Abogados migratorios han aconsejado tener calma a los “soñadores” (o dreamers) ante la promesa del presidente electo Donald Trump de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y sostienen que hay mecanismos para combatir el posible uso de la información personal que la población joven facilitó al aplicar a DACA para futuras deportaciones.
Con sus declaraciones, Trump mantienen en suspenso a más de 750 mil adolescentes que se beneficiaron con el estatus transitorio otorgado por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama en 2012, y en la comunidad reina “un miedo pulsante”, declaró el activista y “soñador” Juan Escalante.
En opinión del expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) Víctor Nieblas, el temor de la juventud es justificado, no solamente por lo expresado por Trump sino por la gente que lo asesora en los temas de inmigración.
“Son los peores que se pueda imaginar”, dijo Nieblas, quien señaló en particular al secretario de estado de Kansas, Kris Kobach, y al senador por Alabama, Jeff Sessions, que fue nominado por Trump como próximo fiscal general.
“Contra ellos hemos peleado durante años por sus propuestas migratorias estrictas y restrictivas”, dijo Nieblas, a quien le preocupa la autonomía que puedan tener estos asesores en la elaboración de las futuras políticas.
A su vez, Ignacia Rodríguez, del National Immigration Law Center, llamó a estar preparados para la eliminación de DACA, pero aseguró que los soñadores no están solos y pueden contar con la ayuda de una coalición de abogados, activistas y gente de la comunidad “dispuesta a luchar y defender los derechos de los inmigrantes”.
Rodríguez cree que Trump puede cumplir su promesa de abolir DACA y no compartir la información con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), puede permitir que el programa continúe hasta el vencimiento de los permisos o decidir que no se acepten más incorporaciones.
La abogada de inmigración de Chicago, Mony Ruiz Velazco, dijo que lo mejor es “estar preparados para las peores consecuencias”, porque es posible que el Gobierno use la información personal de los estudiantes indocumentados, desde las huellas digitales, a domicilios y antecedentes laborales.
“El miedo es legítimo, porque todavía hay muchas cosas que no sabemos”, expresó mientras aconsejaba a los jóvenes y a sus familias mantenerse conectados para recibir la información correcta y el apoyo necesario.
“Vamos a enfrentar a un gobierno radical, no sabemos cómo se van a manejar las cosas y tendremos que cambiar nuestra forma de análisis”, agregó.
Trump “es alguien que cambia de opinión en la misma oración”, opinó Nieblas, quien sugirió calma y paciencia, porque aún en el caso de llegarse al extremo de las deportaciones, el proceso sería largo y “no se hace de un día para otro”.
Se necesitarían audiencias en las cortes de inmigración, “que están completamente atoradas” por la cantidad de casos que manejan actualmente, nuevos espacios para alojar a las personas detenidas y más fondos, agregó.
La también abogada Lourdes Monteagudo manifestó que la actual “etapa de pánico” no permite ver las cosas “de una manera más objetiva”, y considerar que los jóvenes estarían amparados por las leyes de inmigración y las leyes generales del país.
“Son una categoría privilegiada y no los van a ir a buscar a sus casas para deportarlos”, afirmó Monteagudo, porque según su interpretación “la ley establece que los niños no pueden ser culpados por delitos cometidos por sus padres”, que son los responsables de su presencia indocumentada en el país.
Inclusive opinó que el nuevo Congreso, dominado por los republicanos, podría avanzar en un acuerdo bipartidista para aprobar la tan ansiada reforma migratoria, que le negaron a Obama.
No tan convencido se muestra el venezolano Escalante, traído por sus padres a Estados Unidos, pues, aunque tiene permiso de trabajo gracias a DACA, la llegada del nuevo Gobierno lo encuentra “transitando un territorio desconocido”, por el futuro del programa y la posibilidad de que su información personal y la de sus padres, pueda ser usada por Inmigración para una futura deportación.
Escalante declaró que todos los soñadores se presentaron de buena fe ante las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al inscribirse en el programa, “y le entregamos todos los detalles de nuestras vidas como indocumentados en el entendido de que recibiríamos un beneficio”.
Ese beneficio puede ser rescindido, como prometió Trump durante la campaña, “y en cualquier momento mi nombre puede aparecer en alguna lista”, de personas a ser deportadas, agregó.
Fuente: EFE
