El Ayuntamiento de San Francisco demanda a Donald Trump por órdenes ejecutivas que asegura son anticonstitucionales, según reporta Los Ángeles Times.
Este martes, el gobierno de San Francisco demandó al presidente, alegando la anticonstitucionabilidad de las órdenes ejecutivas dirigidas a combatir drásticamente la inmigración y las ciudades santuario.
La medida se da menos de una semana después de que Trump emitiera órdenes para notificar a ciudades y condados que si no empiezan a cooperar con los agentes inmigratorios perderán fondos federales tiene extensas implicaciones para California, estado que protege enérgicamente de la deportación a su población indocumentada.
Durante rueda de prensa que el gobierno de la ciudad transmitió en vivo por internet, el representante legal de San Francico Dennis Herrera señaló que las medidas de Trump son anticonstitucionales y “antiestadounidenses”.
Las ciudades santuario que Trump tiene en la mira, poseen numerosas herramientas para contraatacar. Entre las más poderosas se encuentran los fallos del tribunal superior que han interpretado las amenazas financieras como la que Trump está haciendo como una intromisión ilícita en los derechos estatales.
En California los funcionarios electos se muestran escépticos en torno a qué tan enérgicamente puede implementarse la medida ejecutiva.
Trump no dejó claro cuáles fondos se hallan en juego ni a cuáles ciudades y condados se está amenazando. El Gobierno pisaría terreno legal inestable al ir tras dinero destinado a cualquier ámbito fuera de la policía, mientras que retirar fondos a las fuerzas locales del orden constituye una propuesta arriesgada para un nuevo presidente que promote restaurar el orden en las calles. E inclusive para ello, sostienen los abogados de la Legislatura, hace falta que el Congreso actúe.
Alrededor del país más de 400 jurisdicciones poseen algún tipo de política de refugio, incluyendo Los Ángeles, San Francisco y cerca de 40 más en California.
No existe ninguna definición clara sobre “ciudad santuario”, pero, en general, las ciudades que adoptan esa clasificación intentan ofrecer apoyo político o protecciones a las personas que se encuentren ilegalmente en el país.
Para algunas ciudades, el movimiento de los refugios simplemente consiste en alentar a la gente que carezca de estatus legal a involucrarse más en el Gobierno. Por ejemplo, Huntington Park nunca se ha declarado ciudad santuario pero nombró a dos personas sin estatus legal miembros de una comisión del gobierno local, algo que ha llamado la atención nacional.
En otros lugares, como San Francisco, se adoptan políticas de largo alcance, como tomar medidas a efecto de reducir los vínculos con funcionarios federales de inmigración y negarse a cooperar totalmente con ellos. En 1989 San Francisco se declaró ciudad santuario, mientras que funcionarios locales afianzaron dicha postura en el 2013 a través de su estatuto “Debido Proceso para Todos”. En dicha ley se declaró que las autoridades locales no podían mantener arraigados a los inmigrantes para turnarlos a agentes de inmigración federal si no tenían antecedentes de delitos mayores violentos y no había actualmente cargos en su contra.
La demanda tiene lugar en un marco de encono por las órdenes de Trump, las cuales incluyen restricciones a los viajes desde varios países musulmanes y planes de construir un muro fronterizo.
Fuente: El Diario
