Asciende a 16 mmdp saqueo de Javier Duarte en Veracruz

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El Gobierno encabezado por Javier Duarte en Veracruz dejó un daño patrimonial de por lo menos 16 mil millones de pesos sólo en el 2015, reporta Reforma.

Confirman desfalco de más de 14 mil mdp en el quinto año de gobierno de DuarteAsí lo revela el dictamen de la Cuenta Pública aprobado esta noche por el Congreso veracruzano, con 47 votos a favor, dos en contra y una abstención.

La revisión arrojó que el órgano fiscalizador detectó irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por más de 14 mil 220 millones de pesos, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

A ese monto se suman mil 994 millones de pesos, gastados a través de la Dirección General de Comunicación Social, que no pudieron ser comprobados, cita el cotidiano capitalino.

“La Comisión de Vigilancia previene que la falta de soporte documental de erogaciones conlleva a un gasto sin comprobar, por lo tanto es considerado daño patrimonial”, expone el documento consultado por Reforma.

“Máxime que del propio informe de Cuenta Pública 2015 se advierte que en la mayoría de las dependencias el órgano fiscalizador recomendó que las secretarías contaran con documentales que confirmen que la Coordinación General de Comunicación Social ya realizado las afectaciones presupuestales”, refiere.

Por otro lado, el Gobierno de Duarte tampoco pudo comprobar el ejercicio de 8 mil 146 millones de pesos supuestamente pagados a la nómina de la Secretaría de Educación Pública.

“La Secretaría no proporcionó documentos justificativos y comprobatorios que amparan el ejercicio del gasto”, señala.

Aunque en el dictamen se advierte que la información proporcionada fue insuficiente, se determinó que la Contraloría General del Gobierno estatal realice una compulsa para verificar la totalidad de la nómina educativa en el Estado.

Los legisladores dieron una segunda oportunidad a la Secretaría para que entregue la información en un plazo máximo de 30 días, con la advertencia de que el Congreso y el órgano fiscalizador darán vista a las autoridades en caso de advertirse la comisión de algún delito.

Fuente: Reforma

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