El estado de Veracruz ha registrado más muertes de periodistas de 2010 a la fecha que otros estados.
El caso más reciente es el de Gregorio jiménez, periodista en Coatzacoalcos, que fue hallado muerto este 11 de febrero en una fosa clandestina.
En 2012, asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, el tercero en un año, detonó la salida de corresponsales nacionales del estado ante la amenaza de su seguridad.
“Si mataron a Regina, nadie está seguro”, dijo un reportero del estado, quien pidió el anonimato.
Pero hubo más muertes y más casos que atrajeron la atención internacional al estado. En noviembre pasado, el gobernador, Javier Duarte, se congratuló de que su estado ya no era una mala noticia, cuando muchos periodistas estaban en el exilio.
El gobierno ha dado por resueltos todos los homicidios de periodistas de una forma en que no ha dejado satisfechos ni a medios ni a defensores de libertad de expresión.
Goyo, hallado en una fosa por diferencias personales
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero del periódico NotiSUR, desapareció el 5 de febrero y fue hallado en una fosa clandestina junto con los de dos personas más en la comunidad de Las Choapas, limítrofe con Tabasco, seis días después, informaron autoridades del gobierno de Veracruz.
La Procuraduría General de Justicia de estatal informó que lograron localizar el cuerpo del periodista luego de que fueron detenidas cinco personas, entre ellas Teresa de Jesús Hernández Cruz, presunta autora intelectual del secuestro y vecina del reportero, informó en conferencia Felipe Amadeo Flores, procurador de Justicia de Veracruz, el 11 de febrero.
La dependencia explicó que Hernández Cruz “amenazó” a Gregorio y contrató a José Luis Márquez Hernández –integrante de una célula delincuencial-, a quien “le pagó la cantidad de 20,000 pesos para privar de su libertad y de la vida al periodista, con quien tenía diferencias personales”.
Según la Procuraduría, “fueron desahogadas diversas líneas de investigación, incluida la de su ejercicio periodístico”.
Según la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, el reportero había recibido amenazas por parte de la dueña de un bar, donde el comunicador había señalado que se retienen a migrantes secuestrados por células del crimen organizado que operan en ese municipio. Antonio Martínez, vocero de Artículo 19, calificó como “alarmante” que la Procuraduría “pretenda descartar de inicio la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico”, y que señalara que el móvil fue “un conflicto personal entre vecinos”.
Milo Vela, columnista de ‘Notiver’
El 20 de junio de 2011, el periodista del diario Notiver, Miguel Ángel López Velasco fue asesinado en su casa junto con su esposa y uno de sus hijos, -Misael López Solana, por un grupo armado.
López Velasco, conocido como Milo Vela, era subdirector y columnista de Notiver, especializado en temas de seguridad, y su hijo era fotógrafo de ese mismo diario en la ciudad de Veracruz.
Cuatro días después de los crímenes, el entonces procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, informó que la fiscalía identificó a Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca, como el asesino.
Carranza Saavedra fue agente de Tránsito en el municipio de Veracruz y, de acuerdo con Escobar, “cuenta con una serie de acusaciones y señalamientos por su participación en delitos vinculados al vandalismo, robo y asesinatos”.
En la conferencia de prensa ofrecida el 24 de junio pasado, el procurador explicó que el asesino habría actuado por tener “diferencias” con Miguel Ángel López.
La Procuraduría ofreció una recompensa de tres millones de pesos a cambio de información que sirviera para encontrar a El Ñaca, que hasta la fecha no ha sido detenido.
Yolanda Ordaz, la segunda víctima
La reportera de temas de seguridad del diario Notiver Yolanda Ordaz fue encontrada muerta a las afueras de un periódico local en Boca del Río el 26 de julio de 2011.
Ordaz estaba desaparecida desde 48 horas antes del hallazgo de su cuerpo cercenado, junto al que encontraron un mensaje atribuido a un supuesto grupo delictivo.
Horas después, el entonces procurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, informó en conferencia de prensa que Yolanda podría estar relacionada con la delincuencia organizada.
“Se investigarán las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar”, dijo Escobar.
Al día siguiente, el periódico Notiver pidió la renuncia del procuradoren un editorial titulado ¡Renuncie! publicado como noticia principal de la edición.
Escobar Pérez renunció a su cargo el 7 de octubre de 2011, luego del hallazgo de 67 cadáveres en las calles de Boca del Río. Las víctimas también fueron relacionadas por el entonces procurador con la delincuencia organizada.
El caso Regina Martínez enciende la alerta nacional
La corresponsal de la revista Proceso en Veracruz Regina Martínez fue encontrada muerta el 28 de abril de 2012 dentro de su casa, en la ciudad de Xalapa, capital del estado.
El 30 de octubre de 2012, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz presentó como presunto culpable del asesinato a Jorge Antonio Hernández Silva e informó que tuvo un cómplice llamado José Adrián Hernández Domínguez.
