Por Luis Javier Valero Flores
¿Con la presentación del gobernador Javier Corral, de la solicitud de la detención, con fines de extradición, del ex gobernador César Duarte Jáquez, ha cumplido con su principal promesa de campaña?
¿O es todo lo contrario, hacer como que armaba una denuncia, soltarla a la PGR y dejar en manos del presidente Peña Nieto la principal de sus responsabilidades electorales?
Corral no ha cumplido con los chihuahuenses.
Ha hecho la mitad de la tarea –que no puede equipararse a la calificación de 5, en una escala del 1 al 10– pero, paradójicamente, la calificación la ha dejado en manos de (porque no tenía de otra) los tribunales norteamericanos.
La acusación es por delitos que “directamente lo responsabilizan en la planeación, organización, e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos, que alcanzarían una penalidad de 4 a 12 años de prisión cada uno, las cuales son acumulables”. Las acusaciones abarcan a funcionarios federales.
Lo ocurrido en los últimos días es la viva imagen del enorme descontrol y falta de estrategia jurídica del grupo gobernante. Tan errónea, que, por momentos, así, por momentos, estuvieron a punto del abismo.
Casi dejan en manos del equipo peñanietista todo el control del proceso en contra de César Duarte, hasta el grado de que éste pudiera aceptar la extradición, enfrentar el juicio y que incluso, perdiéndolo, lo hiciera en libertad.
Con el tiempo encima, y ante el anuncio de que la PGR-Fepade presentaría la solicitud de detención, con fines de extradición, por el delito de peculado electoral (un delito sancionado con penas menores), lo que llevaría a que Duarte enfrentara el juicio en libertad, el gobierno de Corral presentó al 15 para las 12 su propia solicitud de extradición ante la PGR, para que ésta la turnara a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego ésta lo hiciera ante el Departamento de Estado de los EU y que éste la derivara a los tribunales norteamericanos.
¿Cuál es el problema?
Uno muy simple. Si Corral no hubiese presentado la solicitud, o lo hubiese hecho tardíamente, una vez presentada la de la PGR por peculado electoral ante el Departamento de Estado, ya no se podrían presentar nuevas solicitudes de extradición, ni al imputado se le podrían fincar más cargos que los presentados en la solicitud de extradición inicial.
De ahí la premura en presentar la solicitud de extradición, “basada en 10 órdenes de aprehensión”.
El problema está en que el denunciante de la primera petición de extradición ¡es el gobierno de Javier Corral, a través de la secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos!
Ella fue quien la presentó ante la Fepade y ha sido la que más insistentemente ha informado que la solicitud de desafuero en contra de la Dip. Karina Velázquez (PRI) ya se encuentra en la Cámara de Diputados.
Bueno, pues apresuraron tanto a la PGR que ésta estuvo a punto de exigirle jurídicamente al gobierno de EU la entrega de César Duarte, acusado de solamente un delito, peculado electoral, y a que éste no fuera enjuiciado por ningún otro delito en territorio mexicano.
¿No hubo alguien, entre tanto conocedor del Derecho del gabinete, que atisbara la posibilidad de que, al presentar la denuncia por peculado electoral, se pondrían, por entero, en manos del Gobierno federal ya que éste podría acelerar el trámite e impedirles que pudieran presentar la petición de extradición?
No es la única razón que motiva la crítica al caso Duarte.
¿Por qué motivos le apostó el gobierno de Corral a la deportación?
Por supuesto descartamos los motivos públicos expuestos por el gobernador chihuahuense, eso de exhortar al presidente Trump a que lo expulsara, “debido a que está en contra de los mexicanos malos ¿Y a éste, que nosotros le decimos que es uno de ellos, porqué no lo deporta?”.
Claro que nadie cree un argumento así. Ya nos imaginamos al presidente Trump preocupado por los dichos del gobernador del estado por el que más droga transita a EU.
Fueron largos meses apostándole a que Trump deportaría a Duarte, sólo porque a éste se le extendió una “alerta roja”, que no implicaba ser detenido por las agrupaciones policiacas norteamericanas y escondiendo el hecho de que no se había solicitado la extradición.
Alguien debería informarle de la realidad presente afuera de Palacio de Gobierno; nadie creyó que por la vía de la deportación regresaría Duarte a responder a las acusaciones en su contra, por ello Corral pensó que sería de un gran impacto anunciar que ¡Por fin, presentó la solicitud de extradición! y que el anuncio sería recibida con grandes muestras de júbilo popular.
