Por Iván Restrepo
Los datos ofrecidos recientemente por Gabriela Martínez y Antonio Heras, reporteros de La Jornada Baja California, muestran de nuevo a la opinión pública y las instancias oficiales que los jornaleros que trabajan en los principales emporios agrícolas del país siguen expuestos a los daños que ocasionan las fórmulas químicas aplicadas en diversos cultivos. También resultan afectadas sus familias y quienes viven en las cercanía de esos lugares. A lo que se suman los severos daños que causan a la flora y la fauna, aun la ubicada a kilómetros de distancia de donde se utilizaron dichos compuestos.
Debo reconocer que cuando hace 25 años elaboramos junto con Susana Flores el primer estudio sobre los efectos de los agroquímicos en la salud y el medio ambiente de México, no visitamos el Valle de San Quintín por falta de recursos. Pero además, porque la intoxicación por plaguicidas y herbicidas no figuraban en las estadísticas epidemiológicas del sector salud local ni había referencia del problema en los reportes de los centros de investigación estatales. La región parecía una excepción a la regla.
No lo eran, en cambio, Sonora y Sinaloa, Apatzingán y La Laguna, los distritos de riego de Tamaulipas y ciertas áreas de Chiapas y Guanajuato. En muchos casos, los golpes de calor que afectaban a los jornaleros agrícolas de Sinaloa, por ejemplo, en realidad eran el resultado de la intoxicación por las sustancias que aplicaban en los campos de cultivo o efecto de las fumigaciones desde avionetas. Marginados en extremo, los jornaleros y sus familias utilizaban las aguas de los canales de riego para bañarse y lavar su ropa. Y los contenedores donde venían los tóxicos, para acopio de agua.
Un estudio puntual elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora, Itson, con sede en Ciudad Obregón (en tiempos del rectorado del doctor Óscar Russo), conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, mostró la cruel realidad de los plaguicidas en el caso de las familias yaquis.
Los recién nacidos traían en su organismo residuos de plaguicidas. Y algo peor: al amamantarlos, las madres les transmitían otros más. Las autoridades de salud, trabajo, agricultura y medio ambiente prometieron acabar con el estado de cosas imperante. ¿Tendrá el gobierno alguna evaluación que demuestre que los problemas desaparecieron en Sonora y otras entidades federales? Lo que denuncian los reporteros de La Jornada Baja California es de nuevo un severo cuestionamiento a la promesa oficial de garantizar la salud de los jornaleros agrícolas y sus familias que migran de los estados más pobres del país.
Más grave si la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) califica los compuestos químicos bromuro de metilo y cloropicrina de tóxicos y dañinos a la salud humana. Igualmente si se presume la estrecha colaboración que existe en el campo del medio ambiente y la salud entre los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
No obstante, las autoridades mexicanas permiten su aplicación en los campos agrícolas a pocos kilómetros de la frontera común, en un predio de un destacado integrante del partido de la moral y las buenas costumbres, el PAN.
Además, las autoridades mexicanas confiesan que no realizan el seguimiento de sus posibles efectos en las personas expuestas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y ya en el colmo: la instancia federal responsable del medio ambiente y los recursos naturales advierte que los dos compuestos referidos pueden ocasionar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas diversas. Mas no procede, junto con otras dependencias oficiales, a evitar que los jornaleros y sus familias, especialmente los niños, padezcan estos y otros males no menos graves al aplicar o trabajar en las áreas agrícolas de mayor valor económico.
Especialmente en los últimos cinco sexenios han sido pródigos en promesas gubernamentales para proteger a los jornaleros agrícolas. San Quintín prueba que ninguna de ellas hace realidad el derecho constitucional a la salud y a un ambiente sano.
Fuente: La Jornada
