Los afectados denuncian omisiones e intimidaciones de las autoridades. Incluso relatan cómo los errores de la PGR entorpecen el que se les reconozca como víctimas del atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008.
Por Arturo Angel/ Animal Político
Algunos de ellos se quedaron sin trabajo y otros padecen aún de estrés postraumático. Hombres, mujeres y niños que perdieron la movilidad de alguna parte de su cuerpo e incluso, sufrieron la amputación de una pierna o un brazo. Por si fuera poco, hay quienes también perdieron para siempre a un ser querido.
Son las víctimas de los atentados perpetrados con granadas de fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán. Aquel ataque con explosivos ocurrido en pleno festejo patrio –calificado como atentado terrorista por el gobierno– y del que hoy se cumplen 10 años.
Una década en la que no ha habido justicia ni reparación del daño para los afectados.
La investigación oficial de este caso, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), acumula años empantanada. Las personas a las que en su momento detuvo y acusó ante los medios de ser las responsables terminaron en libertad pues fueron torturadas para declararse supuestos autores del ataque.
Como no hay culpables sentenciados, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas el daño causado. Las pifias de PGR no solo tambalean el caso, sino con ello el reconocimiento legal de los afectados.
Las instancias que el Estado tiene para apoyar a las víctima: Comisiones de Atención Especializada, a nivel nacional y local, no se acercaron a los afectados para ofrecerles el beneficio de una indemnización integral o de reparación. En algunos casos, solo les han ayudado con alguna pensión, medicamento o beca. En otros, ni eso.
Cuando las víctimas se enteraron de la reparación a la que por ley tienen derecho y decidieron buscarla por su cuenta padecieron de todo, desde la supuesta pérdida de sus expedientes, hasta trabas e intimidaciones del propio personal que debería de apoyarlas, acusan.
El saldo oficial de la detonación de las granadas de fragmentación de Morelia durante la fiesta del grito del 15 de septiembre fue de ocho personas muertas y más de 130 lesionadas.
Ocho de esas víctimas se acercaron a Animal Político a través de sus representantes legales para recordar que este caso, casi olvidado en el discurso oficial, el cual no se encuentra resuelto; al contrario, mientras los verdaderos culpables están impunes, los sobrevivientes viven entre la zozobra, la crisis, el coraje y la impotencia.
Otra matanza, otro caso impune
Horas después del atentado, el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, atribuyó el ataque a la delincuencia organizada. La PGR, en ese entonces encabezada por Eduardo Medina Mora (hoy ministro de la Suprema Corte), estableció como principal línea de investigación que el cártel de Los Zetas era el responsable.
El 25 de septiembre de 2008 se anunció la detención de cuatro personas, supuestamente implicadas en los hechos, en Apatzingán, Michoacán. La entonces titular de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), Marisela Morales, dijo que los detenidos habían sido localizados gracias a una llamada anónima, y que habían confesado ser parte del mencionado grupo delictivo y responsables del ataque; una persona más sería detenida después.
Pero el proceso penal en contra de todos ellos se estancó casi desde el inicio. Pocos días después de la captura, los detenidos señalaron ante el juez que su “confesión” era falsa y que habían sido torturados para declararse culpables, una práctica que ya había empleado la PGR en otros casos. Por esa situación interpusieron demandas de amparo en contra del auto de formal prisión.
En mayo de 2015, un juez federal concedió finalmente el amparo a los detenidos, que para ese momento llevaban siete años encarcelados, y ordenó su libertad. Entre otras cosas, el juez destacó que diversos exámenes periciales confirmaban que los detenidos habían sido torturados, y que no se respetaron sus derechos, pues se les recabó la declaración en un video sin contar con un abogado. Declaración que además fue difundida en medios.
El juez también destacó que una de las firmas plasmadas en una declaración ministerial no correspondía al puño y letra del detenido, lo que evidenciaba que era un testimonio fabricado. Finalmente se demostró que tres de los detenidos estaban en el municipio de Lázaro Cárdenas el día que se les detuvo y no en Apatzingán como aseguraron las autoridades.
Un tribunal federal revisó el caso y determinó que el proceso debía reiniciarse por las fallas en las pruebas presentadas, sin embargo ordenó que los implicados fueran reaprehendidos. No obstante ellos interpusieron una nueva demanda de amparo, lo que ha impedido volver a capturarlos.
Se prevé que sea la próxima semana cuando el tribunal defina, en definitiva, si los señalados por la PGR desde hace casi una década deben ser procesados. Aunque ese fuera el caso, el juicio comenzará desde el inicio.
