Acorralado por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cancelada la vía de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara sobre la situación interna en ese órgano, en una reunión con sus partes, José Luis Vargas finalmente dio un paso al costado para allanar la salida política y jurídica a la crisis interna que enfrenta la institución.
“Reconozco que mi Presidencia no ha logrado generar los consensos necesarios al interior de este Pleno. Por lo tanto, en concordancia con mis principios y convicciones he decidido ceder el paso para que asuma la Presidencia quien -entre mis pares – cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que actualmente requiere esta institución. A quien resulte designado o designada con esta trascendental responsabilidad, le expreso mi respaldo y disposición para construir en favor de la institución”
Sin embargo, Vargas explica que asumió la presidencia en un entorno complejo por el proceso electoral y por la pandemia del Covid 19. Además de ello se suma que actores del entorno político han buscado intervenir indebidamente en la vida interna del Tribunal y deslegitimar la importante labor que realiza. Lamento que estas intromisiones hayan obstaculizado la adecuada gestión de la Presidencia a mi cargo. Repruebo además, cualquier ataque a la autonomía e independencia del Tribunal y de cualquiera de sus miembros”.
Mencionó que para que haya una renovación legal de la presidencia “debe hacerse a través del procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia, al no haber una ausencia definitiva de la Presidencia, en funciones, ésta se mantiene. Así que la única vía posible es presentar mi renuncia al cargo de Presidente del TEPJF y dejar al pleno de este órgano la decisión de quien debe sustituirme en dicho cargo. De esta manera la designación de la nueva presidencia será apegada a derecho, contará con la participación de todos los integrantes y nos permitirá transitar en una nueva etapa de reconciliación”.
Por ello, apeló a los magistrados para mantenerse dentro de los cauces de actuación jurisdiccional objetiva apegada a derecho, para que el Tribunal continúe como un órgano con “absoluta independencia, responsabilidad e imparcialidad.”
Fuente: La Jornada
