Por Víctor M. Quintana S.
En Chihuahua la violencia fue atacada, en cierto sentido contenida, pero no liquidada. Los años del horror 2008-2012, con su cauda de más de 18 mil homicidios dolosos, uno de cada cinco en el país, se han superado, es verdad. Esa es la bandera que enarbola el gobernador Duarte al término de su agonizante sexenio. Pero los datos, y más que nada, las vivencias de la gente en muchas partes del estado contradicen buena parte del optimismo oficial.
Así lo hace notar un grupo de activistas sociales, sobre todo de la sierra Tarahumara, en un documento que acaban de difundir. En él reflejan gran parte de la situación de violencia que persiste en la entidad norteña.
Si entre 2008 y 2012 la violencia pareció concentrarse en las principales ciudades del estado, sobre todo en Ciudad Juárez y en Chihuahua, ahora se ha desplazado a la sierra Tarahumara. Las y los activistas aportan valiosos datos, algunos de los cuales ya compartimos en estas páginas.
Según información proporcionada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en 12 municipios serranos en 2005 se cometieron 159 homicidios dolosos; en los mismos municipios, en 2015, se cometieron 270 asesinatos. Entre 2005 y 2010, en esa docena de demarcaciones ocurrieron mil 442 homicidios, contra mil 770 en el periodo 2011-2015, un 18.5 por ciento más.
Lo que está en la base del incremento de los asesinatos y de otras formas de violencia en la sierra de Chihuahua es el cambio de esquema del cultivo de enervantes en la región. La amapola predomina ahora sobre la mariguana y este hecho ha modificado todas las formas de control de la población y del territorio.
El cultivo de la amapola requiere más mano de obra, por lo que los señores del narco acuden al trabajo esclavo de las comunidades indígenas donde se van implantando. Algunas comunidades se someten, pero muchas prefieren dejar sus tierras y sus pertenencias e irse a otra parte, incrementando así el desplazamiento de cientos de personas de sus lugares de origen. Del poblado El Manzano, en el municipio de Uruachi, han sido desplazadas más de 200 personas en un año y asesinados dos hijos del dirigente indígena de la comunidad, pero hay también familias desplazadas en los municipios de Urique, Batopilas y Guadalupe y Calvo, los de más altos índices de marginalidad en Chihuahua y en México. ¿Por qué el Estado mexicano debería hacerse presente para imponer la ley a los sembradores de enervantes, si no se hace presente para bien gobernar e ir erradicando la extrema pobreza?
La violencia se expresa también contra la naturaleza. Desde hace dos meses la diócesis de la Tarahumara ha denunciado la devastación de los bosques y la extinción de manantiales que acarrea el abrir más y más tierras al cultivo de la amapola. Pero no sólo los narcos atentan contra los recursos naturales en la Tarahumara. Son también las empresas mineras y ahora la trasnacional Trans Canada y la Comisión Federal de Electricidad, que está llenando de cicatrices la geografía serrana para construir el gasoducto que transportará combustible para las centrales eléctricas japonesas en Chihuahua y nuevas plantas en Sonora y en Sinaloa. Como ven bajar las aguas que alimentan los ricos valles de esos estados, los habitantes de la sierra de Chihuahua ven pasar los gasoductos que llevan desarrollo económico a otras partes, pero a ellos les dejan sus territorios devastados.
Pero, si bien la violencia multiforme cobra ahora más visibilidad en la sierra Tarahumara, no ha desaparecido de las zonas urbanas de Chihuahua, más bien parece ir en repunte. Se están multiplicando las cifras de asaltos a bancos, a comercios, a centros comerciales, de robo de vehículos. También va en ascenso otra vez la cifra de homicidios dolosos, sobre todo en Juárez y en la capital, a pesar de los muchos esfuerzos de la Fiscalía General del Estado por maquillar o de plano recortar las estadísticas. A su vez, muchos agentes del Ministerio Público tratan de minimizar los homicidios dolosos presentándolos como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales, siendo que la principal afectada es la población que, sobre todo en la sierra, no acepta someterse al crimen organizado.
El Gobierno del Estado, por su parte, ya no quiere queso sino salir del agujero. El colapso económico de la administración de César Duarte es tal que la Policía Estatal estuvo inmovilizada varios días por falta de combustible. Sólo algunos grupos especiales y células mixtas pudieron patrullar. En Creel, 25 agentes denunciaron que tienen que repartirse apenas 5 mil pesos mensuales para viáticos entre todos y que tienen miedo salir a recorrer calles y caminos antes de las 10 de la mañana por temor al crimen organizado que controla la región.
Entonces, por más que César Duarte quiera presentar su administración como la que triunfó sobre la violencia en Chihuahua, la tozuda realidad nos muestra todos los días lo contrario. La violencia se ha enquistado en buena parte del territorio estatal, se expande en la sierra, se apelmaza en las ciudades, mientras un gobierno corrupto, cada vez más falto de recursos, le cede espacios al crimen organizado y a las empresas que cometen actos criminales.
Pareciera que la administración duartista no quisiera vivir sola su agonía, sino arrastrar a ella a esta vulnerada sociedad norteña.
