La estafa maestra y el caso Odebrecht palidecen, por mucho, frente a los 48 mil millones congelados en Andorra, producto del crimen organizado y la corrupción política que benefició a 23 personas cuyo vínculo principal es el abogado Juan Collado.
Andorra confiscó 48 mil millones de pesos a 23 inversionistas mexicanos —según ha consignado La Jornada— como parte de las diligencias de una investigación internacional por lavado de dinero. 48 mil millones es una fortuna difícilmente imaginable para casi todas las personas, algo que no tiene prácticamente nadie, incluyendo a los empresarios más prósperos, y exceptuando a la decena de rentistas a la que pertenecen Slim, Salinas Pliego, Larrea, y los demás oligarcas. Podría ser que esa dificultad para imaginar, esa lejanía absoluta con montos similares, haga que cuando hay escándalos que involucran esas cifras simplemente pasen desapercibidos o se equiparen a cualquier escándalo previo.
Andorra confisca $48 mil millones a 23 mexicanos
Igualmente responsables de la falta de matices alrededor de la percepción de la corrupción son los medios de comunicación y lo que sus directivos y trabajadores eligen comunicar. Hasta hoy, en la historia del imaginario de nuestra corrupción, suelen aparecer más bien políticos que han recibido dinero en efectivo, o incluso los malos ciudadanos que dan sobornos a policías para evitar multas de tránsito, pero brillan por su ausencia los grandes entramados, mucho más difíciles de explicar. Un portafolio lleno de billetes que se transmite miles de veces por televisión, sea producto o no de una práctica ilegal, tiene más impacto que cifras que no se alcanzan a dimensionar, de gente que, además, ya sabíamos que vivía en un planeta ajeno al nuestro. Esa lejanía, en consecuencia, despolitiza la corrupción: lo que parece fuera de nuestra cotidianidad, imposible, deja de agraviarnos. El único remedio es, quizá, una didáctica pública orientada a que nuestros medios y periodistas sepan, por lo menos, dónde poner los ojos: aduanas, puertos, aeropuertos, bancos, algunas instancias del Poder Judicial, que son, usualmente, sitios de intermediación donde el poder público permite, por acciones y omisiones, que se dote de valor a mercancías y servicios legales e ilegales, pero que suelen ser un foco menos atractivo para periodistas que el presupuesto federal.
Algo ha avanzado nuestra conversación con la explicación de los entramados de la llamada estafa maestra y el caso Odebrecht. Ambos palidecen, por mucho, frente a los 48 mil millones congelados en Andorra, producto del crimen organizado y la corrupción política que benefició a 23 personas cuyo vínculo principal es Juan Collado, abogado cercano a dos ex presidentes —Peña Nieto y Salinas de Gortari, autores de los dos momentos estelares del neoliberalismo mexicano—, otros políticos de altos vuelos, banqueros, dirigentes dizque sindicales y el Poder Judicial. No es, desde luego, una casualidad, sino el fundamento del viejo sistema, muy difícil de estudiar, de comunicar y de transformar, porque está además entreverado con la economía legal, con despachos de abogados prestigiados, con empresarios honorables. Quizá por eso, muchos medios de comunicación, políticos del gobierno y la oposición, incluso activistas anticorrupción, prefieren mirar hacia otro lado, contar nuestra historia en términos de desarrollo institucional, dolerse por la Cofece, el INAI, todos esos órganos autónomos, grandes avances de las últimas décadas que, por cierto, crecieron en mayor número durante los sexenios de Salinas y Peña Nieto.
@gibranrr
Fuente: Sur Acapulco
