblar al gobierno federal con contratos publicitarios y prebendas adicionales. La técnica ha sido identificar puntos específicos de hartazgo y molestia pública por el desabasto transitorio de gasolina para presentarlos como muestras de un estado de ánimo generalizado en los más distintos grupos de la sociedad mexicana. Y esto es una mentira, un acto de desinformación ajeno a los mínimos estándares de la ética periodística, que hasta ahora no ha podido impactar en las pautas de comportamiento de la ciudadanía. No es mi opinión, que, como todas, puede coincidir con otras y diferir de algunas más.
Una muestra de lo que afirmo se sustenta en la ausencia de marchas y protestas sociales no se diga de gran calado, sino incluso relativamente pequeñas. No se observan por ningún lado. Sobra decir que si las hubiera habría muchos intereses en mostrarlas como el preludio del caos social. No es el caso. El llamado del presidente López Obrador está permeando más en la formación de la opinión pública en esta lucha que las voces de sus detractores que vaticinan el diluvio.
Segundo. El gobierno federal mantiene el apoyo expreso y puntual de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas civiles del orden que, por el contrario, están dando vida y sentido a esa gran batalla a favor del patrimonio social. No hay, ni por asomo, señales de levantamientos armados, deserciones en masa de zonas o regiones militares que pudieran en ese inexistente pero hipotético caso poner en riesgo la seguridad nacional y, en el extremo, la viabilidad del Estado mexicano.
Es importante reiterarlo: las Fuerzas Armadas están siendo parte activa de esa difícil pero necesaria decisión que el gobierno federal ha tomado en un caso enorme de corrupción que había permanecido intacto al menos durante los tres últimos tres gobiernos que, por acción u omisión, incurrieron en un agravio de tracto sucesivo a la nación. También hay que decir que ha habido errores, y los seguirá habiendo, en la parte adjetiva. Jamás se llegará, por consecuencia, a la perfección, que es inhumana. Es deseable, empero, que los errores vayan siendo menos por aproximaciones sucesivas.
Tercero. El reto que representa el huachicol supone, de igual forma, una prueba palmaria de que la inmensa mayoría de la población entiende, lato sensu, el problema, confía y apoya la decisión del presidente de la República en esta cruzada de gran magnitud contra uno de los más grandes fenómenos de corrupción e impunidad de que se tenga memoria en el México contemporáneo.
Habría sido difícil que otro gobierno en este siglo hubiera hecho una proeza de esa naturaleza, por dos razones: a) Por la convicción de que ese caso de corrupción era imposible de resolver y, por ello, lo mejor era administrarlo y formar parte de la ecuación. En la política tradicional, el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. Y ninguno de los tres gobiernos anteriores quiso tener en sus filas a semejantes pecadores; y b) Porque esos tres gobiernos fueron ajenos al pueblo, a los de abajo, a quienes expoliaron para que muchos empresarios (no todos, por supuesto) fueran más ricos y los pobres más pobres. En ese contexto, toda acción gubernamental siempre se vio con suspicacia.
Cuarto. Los mensajes de organizaciones empresariales y de los grupos de interés autollamados “sociedad civil” (con las honrosas excepciones de siempre) que deploran la “estrategia” y el “desabasto” de combustible carecen de los elementos esenciales que les permita tener de rodillas al Estado mexicano como sí pudieron tener espacios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y compañía: a) Tanto esos grupos de empresarios como quienes se hacen llamar “sociedad civil” no ganarían, ni lo han intentado porque lo saben, una elección estatal. Ello pone de relieve su ausencia de representatividad social y sus acotadas habilidades de movilización popular; y b) Tampoco cuentan con elementos armados, de suerte tal que pudieran disputarle a la Marina, al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los poderes constituidos.
El problema para estos sectores es que no entienden que las cosas han cambiado de raíz. Lo irán viendo poco a poco cuando el agua llegue a su nivel y ponga a cada quién en el lugar que le corresponde.
ernestovillanueva@hushmail.com
Fuente: Proceso
