Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Los brutales y sádicos asesinatos de Ingrid y Fátima, perpetrados en la Ciudad de México hace unas semanas detonaron la indignación y rabia de miles de mexicanos en todo el país.
Desafortunadamente, en vez de hacer frente al grave problema de la violencia de género, en forma coordinada entre los tres niveles de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el poder Judicial y el legislativo, la Fiscalía especializada en este rubro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, optaron por la polarización política e ideológica y la crispación social, lo que considero es sumamente irresponsable, grotesco y perverso.
Es aberrante que tragedias de esta magnitud se utilicen sin recato alguno por medios de comunicación, partidos políticos, instancias de gobierno, organizaciones civiles y agrupaciones feministas, para echarse mutuamente la pelota unos a otros de quien o quienes son los culpables de la violencia de género que se ha expandido lo largo y ancho de nuestro país.
Están incurriendo en un grave error. La estela de asesinatos, desapariciones, secuestros, abusos sexuales, golpizas, explotación y esclavitud de las mujeres y las niñas, no es consecuencia del neoliberalismo como aduce el Presidente de la República, ni tampoco de la ineficiencia de su gobierno para prevenir y sancionar ese exterminio sistemático y deliberado, como proclaman sus adversarios.
Vámonos por partes.
En principio, nuestro país está inmerso desde hace muchas décadas en un creciente deterioro del tejido social; la ineficiencia de las instituciones de gobierno, de los presuntos organismos civiles y del Estado defensores de los derechos humanos y, de las ineficientes y corruptas corporaciones policiales, procuradurías y fiscalías, ministerios publico, jueces y magistrados, todo lo cual, propició una creciente tasa de violencia de género año tras año, sexenio tras sexenio y gobierno tras gobierno.
Las cosas llegaron a tal grado, que en la década de los noventa el emblemático caso de “Las muertas de Juárez” — Así se le etiquetó a la oleada de asesinatos y desapariciones entre 1993 y 2012, de alrededor de 700 trabajadoras de maquilas y jóvenes y adolecentes de 15 y 25 años de edad, todas ellas de escasos recursos que dejaron sus estudios para trabajar en las industrias maquiladoras–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó al Estado Mexicano por no haber tomado acciones para hacer justicia a los agraviados y sus familiares, especialmente a los de Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos.
Las únicas que les brindaron apoyo a las madres y familiares de las víctimas fueron varias organizaciones no gubernamentales, como Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre otras, así como la antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien fue la que calificó los homicidios de mujeres como feminicidio en México y posteriormente en muchos países mas.
Gracias a ella fue que tras un largo proceso legislativo se decretó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2007, lo que abrió la puerta para que en 2012, México fuera el primer país en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal.
Para desgracia de todos, ni la Ley ni la norma jurídica penal dieron resultados positivos y tangibles. La violencia de género se incrementó exponencialmente con la “Guerra contra el narcotráfico” decretada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, pero también por la desintegración y violencia familiar que genera trastorno antisocial de los hijos; el negocio de la trata de personas y de órganos; el creciente consumo de drogas: la depravación sexual y el Bullying a los niños en las escuelas, etc.
Las cifras no mienten. Entre el 2000 y 2015, se registró un total de 256 mil 347 homicidios, de los cuales 28 mil 710 (el 11.2%), fueron asesinatos de mujeres y niñas: 16 mil 104 de ellas eran jóvenes y de edad mediana (de 15 a 39 años) y 2 mil 643 niñas y adolecentes de 0 a 14 años.
Otros datos relevantes que por lo general nunca se informan son:
La mayoría de las mujeres asesinadas 6 mil 945 eran casadas; 4 mil 486 vivían en unión libre; 9 mil 695 eran solteras; 7.1% eran viudas y 4 de cada 10 eran divorciadas o separadas.
El 36 % de los feminicidios referidos se cometieron en la vía pública; 34% en viviendas y 16% en lugares diversos como escuelas, oficinas, áreas industriales, comerciales, servicios, campos deportivos y zonas rurales.
Por entidades, Chihuahua se ubicó después del Estado de México, como la segunda entidad con más feminicidios en el sexenio de Felipe Calderón, con 2 mil 655 casos, seguido por la Ciudad de México con 2 mil 24; Guerrero con 1 mil 976; Oaxaca con 1 mil288; Jalisco con 1 mil280 y Veracruz con 1 mil 202, lo que obligó a que en esos estados se decretara el estado de Alerta. (Fuente: Rosario Kânter Coronel, maestra en Demografía del Colegio de México).
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el período de 2015 a 2018 y el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las entidades más violentas para niñas y adolecentes fueron el Estado de México con 63 víctimas; Veracruz con 37; Jalisco con 27 y Chiapas con 25.
Dejemos a un lado las cifras y abordemos lo que conceptualmente se define como feminicio conforme a tres reconocidas expertas en la materia:
Para Marcela Lagarde el feminicidio es “un crimen de Estado que favorece la impunidad, omisión, inercia, el silencio e inactividad para prevenir y erradicar esos delitos”.
Julia Montarrez por su parte, sostiene: “El feminicidio comprende toda una protección de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, insultos, tortura, violación, prostitución, acuso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, toleradas por el Estado”.
Diana Russel, quien fue de las primeras feministas que abordó el tema e impulsó la equidad de género, define el feminicidio como “el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”
Y precisa “Representa el extremo de un “continuum” (continuo) terror anti femenino que incluye una cantidad de abusos verbales como físicos, tales como la violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil, incestuoso o extra familiar, golpizas físicas y emocionales”
Cierro esta Reflexión en Voz Alta con otro tema: el de la Equidad de Género;
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Asamblea General de la ONU realizada en 1979, proclama el principio de igualdad entre mujeres y hombres, el cual es el primer instrumento internacional de carácter amplio y vinculante que prohíbe la discriminación con la mujer y obliga a los gobiernos a adoptar medidas de (ojo) discriminación positiva para promover la igualdad de género”.
Considero que este principio es un eje central de las relaciones personales, sexuales, sociales, culturales, laborales, intelectuales, toma de decisiones políticas y de gobierno entre hombres y mujeres, que por ignorancia o perjurio en reiteradas ocasiones, la asumen como si fuera una Guerra de Géneros o, para ser mas sutil, como “una competencia para ver quien vence a quien”, como lo han demostrado los grupos feministas embozados que pintarrajean el Palacio de Gobierno con leyendas como la “AMLO Feminicida” y están convocando a un Paro Laboral Nacional el 9 de marzo con la venía de cámaras empresariales que no respetan la equidad de sueldos y salarios de las mujeres con los de los hombres y cuentan con el apoyo de la dirigencia nacional y legisladores del PAN, que como es del dominio público, se oponen a que se apruebe la Ley del Aborto que las feministas han promovido, lo que es totalmente incongruente y sospechoso.
Veremos y diremos en que termina esta absurda Guerra de Géneros
