Por Jorge Carrasco Araizaga
Para quienes ahora vinieron a descubrir la “pax narca” en Nayarit con la detención del exfiscal Edgar Veytia, la captura del exgobernador Tomás Yarrington en Italia viene a demostrar que esa es una realidad desde hace muchos años en varias partes del país.
Para cuando Yarrington dejó el poder formal, en 2005, Tamaulipas era ya una zona de claudicación institucional ante la delincuencia organizada.
Habían pasado ya más de dos décadas desde la consolidación del Cártel del Golfo en ese estado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y la entidad estaba ya en el centro de la descomposición del país.
De Tamaulipas eran el diputado del PRI Manuel Muñoz Rocha, así como Daniel Aguilar Treviño, acusados como autores intelectuales y materiales del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994, excuñado de los Salinas y padre de la actual secretaria de Organización de ese partido y exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto.
Heredero del poder de Juan N. Guerra, pasando por el liderazgo de Juan García Ábrego, extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, el Cártel del Golfo hizo en Tamaulipas la mayor penetración institucional que hasta entonces no había ocurrido en otra parte del país.
Bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, también extraditado a Estados Unidos, el Cártel del Golfo se hizo de una fuerza especial del Ejército mexicano: Los Zetas, que con los años evolucionaron de brazo armado a una organización con vida propia y con alcance transnacional.
Ya a mediados de la década pasada, aceptar la imposición y saberse callar significa desde entonces conservar la vida en la entidad. El silencio de la sociedad fue la mejor defensa ante el secuestro, la extorsión, el pago de renta o de protección, según documentó entonces la revista Proceso.
El Cártel del Golfo rebasó al poder político. Primero se enquistó en las policías, luego silenció a los medios de comunicación hasta imponer un control social.
En ese contexto gobernó Yarrington. Testigos protegidos declararon desde hace años a la Procuraduría General de la República (PGR) que ganó con el apoyo del narcotráfico.
Después de Yarrington siguió la descomposición, como el asesinato del candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú, y de plano el estado quedó a voluntad de la delincuencia, ocupando territorios y controlando instituciones.
La PGR de Vicente Fox y la del “combatiente antinarco” Felipe Calderón nada hicieron de fondo para revertir esa situación. No molestaron Yarrington.
Muchos menos lo hizo el gobierno de Peña Nieto. Pero ante la vergüenza internacional ahora sí lo reclama para procesarlo en México, aunque Estados Unidos parece tener prioridad por el intercambio que tuvo con la policía italiana para su detención.
De nueva cuenta, más información sobre la connivencia política delictiva en México para los archivos judiciales de Estados Unidos.
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Fuente: Proceso
