En el marco de la masacre de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, la diputada federal de Morena por Ciudad Juárez, Andrea Chávez Treviño, propone condenar con el tipo penal de “represión” el uso de la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas, tras las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en México por los gobernantes desde 1968 hasta Ayotzinapa.
Su propuesta, mediante una reforma al Código Penal Federal, busca castigar a cualquier elemento de las fuerzas armadas, seguridad pública o servidores públicos que ejerza sus actividades de forma negligente o arbitraria y con la intención de reprimir manifestaciones sociales de carácter pacífico, con un castigo que va desde la destitución o inhabilitación del cargo, multa económica, o hasta uno a cinco años de prisión.
.@AndreaChavezTre propone tipificar el delito de represión. "Para que hechos lamentables como el 2 de octubre del 68 no vuelvan a ocurrir. Por ello necesitamos un marco legal para que nunca más un espurio, pequeñito, autoritario y belicista, tenga herramientas para reprimir". pic.twitter.com/rjtEq5RYDv
— LA OCTAVA (@laoctavadigital) October 1, 2021
Durante su posicionamiento, la diputada chihuahuense recordó múltiples episodios de represión contra el derecho a la protesta, como la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, contra los profesores en Nochixtlán, contra los campesinos en Aguas Blancas, contra los vecinos en Atenco o contra los normalistas de Ayotzinapa.
Al argumentar sobre su iniciativa, sostuvo que la protesta social es una característica esencial de la democracia, permite constatar la heterogeneidad del pueblo de México y hace visibles a los sectores sociales acallados y discriminados.
Por ello, el ejercicio del derecho a la protesta o manifestación ha permitido, con el paso del tiempo, darle sentido y rumbo al desacuerdo, a la inconformidad y a los impulsos que hacen posible que la realidad sea transformada.
Propuso que se defina como delito de represión cualquier corporación policial o de las Fuerzas Armadas que haga uso de la fuerza pública y con ello ejerza algún tipo de violencia en contra de cualquier persona que se encuentre manifestándose en cualquiera de sus formas, libre y pacíficamente.
Del mismo modo, si algún servidor público a cargo de la procuración y administración de justicia, ejerza sus actividades de forma negligente o arbitraria con la intención de reprimir actuaciones sociales.
Para tales faltas, abundó, se impondría de uno a cinco años de prisión, y de cincuenta hasta ciento cincuenta el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa, así como la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a tres años para desempeñar cargo o comisión pública.
La diputada federal de Morena, vocera del grupo parlamentario, manifiestó que “en la 4T no hay espacio para estas viejas prácticas, pero que es necesario blindar las leyes por si en algún momento volvieran los malos gobiernos”.
La iniciativa de la diputada fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen.
(Con información de MugsNoticias y Cámara de Diputados)
