La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lleva registrados 100 homicidios y 21 desapariciones de periodistas y 45 atentados contra medios de comunicación.
Las muertes de comunicadores abarcan el periodo del 2000 a la fecha; las desapariciones de 2005 hasta ahora, y las agresiones a empresas periodísticas de 2006 a mayo de este año.
Luis Raúl González Pérez, titular del organismo, resaltó que tales cifras dan cuenta de “la magnitud de las agresiones”, lo que obliga a las autoridades a atender este problema en todas sus fases: prevención, capacitación de los servidores públicos, condena de las agresiones, investigación oportuna y sanción de los responsables.
El ombudsman dictó la conferencia “Los derechos humanos y el periodismo” en el marco del 66 aniversario de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, donde demandó al gobierno mexicano modernizar la legislación sobre libertad de expresión para que sea acorde con las nuevas exigencias de la comunicación en el marco de una sociedad democrática.
En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y acompañado de José Luis Vázquez Baeza, director general de la escuela, exigió también considerar las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México, los recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las aportaciones doctrinarias en materia de prensa y libertad de expresión.
Ante estudiantes de periodismo, el ombdusman nacional destacó que, según diversas organizaciones nacionales e internacionales, “las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión han convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico”.
Según su diagnóstico, en el país “existen avances en la normatividad y mayor libertad de expresión, que se ejerce con más apertura por la sociedad y, en especial, por los periodistas y comunicadores”.
No obstante, aseguró que eso contrasta “con el aumento de riesgos para el ejercicio de ese derecho, derivando en un alto número de agresiones, y traduciéndose en menos investigación y falta de resultados efectivos, además de autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática”.
El presidente de la CNDH argumentó que ante el clima de agresiones que sufren los periodistas y la impunidad que prevalece en el país, se han adoptado medidas como la “federalización de delitos, para que de esta manera la autoridad federal pueda atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas o cualquier persona, en los que se adviertan atentados contra la libertad de expresión, imprenta o contra instalaciones de medios de comunicación”.
Además, llamó a fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR). Agregó que las procuradurías estatales deben asumir el compromiso de “investigar las amenazas y evitar que se hagan efectivas, eliminar la impunidad, no descartar de inicio que el móvil de los atentados se deriva de la actividad periodística y agotar todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes”.
Sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Luis Raúl González Pérez mencionó que “debe cumplir eficazmente su obligación de otorgar medidas adecuadas de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que enfrentan”.
Por último, ofreció a los periodistas “una CNDH comprometida con garantizar el debido respeto a la libertad de expresión, que impulsa mejores mecanismos para la seguridad de los comunicadores y trabaja por las mejores causas de la democracia”.
Y remató: “La CNDH, reconociendo que en tiempos difíciles la libertad de expresión cobra más relevancia que nunca, está comprometida a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para atender de forma oportuna las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, buscando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas y defensores civiles”.
Fuente: Proceso
