Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Juro y perjuro que estoy pasmado y anonadado por el desorden y confusión (galimatías) que estamos viviendo los seres humanos en todos los ámbitos del andamiaje de nuestra existencia, vida social y política.
La pandemia del coronavirus, ha dejado –a nivel mundial–una estela de millones de personas contagiadas y cientos de miles fallecidas y socavado a los que aún vivimos, nuestra condición humana en salud física y psíquica, lo laboral, la educación y la cultura y, sobre todo, la convivencia social, eje fundamental de la humanidad.
Pese a ello, la mayoría de los gobernadores en México se han amparado en la pandemia que en vez de encararla como es su obligación, la usan de escudo para justificar su ineficiencia e incapacidad y también para asilar y aterrorizar a los ciudadanos e incluso, amenazarlos, acusándonos de ser los responsables de la expansión de los contagios y fallecimientos, por no acatar las “normas preventivas”, las que, lejos de mitigar la pandemia, han exacerbado el desempleo con el cierre de empresas y negocios y la violencia familiar y social.
Un ejemplo de ello es nuestro querido Estado de Chihuahua, que forma parte de las entidades con tasas cada vez más altas de contagio (39 mil 446) y fallecimientos (3,654) y de personas internadas (559) en 28 hospitales, 105 de las cuales se encuentran en estado grave por lo que deben ser asistidas con un ventilador, que son sumamente escasos, según dio a conocer ayer viernes, el Dr. Arturo Valenzuela, vocero oficial del sector salud en lo que se refiere a la pandemia.
Pese a ello, el gobernador Javier Corral ha hecho caso omiso de esta crisis sanitaria. Para taparle el “ojo al macho” y “por sus pistolas” puso en marcha el semáforo en rojo y un “toque de queda” a ciudadanos a los que literalmente confinó y restringió sus actividades familiares y laborales y por si fuera poco, los amenazó con multas y castigos penales, por no usar el “cubrebocas” en espacios públicos; trasladar a más de dos familiares o amigos en sus vehículos y, comprar bebidas embriagantes, realizar festejos y “pachangas” en salones o granjas.
Culpó también a restaurantes, fondas y establecimientos comerciales establecidos y callejeros –en proceso de reactivación— a los les imputó no cumplir las normas del aforo y sanidad de sus clientes, y obligó a la mayoría a cerrar sus negocios jueves, viernes, sábado y domingo, lo que afectó severamente a la iniciativa privada y sus empleados, los cuales lograron que el gobernador cediera y les permitiera abrir sus negocios con aforos y horarios menos arbitrarios.
A los que no les hizo caso alguno fue a los auténticos héroes del sector salud — muchos de los cuales perdieron su vida–, a los que cerró la puerta del Palacio de Gobierno frente al cual se manifestaron, para exigirle se contrate más personal, se les proporcione más equipo médico, camas e infraestructura, les mejoraran sus salarios y les paguen sus bonos y aguinaldos.
Y eso es injustificable, da rabia y ganas de llorar. Todos sabemos que la pandemia se ha exacerbado en Chihuahua a consecuencia del abandono del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) que está en manos, no de un médico sino de un administrador, y cuenta con hospitales carentes de medicamentos, camas, equipos médicos, personal suficiente y sueldos dignos.
Tan es así, que el gobierno federal en meses anteriores, tuvo que enviar tres hospitales portátiles con camas y tanques de oxígeno a Chihuahua, Cd. Juárez y Nuevo Casas Grandes para solventar la atención médica a las personas afectadas por la pandemia del Covid 19.
El gobernador no tuvo la gentileza de darle las gracias al presidente de la República. A él y a la Alianza Federalista de las que forma parte, lo que les ocupa y preocupa son otras crisis: la financiera y la política, que el mandatario del estado y cómplices, proclaman a diestra y siniestra que son consecuencia de la cancelación de los fideicomisos federales a sus estados y la restricción del presupuesto federal que se les otorgará en el próximo año.
Pero lo que realmente es fundamental para la Alianza Federalista es ganar a toda costa las elecciones intermedias de 2021 que para que Morena pierda la mayoría de la Cámara de Diputados y gubernaturas y con ello bloquear las políticas y programas de gobierno del presidente de la República e incluso para revocar su mandato en 2020.
Tan es así que el gobernador de Chihuahua se ha abocado a diestra y siniestra a que su sucesor sea el inefable senador panista Gustavo Madero, quien se desempeñó como coordinador de su Gabinete de 2016 al 2018, al cual le quiere abrir camino procesando judicialmente a dos aspirantes de la gubernatura; la alcaldesa panista María Eugenia Campos Galván y el senador morenista Cruz Pérez Cuellar, a los que acusa de recibir dinero de la “Nomina Secreta” del ex gobernador César Duarte.
Veremos y diremos en que termina esta tragicomedia.
