Entiendo y respeto, aunque no la comparto, la posición de Andrés Manuel López Obrador respecto al ejercicio de la acción penal contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ajeno al espectáculo propagandístico, comprometido, como está, con el proceso de construcción de paz, el Presidente ha insistido reiteradamente en que “no es su fuerte la venganza” y en que, antes que perseguir a los ex presidentes, prefiere mirar hacia adelante e impulsar la transformación del país.
Es el suyo el comportamiento del jefe de Estado responsable y consciente de que se hace cargo de un país convulso, violento y desigual.
De un jefe de Estado qué, además y por mandato de una aplastante mayoría ciudadana, debe emprender —sin vulnerar de ninguna manera las libertades públicas y respetando la división de poderes— la demolición de uno de los regímenes más perversos, represivos, corruptos, sofisticados y longevos de la historia moderna.
De igual manera actuó Nelson Mandela; razones le sobraban para cortar cabezas, para encarcelar a quienes impusieron el apartheid y perpetraron tantos y tan atroces crímenes de lesa humanidad.
Optó Mandela, en cambio, por mirar hacia adelante justo como hace hoy López Obrador. Perdieron —es cierto— su sueño de “justicia implacable” muchos militantes que junto a él lucharon. Perdió, por otra parte, su realidad de control absoluto del país, la minoría afrikáner. Ganaron las mayorías hasta entonces humilladas y sometidas y ganaron también las nuevas generaciones qué, ajenas al conflicto, viven hoy en un país en paz.
He impulsado y lo seguiré haciendo, el juicio a ex presidentes. He repetido que a Calderón no he de soltarlo hasta que lo agarren y pague con cárcel sus muchos crímenes. Peña Nieto, en tanto que, es corresponsable de la suerte sufrida por los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene también una deuda pendiente con la Nación.
No exijo a López Obrador que haga justicia; no le corresponde. Hay en este país —y por primera vez en su historia— una división real de poderes.
Le exijo al fiscal general de la República —que es autónomo— judicializar, apropiada y eficientemente, las averiguaciones realizadas por la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa y actuar de manera inmediata contra todos los responsables de este crimen de Estado.
Le exijo a jueces y magistrados que obsequien las órdenes de aprehensión correspondientes y, sin dilación ni pretexto, actúen con integridad y de acuerdo a derecho, para que no haya impunidad y se haga justicia plena.
¿Y Peña Nieto?
Él era el comandante supremo de las fuerzas armadas, el jefe directo del procurador general de la República, de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública y del director del Centro Nacional de Inteligencia.
Hombres e instituciones, bajo sus órdenes, encubrieron a los criminales, se cruzaron de brazos en lugar de buscar y rescatar a los muchachos con vida, ocultaron y manipularon evidencias, orquestaron con torturas y mentiras la “verdad histórica”.
¿Y Peña Nieto? ¡insisto!
¿Por qué procesar solo a sus subalternos? ¿Por qué no meterlo a la cárcel junto a Jesús Murillo Karam? ¿Por qué va a quedar impune si era el jefe de un Estado criminal en el que capos, sicarios y funcionarios militares y civiles eran una y la misma cosa? Si, como Felipe Calderón, ¿tiene las manos manchadas de sangre inocente?
Miremos, como López Obrador, hacia adelante, pero, como ciudadanas y ciudadanos, no olvidemos. Si hay justicia para Ayotzinapa la habrá para México.
@epigmenioibarra