Víctimas a la deriva; comisiones que no ayudan
Años después del ataque, algunas víctimas recibieron apoyos del gobierno local, entre ellos pagos para ciertas medicinas; becas para un menor que hubiera perdido a un padre o dinero para traslados a la Ciudad de México para recibir tratamientos. También hubo víctimas directas o indirectas (no todas) que recibieron cuatro o seis mil pesos quincenales.
“Ha sido un apoyo asistencialista pero no es ni una reparación del daño ni una indemnización que es a lo que tienen derecho de acuerdo con la Ley de Víctimas”, dijo Reyna Velasco, abogada de las víctimas presentes en este reportaje.
En 2014 comenzó la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano encargado de asistir a las víctimas de casos federales. Pese a que los atentados en Morelia fueron un asunto federal indagado por PGR y a que hubo reuniones con las víctimas, la CEAV nunca atrajo formal e integralmente el caso.
Fue apenas en junio pasado cuando el delegado de dicha comisión en Michoacán, Ricardo Díaz, le planteó a los afectados la necesidad de inscribirlos al Registro Nacional de Víctimas, el primer paso para buscar una compensación.
Sin embargo, tres meses después, los expedientes de dicho trámite no tuvieron ningún seguimiento o se extraviaron, pues les pidieron a las familias llena otra vez los mismos formularios, de acuerdo con la defensora de los afectados.
Quien sí se hizo cargo de estos casos en 2015 fue la Comisión Estatal de Víctimas de Michoacán. Sin embargo, el apoyo solo consistió en ayudas para medicamentos o pensiones.
“Es hasta que se reúnen conmigo en julio 2018 cuando ellos se enteran que tienen derecho a una reparación del daño. Incluso les pregunto si ya tienen un asesor jurídico por parte de la comisión estatal porque a tres años deberían de tenerlo, como mínimo, y si tienen su expediente formado y del número de la averiguación previa de su caso o del proceso penal en Jalisco (donde estaban presos los detenidos). Y total no tenían nada, porque nunca se los ofrecieron ni se los dijeron”, expuso la abogada.
Después vinieron las intimidaciones. Las víctimas narraron a Velasco que la presidenta de la comisión estatal, Cristina Cortés Carrillo, se molestó cuando le informaron que ya habían contratado a una abogada particular. Les dijo que esto era un “retroceso” a lo que habían logrado y que ella no iba a facilitarle información a la defensora.
“Que ella haga su trabajo consiguiendo los papeles”, les dijo a las víctimas, según relata Reyna Velasco.
“En tres años nada más les estuvieron viendo la cara porque además los han tratado de amedrentar en las reuniones a las víctimas. Les hablan de un retroceso pero… ¿a qué se refieren si en tres años ni la comisión estatal ni la federal han hecho gran cosa? Aquí las omisiones son de ambas comisiones”, afirmó la abogada.
El calvario para reconocer a la víctimas
El proceso para que las víctimas reciban una reparación no solo se ha retrasado sino que además presenta dificultades legales, como el propio reconocimiento de víctimas del atentado, un requisito indispensable para solicitar una indemnización.
Su abogada cuenta que a través de una solicitud que interpuso ante PGR pudo conocer el número de averiguación previa y del proceso penal que se sigue por los atentados de 2008, datos que las comisiones de víctimas tampoco pudieron proporcionar. Sin embargo ni la PGR ni el juez federal quisieron confirmar el estatus de víctimas de las personas que está asesorando.
“La PGR nos dijo que como hace mucho mandaron el caso al juez ellos ya no lo tienen y no pueden certificar los nombres de las víctimas, cosa que es falsa porque ellos tienen un triplicado para supuestamente seguir con las investigaciones. Y el juez lo que nos responde es que no puede reconocer a las víctimas porque el proceso está impugnado vía amparo”, dijo Velasco, al explicar que los errores de la Procuraduría han entorpecido incluso el reconocimiento legal de las víctimas.
Hay casos como el de María de Jesús Vázquez Silva -quien perdió una pierna a causa de las lesiones sufridas- que se acaba de enterar a través de la CEAV, que su nombre no aparece en la averiguación que la PGR trabajó en su momento.
“Ahora yo tengo que buscar que le reconozcan la calidad de víctima pero 10 años después de ocurridos los hechos. ¿Cómo es esto posible cuando desde 2008 ella ha estado en todas las reuniones con las comisiones y que ahorita le digan que no, que resulta que no es víctima?… Es el colmo”, señaló su defensora.
Fuente: Animal Político
