El matrimonio infantil, permitido por usos y costumbres en la mayoría de las comunidades indígenas del país, representa una grave violación a los Derechos Humanos (DH) de las menores de edad, a lo que se suma la criminalización y persecución contra las adolescentes y niñas que rechazan esta práctica.
Por Anaiz Zamora Márquez/ Cimac
Recientemente se difundió que dos menores de edad de origen indígena fueron vendidas con fines matrimoniales por parte de sus padres, y quienes al oponerse fueron perseguidas legalmente.
En agosto de 2013 una niña triqui de 14 años se escapó de sus padres al enterarse de que sería vendida por 40 mil pesos para saldar una deuda.
Así se inició una persecución legal para que la joven regresara a su hogar, ante lo que ella buscó el refugio y protección de organizaciones defensoras de DH, que lograron que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictara medidas cautelares a su favor.
Pese a ello, el pasado 3 de marzo la juez segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, ordenó a la subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género “reintegrar a sus progenitores” a la adolescente de ahora 15 años.
Mariana Flores López, joven triqui desplazada de San Juan Copala, Oaxaca, y quien acompañó a la menor de edad, sostuvo el pasado 8 de marzo que estas prácticas violatorias a los cuerpos y derechos de las niñas indígenas, es decir, delitos que se cometen ante el permiso y complicidad de las autoridades.
Explicó que si bien las autoridades locales y nacionales están obligadas a respetar los usos y costumbres, también deben proteger los DH de las mujeres y niñas e intervenir cuando se les demanda.
Ese mismo 8 de marzo se acusó al juez de paz y reconciliación indígena de San Juan Chamula, Chiapas, Ricardo López Hernández, de haber encarcelado por tres días a una niña tzotzil de 14 años por haber abandonado a su esposo, quien la había comprado por 20 mil pesos.
De acuerdo con información reciente, el juez ordenó a la adolescente pagar una multa de 24 mil 700 pesos por los gastos de la boda y los interés generados, pues ella regresó a casa de sus padres. Al no contar con el dinero, la indígena fue encarcelada.
Posteriormente el juez desmintió que se hubiera detenido a la menor de edad, y aclaró que se había aprehendido a la madre “pues el hombre que había comprado a la niña exigió la devolución de su dinero”.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), independientemente de que existiera o no un encarcelamiento, el caso de la adolescente representa una violación a sus DH y una criminalización ante su decisión de no aceptar un matrimonio forzado.
Pan de cada día
En un comunicado, la Redim denunció ayer la gravedad de que casos como estos continúen sucediendo, pues “no sólo vulneran la libertad de decisión de las niñas y las adolescentes, sino también perpetúan las condiciones de opresión por su condición de género y edad”.
Además de que son un obstáculo para el desarrollo posterior de las menores de edad y pueden provocar afectaciones a su sano desarrollo psicosexual, rupturas en sus entornos sociales y continuación de los círculos de violencia.
Vía telefónica, Jennifer Haza Gutiérrez, directora de Melel Xojobal –organización civil que defiende los derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas del estado de Chiapas–, sostuvo que el caso de la niña tzotzil ejemplifica la manera en la que las menores de edad son criminalizadas por romper concepciones y tradiciones machistas, y por buscar alternativas para su desarrollo.
La ganadora del Premio Ibero al Compromiso Social 2013 enfatizó que los usos y costumbres de las comunidades indígenas “en ningún momento deben pasar por encima de los DH de las personas que integran las comunidades, y mucho menos por encima de las niñas y niños”.
En ese sentido, advirtió, las autoridades estatales o federales no pueden argumentar la existencia de usos y costumbres para evadir su responsabilidad de garantizar a las niñas una vida libre de violencia, y en la que puedan tomar sus propias decisiones.
Explicó que los gobiernos tienen la obligación de acompañar e impulsar los procesos de transformación de las mentalidades en las comunidades indígenas.
Jennifer Haza informó que en conjunto con la Redim, su organización exige que se investigue el caso de la niña tzotzil para determinar lo que ocurrió realmente, y evitar que ocurran más casos.
Fuente: CIMAC Noticias
