El activista Bryan LeBarón Jones y víctimas de arrestos injustificados y tortura durante los años que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública Federal, presentaron una denuncia por traición a la patria en contra del ex funcionario, en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el documento que entregaron afirman que García Luna entregó la seguridad del país al crimen organizado, pues durante su juicio en cortes estadunidense quedó comprobado que “realizaba actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupos delictivos entre los que se encuentran el grupo denominado cártel de Sinaloa”.
Entre los firmantes de la denuncia se cuenta a Marcela de Jesús Natalia, Manuel Germán Ramírez Valdovinos, Germán Quijadas Silva, Araceli Quintero Jiménez, Juan José Santos Jiménez, Anahí Huerta Zarazúa, Carolina Vázquez González y Dulce Aurora Garduño Pineda, muchos de ellos pasaron incluso años en prisión preventiva antes de que se pudiera comprobar su inocencia.
Sostuvieron que mientras realizaba supuestas acciones contra el crimen organizado, que eran solo montajes para los medios de comunicación, García Luna dejó “un país debilitado, es por lo anterior que debemos responsabilizarlo por sus acciones, por vender el control del territorio mexicano, por no hacer lo que tenía encomendado, por no velar por la seguridad de millones de familias mexicanas.”
La denuncia está dirigida al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y en ella señalan que García Luna incurrió en el tipo penal señalado en el artículo 123 del Código Penal Federal.
“Las actuaciones de Genaro García Luna han traicionado a la patria, a los intereses nacionales, al bien común, y han dañado a la sociedad mexicana, han traído el estado de crisis que vive el país, dejaron un país debilitado, es por lo anterior que debemos responsabilizarlo por sus acciones, por vender el control del territorio mexicano, por no hacer lo que tenía encomendado, por no velar por la seguridad de millones de familias mexicanas”, concluye el documento.
Fuente: La Jornada
