Como en los viejos tiempos del “ni los veo ni los oigo”, de Carlos Salinas de Gortari, lo publicado en México es simple y llanamente ignorado por las autoridades del país.
Las investigaciones internas de quien fuera visitador general de la Procuraduría General de la República, César Alejandro Chávez Flores, sobre el caso Ayotzinapa, fueron dadas a conocer por periodistas mexicanos, antes de que las retomara el jueves The New York Times. Las publicaciones hechas desde octubre y noviembre no han merecido, hasta el momento, una declaración, respuesta o reacción del gobierno federal, a pesar de la amplia difusión que alcanzaron especialmente en las redes sociales.
Fue hasta que The New York Times publicó una nota que recupera esta relevante información, cuando la dependencia, encabezada por Raúl Cervantes, emitió un comunicado en el que aseguró que los documentos mostrados carecen de validez oficial y son “jurídicamente inexistentes“.
Los documentos publicados se refieren a las “conclusiones preliminares” de la auditoría practicada a todo el expediente del caso Ayotzinapa; así como a la indagatoria sobre la actuación de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y la diligencia practicada en el río San Juan.
Dentro de las conclusiones se señala que la PGR debe replantear a fondo la investigación en su conjunto, para dar con el paradero de los 43 normalistas y determinar las responsabilidades de quienes los atacaron y desaparecieron.
El documento señala que deben abrirse nuevas líneas de investigación que incluyan la actuación del 27 Batallón de Infantería, de la Policía Federal y de la policía estatal de Guerrero y a lo sucedido en dos de los autobuses Estrella de Oro involucrados en el caso.
El visitador instruye que se amplíe la investigación respecto al capitán José Martínez Crespo y sus posibles vínculos con la delincuencia organizada; que se valoren las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de la Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y que se amplíe la investigación respecto a posibles ilícitos que se le pudiesen atribuir, como podría ser encubrimiento o abuso de autoridad o cualquier otra circunstancia indebida en el uso de sus funciones.
Igualmente, la investigación concluye que todas las actuaciones del titular de la ACI ,en el río San Juan, deben ser declaradas inválidas por el conjunto de ilegalidades e irregularidades cometidas durante las diligencias en el lugar, mismas que generaron “un efecto corruptor en la prueba”.
Zerón “afectó el derecho a la verdad”
Aristegui Noticias publicó el 22 de septiembre una investigación de Juan Omar Fierro titulada Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad:” documento de la PGR sobre Ayotzinapa; y el 25 de noviembre la investigación contenida en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, basado en los documentos del visitador Chávez Flores y en testimonios que hablan de la participación del Ejército en los hechos de Iguala y en la desaparición de los estudiantes.
La revista Proceso publicó dos reportajes de Gloria Leticia Díaz al respecto: “La PGR demuele la ‘verdad histórica’… de la PGR” así como uno titulado “Investigación interna de la PGR Ayotzinapa: Omisión del Ejército tuvo ‘consecuencias fatales’”.
En su comunicado del jueves, la PGR indicó: “Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal”.
El comunicado de la PGR no se pronuncia sobre el contenido de la investigación del visitador y sus ministerios públicos, ni tampoco alude a las afirmaciones contenidas en el libro de Anabel Hernández, que atribuyen la renuncia de Chávez Flores a presiones para que cambiara el contenido de estas conclusiones, ni a las declaraciones de la periodista en este sitio, en las que señala que según su investigación y fuentes consultadas, fue el presidente Enrique Peña Nieto quien ordenó ocultar las investigaciones contra Zerón y el Ejército.
