Por Luis Javier Valero Flores
Sorpresivamente, el Gobernador César Duarte anunció el viernes pasado, en el curso de una gira por Cuauhtémoc, que “vetaría” la reforma electoral que el Congreso del Estado había aprobado en lo concerniente al incremento del número de diputados locales para que pudieran pasar de los actuales 33 “hasta 36”, en una modalidad inventada por los legisladores locales, denominada “Congreso flexible”.
La sorpresa tuvo varios orígenes; el primero, obviamente, por el sentido del pronunciamiento y el segundo, por la pifia cometida por el Gobernador Duarte, quien no podía cometerla, dada su experiencia como legislador federal (dos veces) y legislador local: Las reformas constitucionales no pueden ser “vetadas” por el titular del Poder Ejecutivo, esto sólo lo pueden hacer con las leyes, no con la Constitución.
Esta figura del “veto” del presidente o de los gobernadores sí existió en el pasado, ya no. Lo que existe es la facultad de estos funcionarios para realizarle “observaciones” a las legislaciones aprobadas por los congresos, que son, en realidad, modificaciones propuestas por el titular del Ejecutivo y que los congresos podrían aceptarlas; en caso contrario, la aprobación de la ley, luego de las observaciones propuestas por el gobernador y desechadas por el Legislativo, deberían ser aprobadas por mayoría calificada.
La postura del Gobernador Duarte acerca de la reforma electoral es de lo más preocupante, tanto si obedece a una discrepancia entre el titular del Poder Ejecutivo y el Legislativo, o a que el mandatario no estuvo enterado de algo que fue ampliamente comentado en prácticamente todos los medios de comunicación de la entidad.
Si la decisión del Gobierno de Chihuahua obedece a que intuyeron su posible derrota judicial en el litigio que distintos protagonistas provocarán al impugnar la constitucionalidad de la reforma electoral, es todavía más criticable.
Unos cuantos días después, el Secretario de Gobierno, Mario Trevizo, anunció que luego de estudiar la reforma, podrían presentar una contrarreforma a fin de que el número de legisladores no se incremente.
De cualquier modo, la postura del Gobernador Duarte y del Secretario Trevizo es rescatable porque se hacen eco del rechazo de una parte importante de la sociedad.
Ya puestos en esa ruta, deberían realizar la misma acción para impedir que se incremente el número de regidores, que también contempla la reforma bajo el mismo criterio que dio origen al incremento de los legisladores.
Pero queda subsistente la preocupación acerca de las diferencias de criterio entre los ocupantes de dos de los poderes del Gobierno de Chihuahua. A unos cuantos meses de entregar la administración, estos episodios podrían hablar de un severo desajuste en el equipo de Duarte, o de una extrema inseguridad en la conducción del gobierno, que genera incertidumbre en la población, porque a lo largo de todo el sexenio se ha observado una evidente subordinación del Poder Legislativo a los deseos del Gobernador Duarte.
Por ello, no es creíble la posibilidad de una disparidad de criterios entre Duarte y Rodrigo de la Rosa, líder de los diputados priistas y menos cuando el mismísimo Duarte lo dijo con todas sus letras: “Yo para que quiero más diputados si con los que tengo me sobra”, en el mismo acto de marras, lo que abre la posibilidad a la deducción de que la creación del “Congreso flexible” fue aprobada con su aquiescencia y luego se arrepintió.
Y si ya están en la línea de desechar algunos aspectos de la reforma electoral, bueno sería que realizaran más “estudios” de los aspectos más criticados de la misma y desecharlos, tales como lo referente a los porcentajes requeridos para el mantenimiento del registro de los partidos políticos, o el de la posibilidad de que los partidos políticos puedan “traficar” votos mediante las candidaturas comunes y los convenios que realicen los partidos, antes de las elecciones.
Nunca es tarde para enmendar algunas de las pifias cometidas, y más si se trata, como las de la reforma electoral, para preservar, de mala manera, la continuidad del partido gobernante.
Eso siempre lo ha castigado el electorado, no tendría por qué ser diferente ahora.