El escepticismo es moneda corriente en Chihuahua, especialmente en materia de gobernantes.
Ahora bien ¿Corral ya cumplió?
Evidentemente, no.
No basta con presentar la denuncia y los trámites de la extradición, ahora deberá enfrentar con éxito la determinación de los tribunales, no sólo mexicanos, sino los norteamericanos, pues serán éstos los que valoren la calidad de las acusaciones del gobierno de Chihuahua. Si éstas tienen sustento, los jueces estadounidenses aprobarán la extradición del ex gobernante chihuahuense, luego de un prolongado juicio, en los que opondrán mil y un obstáculos los defensores del ballezano César Duarte.
Lo anterior, si el gobierno de Peña Nieto consiente en presentar la petición ante el gobierno de Donald Trump, de ahí la muletilla usada (“Hemos puesto la confianza en el presidente de la república en que pondrán todo para colaborar para la detención de Duarte”) por Corral, en la presentación de la petición al presidente Peña, de que esperaba cumpliera con su promesa de coadyuvar en el proceso en contra de Duarte.
Pasarán años, de seguir este proceso, antes de que el ex mandatario enfrente a los tribunales chihuahuenses. Nada de esto se pensaba en los álgidos meses de la campaña electoral; el ánimo social en la entidad era de revancha plena ¡Cárcel a Duarte! era el clamor popular mayoritario.
El “vulgar ladrón”, casi gritaba en plazas, calles y estadios el candidato panista. Era tan fuerte el clamor popular, que obligó al candidato independiente, Chacho Barraza, a sumarse tardíamente a esa pretensión. La mayoría del electorado expresó con su voto el respaldo a quien se comprometiera a hacerlo.
Aparentemente, hasta ahora, Corral ha realizado las cosas que debería hacer para cumplir tal promesa. Nadie, seriamente, pensaba que una vez en el cargo lanzaría a los policías en busca de Duarte, casi todos sabíamos que debería iniciar un proceso judicial y, mediante acusaciones sustentadas, lograría una sentencia culpatoria.
¿Le quedaba otra opción en el momento actual?
Evidentemente, no. Todos sabíamos que los ex gobernantes que sospecharan la posibilidad de ser enjuiciados por actos realizados en sus gobiernos, casi de inmediato saldrían del país y se esconderían. Nadie podía pensar, razonablemente
–o a menos que se trate de un recurso retórico– que el ex gobernador Duarte esperaría tranquilamente en su rancho a que le llegara la notificación de las denuncias en su contra.
La interrogante estribaba en saber a qué país se iba y cuáles serían las armas jurídicas que interpondría para ser extraditado, si se hubiese ido a un país con el cual México tuviese firmado un tratado de extradición.
Ahora bien, como lo sostuvieron recientemente los abogados Jaime García Chávez y Óscar Castrejón (Aserto Radio, 13/IX/17. También en la página de Facebook de Aserto) el gobernador Corral ha cometido algunos errores, que le permitirían a Duarte esgrimir que está sometido a proceso, debido a la existencia de “situaciones de carácter político”, como lo establece el Tratado de Extradición México-EU, y lograr que no le fuera aceptada la solicitud al gobierno de Chihuahua.
Más aún, el desmedido protagonismo del gobernante chihuahuense en la definición electoral de su partido, en su decidida apuesta a la creación del Frente PRD-PAN-MC (al grado que aparece, para Los Chuchos del PRD, como un posible emergente en la candidatura presidencial), a sus críticas a AMLO, pero, sobre todo, a su quehacer gubernamental, no le crearon al marco más propicio para que el anuncio de la petición de la extradición tuviese el impacto deseado por el grupo gobernante en Chihuahua.
Difícilmente lo tendría, los rescoldos del PRI –insertos en prácticamente todo el entramado social de la entidad, así como en la mayoría de los medios de comunicación–; la creciente insatisfacción de cada vez más chihuahuenses, la deficiente comunicación social, la carencia de una estrategia jurídico-político-social y, sobre todo, la falta de resultados tangibles de su quehacer gubernamental, lo llevaron a que la desilusión fuera la calificación mayoritaria en la recepción de su principal apuesta político-electoral.
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