Por Claudia Sheinbaum Pardo
La propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural. Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances, vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas natural.
En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los contratos integrales, Pemex ha contratado empresas privadas para la extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto, como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas privadas como el pago asociado a la producción).
Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar, exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y comercialización para venta directa.
Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia, planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación, etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es Pemex mismo quien realiza determinada actividad.
La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet) …el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado… (párrafo 3); …contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos (párrafo 2) . …dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal (último párrafo).
Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar: si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar, transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar, distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder!
Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos permitirlo.
Twitter: @Claudiashein
Fuente: La Jornada