De acuerdo con la versión oficial, los presuntos homicidas conocían a Regina Martínez y trataron de obligarla a que les dijera dónde guardaba objetos de valor antes de quitarle la vida.
Fuentes cercanas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a CNNMéxico que no daban por esclarecido el caso.
El pasado 9 de abril de 2013, una juez de Xalapa sentenció a 38 años de cárcel a Jorge Antonio Hernández por homicidio calificado y robo agravado, un fallo que fue rechazado por la revista Proceso, que es coadyuvante en la investigación.
En agosto pasado, la condena de 38 años fue revocada por un Tribunal, por considerar que la investigación “se centró exclusivamente en su confesión”, y fue obtenida “bajo tortura”.
Periodistas hallados en un canal
El 3 de mayo de 2012, los cuerpos de tres fotoreporteros y el de una trabajadora de un periódico fueron encontrados dentro de unas bolsas en un canal de aguas negras en Boca del Río, Veracruz.
Las víctimas son Ana Irasema Becerra Jiménez, empleada del periódico El Dictamen; Gabriel Huge Córdoba, exfotógrafo del diarioNotiver, y Guillermo Luna Varela, fotógrafo del portal Veracruz News y del periódico La Voz del Sureste.
La otra persona asesinada es Esteban Rodríguez Rodríguez, quien trabajó como fotógrafo para El Diario AZ.
La Procuraduría General de Justicia del Estado Veracruz (PGJE) informó sobre la detención de Isaías Flores Pineda, a quien le fue asegurada una identificación de Ana Irasema Becerra.
El fiscal dijo que Flores Pineda confesó el asesinato de los periodistas.
‘Los periodistas se mataron entre ellos’
El miércoles 15 de agosto de 2012, el relevo de Escobar como procurador general de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores, informó la captura de una célula de presuntos miembros del cártel de Jalisco, en la ciudad de Veracruz. Entre ellos estaba Isaías Flores Pineda.
La fiscalía de Veracruz informó que también fueron capturados Claudia Medina Tamariz, César Tejeda Moreno, Pablo Arrieta Andrade, Pedro Temiz Zapot, Javier Benítez Grajales y William Malpica.
Flores Pineda y los otros seis detenidos dijeron a la Procuraduría que los periodistas asesinados estaban señalados por el Cártel de Jaliscocomo los responsables de las muertes de otros tres periodistas.
El procurador dijo que los presuntos integrantes del cártel “dijeron ser los autores de diversos homicidios, contándose entre sus víctimas a los trabajadores y extrabajadores de medios de comunicación”.
El procurador informó que los detenidos declararon también ante autoridades ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agregó que el móvil fue que “estos reporteros habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas“.
De esta manera, la fiscalía veracruzana presumió el esclarecimiento de siete asesinatos de periodistas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a manos de dos grupos de la delincuencia organizada y pidió a la PGR la atracción de las investigaciones.
Víctor Manuel Báez, sus asesinos ya murieron
El 14 de junio de 2012 fue encontrado muerto el reportero Víctor Manuel Báez Chino en Xalapa, capita del Veracruz, a unas cuadras del palacio de Gobierno de ese estado.
Víctor Manuel Báez trabajaba para el periódico Milenio y era director de la página reporterospoliciacos.mx. Según la vocera del gobierno, Gina Domínguez, el reportero había sido secuestrado horas antes de ser hallado muerto.
El cuerpo fue encontrado en una banqueta, a las afueras de un periódico. El gobierno de Veracruz culpó al grupo delictivo Los Zetasdel crimen de Víctor Manuel Báez.
Según la fiscalía de Veracruz, los asesinos son Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso Hernández, presuntos zetas abatidos el 19 de junio por las fuerzas armadas en un enfrentamiento ocurrido en Xalapa.
De acuerdo con la procuraduría local, ambos fueron reconocidos por testigos como autores del secuestro del reportero.
Defensores cuestionan las conclusiones
El 15 de agosto, grupos defensores de la libertad de expresión cuestionaron las conclusiones de la fiscalía veracruzana sobre el asesinato de los periodistas.
El representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Mike O´Connor, dijo a CNNMéxico que hay “patrón muy común en México” para criminalizar a las víctimas y no ir al fondo de las investigaciones.
“Las credenciales no son prueba de nada, no se sabe cómo llegaron a sus manos. No son una prueba de que él la mató”, señaló O´Connor sobre la pista de la credencial de Irasema Becerra, en posesión de Isaías Flores Pineda, quien fue detenido por el caso.
La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, señaló en un comunicado que las autoridades de Veracruz “intentan sorprender a la opinión pública” al dar por esclarecidos los crímenes de periodistas.
“Sorprende particularmente el apremio de la actual administración estatal para convertir el resultado de una operación realizada hace una semana por efectivos de la Marina, y no por agentes ministeriales, en prueba incontrovertible de responsabilidad penal”, señaló Artículo 19 en un comunicado.
Fuente: CNN
