La inacción de la policía estatal frente al ataque de agentes de Iguala contra normalistas o que la fiscalía de Guerrero no iniciara de inmediato una investigación por el presunto delito de desaparición forzada, pese a tener elementos para ello, son algunos errores que autoridades han cometido al atender la desaparición de 43 estudiantes ocurrida el pasado 26 de septiembre, según un informe preliminar de la Cámara de Diputados.
El documento fue elaborado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fue entregado al pleno de San Lázaro este martes.
En este informe se señala con qué autoridades se ha reunido desde su creación en los primeros días de octubre esta comisión especial, cuáles le han entregado información, cuáles todavía no lo hacen y cuáles son sus primeras conclusiones sobre este caso, que ha generado protestas en varias ciudades de México y que ha atraído la atención de la comunidad internacional.
A continuación te presentamos cuatro conjeturas de la comisión sobre las presuntas fallas cometidas por instituciones de distintos niveles, durante el día de los hechos y en los indagatorias posteriores.
1. Inacción policial
Tras analizar informes del gobierno de Guerrero y de otras instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los diputados de la comisión especial concluyen que la policía estatal fue omisa, pues no actuó frente a los hechos de violencia que ocurrieron la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, a pesar de que tuvo reportes de ellos.
A decir del informe legislativo, las propias autoridades guerrerenses reconocen que a las 21:40 horas (local) de ese día se reportó al Coordinador Operativo de la Región Norte, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que había disparos en la zona centro de Iguala. Sin embargo, éste decidió no acudir al lugar –donde agentes de Iguala disparaban contra los normalistas– “al no contar con elementos de la fuerza estatal y no tener condiciones para enfrentar esta situación”.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que los policías de Iguala agredían a los estudiantes por órdenes del exalcalde José Luis Abarca, detenido este martes y presunto operador del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Con relación a este punto, la comisión especial señala que la policía estatal de Guerrero incurrió en una “grave omisión” porque no sólo dejó de proteger a los normalistas que estaban siendo agredidos, sino a los habitantes de la zona.
“Se observa que las autoridades estatales sí tuvieron conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitorearon por horas su desplazamiento y la policía estatal no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal cometió (en) contra de los estudiantes. De ser así incurrieron en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques”, indica el informe.
2. Información imprecisa
La comisión especial también señala que hay información imprecisa e incluso contradictoria entre los reportes de las autoridades de Guerrero y las de otras instituciones.
Cita como ejemplo que en sus primeros informes el gobierno de Guerrero indicó que eran 80 los normalistas que habían salido de Ayotzinapa con rumbo a Iguala –con el fin de recaudar fondos para sus estudios y para viajar a la marcha del 2 de octubre en el Distrito Federal–, cuando la CNDH calculó que eran alrededor de 90.
Otra muestra es que en sus reportes iniciales las autoridades de Guerrero señalaron que los estudiantes estaban en Iguala desde las 18:00 horas, cuando la PGR y la CNDH documentaron que a esa hora salieron de Ayotzinapa y llegaron a Iguala alrededor de las 21:00 horas.
3. Desaparición forzada
Otro error detectado por la comisión especial consiste en que la Fiscalía General de Guerrero no abrió de inmediato una investigación por el presunto delito de desaparición forzada, pese a que tenía elementos para ello.
Una desaparición forzada es aquella en la que interviene un funcionario público de cualquier nivel y es un delito distinto al secuestro.
“No se desprende claramente que la autoridad ministerial local haya abierto y seguido desde un inicio una investigación por dicho delito, sino que consideró a los estudiantes como ‘personas no localizadas’, narrando una serie de diligencias que no son congruentes para la investigación de hechos como la desaparición forzada”,dice el informe.
En semanas recientes, organizaciones civiles también criticaron que las autoridades mexicanas no catalogaran desde un principio este caso como uno de desaparición forzada, a pesar de que ellas mismas referían la presunta participación de policías municipales de Iguala y de la localidad vecina de Cocula.
4. Deficiente atención a víctimas
En su informe, la comisión especial también señala fallas de autoridades federales, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Según los diputados, la CEAV reconoce haber participado en los primeros operativos de búsqueda de los normalistas –encabezados por policías, soldados y marinos– a pesar de que éstos no se apegaron a estándares internacionales.
Además, cuando se hallaron las primeras fosas clandestinas con restos que se creía eran de los estudiantes, aunque los peritajes de la PGR lo descartaron después, el primer funcionario de la CEAV que llegó al lugar fue un psicólogo, no un perito forense.
Por último, la comisión especial se declara “preocupada” porque en sus informes la CEAV no menciona si detectó o no presuntas violaciones a los derechos humanos de las víctimas, como las denunciadas por familiares de los jóvenes en el sentido de que autoridades impidieron que peritos independientes accedieran a las fosas y a los cuerpos hallados de manera inmediata.
“De existir algún tipo de omisión o deficiencia en la investigación, la CEAV no informa que las hubiere detectado o que se encuentre al tanto de las acciones tomadas por las autoridades competentes para resarcirlas”, indica el informe.
