Por Sanjuana Martínez
“Yo vi un horno crematorio a espaldas de la cocina de la prisión del Campo Militar Número Uno. La chimenea de ese horno está simulada con otra de la cocina”.
Las palabras del General José Francisco Gallardo Rodríguez, que me dijo durante una entrevista luego de la desaparición de los 43 normalistas, cobran hoy más relevancia que nunca.
Y es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha solicitado al gobierno mexicano hacer cateos en los hornos crematorios y en los trayectos y lugares a los que pudieron haber sido llevados los normalistas aquella noche del 26 de septiembre del año pasado.
Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue protegiendo al Ejército. Hacer cateos en los hornos crematorios, sería descubrir la clandestinidad de esos lugares que siempre han existido en los campos militares.
Es el mismo General Gallardo quien lo dice. El militar fue preso político durante nueve años, de 1993 al 7 de febrero de 2002, por exigir la creación de un ombudsman militar y su testimonio es fundamental porque conoce a la perfección a la institución:
“En una ocasión me recargué en la pared y se sumió, le quité el tapiz y allí estaban los hornos crematorios, como los que se ven en Auschwitz. Yo lo vi, lo toqué, metí la mano en el horno, de hecho eran dos. El Ejército no puede decir que no tiene hornos crematorios, claro que los tiene. Varios. Yo voy y les digo donde. Como de que no. Dudo que lo hayan quitado. De hecho, hice un informe dirigido al director pidiendo que se destruyeran los crematorios, porque a mí a cada rato me amenazaban con eso. El director me confesó que desconocía que existieran. A veces ni el alto mando sabe, pero allí están”.
El General Gallardo es un testigo de las mazmorras que existen en los campos militares, en especial el Campo Militar Número Uno, creado, según un documento en su poder, para “encarcelar a la disidencia” en la década de los 60’s: “Ese documento me lo encontré en la biblioteca de la prisión, donde me mandaban castigado. ¡Hágame el favor! De hecho se sabía que en ese crematorio incineraron a personas de la matanza estudiantil del 68”, me dijo en la entrevista.
Los testimonios sobre las prisiones y hornos crematorios clandestinos en campos militares son abundantes. Aunque fueron abiertos durante la llamada guerra sucia que provocó alrededor de 600 desaparecidos por el Estado mexicano, nunca se clausuraron, es decir, nunca han dejado de utilizarse para acciones represivas del gobierno.
El GIEI ya ha señalado la urgente necesidad de entrevistar a los militares del 27 batallón, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue escamoteando esa posibilidad, simulando y entorpeciendo las investigaciones para proteger al Ejército.
La Procuraduría General de la República, entrevistó a 12 de los 26 militares que el grupo de expertos solicitó interrogar. ¿Pero qué creen? Que no se les permitió estar en dichas entrevistas y lo que es peor, que los 15 cuadernillos que contienen sus declaraciones no tienen las preguntas que les hicieron los enviados de la Procuradora Arely Gómez.
¿A qué le teme el presidente Enrique Peña Nieto? ¿A qué le teme el General Salvador Cienfuegos Zepeda? ¿A qué le teme la Procuradora Arely Gómez? ¿A qué le temen los 26 militares del 27 Batallón de Infantería? El que nada debe, nada teme. Los militares deben ser interrogados en presencia de los expertos.
Si el gobierno peñista está dispuesto a demostrar que acata las recomendaciones del grupo de expertos, tiene que permitir también investigar los hornos crematorios en Guerrero, tanto públicos como privados, porque hasta allí pudieron haber sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo a una investigación que realicé luego de la desaparición de los normalistas, los hornos crematorios en la zona están plenamente identificados. Por ejemplo, entre las prestaciones que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional incluye los servicios de “incineración” a sus empleados en Guerrero.
Más allá de los hornos crematorios clandestinos en campos militares, la Sedena tiene un convenio el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e Issfam, para ofrecer sus servicios funerarios a los militares. Es decir, la amplia red de hornos crematorios del ISSSTE debe ser incluida en estos cateos solicitados por los expertos, ya que el Ejército los usa con absoluta normalidad.
Desde el año pasado, los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, exigieron investigar los hornos crematorios al demostrar de manera científica que los 43 normalistas no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
Fue el doctor Montemayor Aldrete quien me dijo en entrevista la hipótesis “bastante probable” de que los estudiantes podrían haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, lugares que tienen instalaciones grandes y depósito de cadáveres.
¿Cómo determinar si los jóvenes fueron incinerados en estos lugares? Sencillamente accediendo a la bitácora del consumo de gas durante los días de la desaparición forzada de los 43 normalistas de los hornos crematorios públicos y privados de la zona.
El Ejército debe regirse dentro del marco constitucional más allá del fuero militar. Por tanto, está obligado a permitir interrogatorios a sus elementos y también a ofrecer información sobre sus hornos crematorios. El General Cienfuegos ya no puede tapar el sol con un dedo. En el crimen de Ayotzinapa, todos los caminos conducen al Ejército.
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