Gobierno de Trump demanda a California por boletas de 20 mil electores cuya ciudadanía cuestiona
Sacramento, Estados Unidos, 16 de octubre de 2026.— El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda contra autoridades electorales de California para impedir que se contabilicen determinadas boletas enviadas por correo en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, hasta que se esclarezca la ciudadanía de los votantes señalados por la administración federal.
La acción judicial, presentada el jueves 15 de octubre, se refiere a una lista de 20 mil personas que el Departamento de Justicia describió como posibles no ciudadanas. La dependencia sostiene que el estado no respondió dentro del plazo de 48 horas que había fijado para examinar la información.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, rechazó la acusación y afirmó que el Gobierno federal no ha presentado pruebas suficientes para concluir que los nombres incluidos en la lista corresponden a personas sin derecho a votar. California envía boletas por correo a sus electores registrados, un sistema que la administración estatal considera conforme a la legislación vigente.
El registrador electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, recibió la información en una memoria USB protegida con contraseña. Según explicó, la lista incluía personas de distintas partes del estado, aunque su oficina no tiene autoridad para decidir sobre las boletas emitidas en otros condados. Logan señaló que no puede dejar de contar votos únicamente por señalamientos que no han sido demostrados.
El fiscal general de California, Rob Bonta, también cuestionó la medida y consideró que la solicitud federal podría afectar derechos electorales. El Departamento de Justicia, por su parte, argumenta que su intervención busca impedir la participación de personas que no cumplen los requisitos legales.
La controversia ocurre a menos de tres semanas de los comicios legislativos, cuando varias contiendas competitivas podrían influir en el control de la Cámara de Representantes. El litigio enfrenta dos obligaciones del sistema electoral: preservar la integridad del padrón y evitar que una sospecha no corroborada prive del voto a ciudadanos habilitados.
Será un tribunal el que determine si existe fundamento para ordenar la suspensión del conteo de las boletas cuestionadas. La presentación de la demanda no significa que se haya demostrado que las 20 mil personas señaladas carezcan de ciudadanía estadounidense.
