Por Luis Javier Valero Flores
Algo deberá hacer el grupo gobernante de Chihuahua. Urge, no lo pueden postergar. Los conflictos y las controversias se suman día a día; los antagonismos, los reclamos y los manifestantes se presentan diariamente.
Algo de esto se preveía al término del gobierno de César Duarte. El control ejercido sobre la sociedad chihuahuense impidió (o la gente se esperó a cobrárselo en las elecciones) que se presentaran los reclamos, pero siempre se creyó que los nuevos gobernantes ejercerían el principal de los atributos que habían mostrado en los momentos previos a la campaña y en ésta misma: el manejo político.
Hoy todo está en conflicto. Sobresale un aspecto, que había llamado la atención en el país y preocupado hondamente a los chihuahuenses, el de la seguridad pública, con el incremento -esa era la percepción generalizada- sólo, de los homicidios; la noticia es que Chihuahua presenta un crecimiento, también, en las extorsiones, en un 700%, en secuestros, por un 400% y en homicidios 84%, en el período de octubre de 2016 a enero del año en curso, según “se puede observar en la página y cifras mostradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. (Nota de tiempo.com, 8/03/17).
El incremento de los homicidios es notable, pasaron de 269, en comparación con los 494 del mismo periodo el año anterior.
En cuanto a los secuestros y extorsiones, los porcentajes presentados, si bien es inaceptable cualquier número que se presente, los casos ocurridos pasaron, en cuanto a los primeros, de uno a cinco y con las segundas pasó de solo una a ocho.
Pero esas son las cifras hasta dos meses atrás. Al presente, se han presentado alrededor de 800 del 1 de octubre pasado a la fecha, los que ocurren -como cabría esperar- preferentemente en Juárez y Chihuahua, de una manera muy similar a la del período anterior, situación agravada, ahora, por varios hechos, entre los que destacan la confrontación del Gobierno estatal con los alcaldes de los municipios en los que la Policía Municipal fue sustituida por la Estatal.
Pero resulta que este agrupamiento es el único que no ha presentado los exámenes de confianza, razón por la cual la asociación civil presidida por la activista, María Elena Morera, no incluyó a Chihuahua en el informe del “Seguimiento mensual del avance de control de confianza de las Secretarías de Seguridad Pública u homólogos”. (Nota de José Pérez Espino, El Diario, 8/03/17).
La entidad sólo reportó datos de la Fiscalía General y de la Policía Municipal, los cuales mostraron que, al menos, “61 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre mandos y agentes, reprobaron las evaluaciones de control de confianza”. (Ibídem).
Datos que vienen a abonarle a la controversia de semanas anteriores entre el gobernador Corral y el alcalde Armando Cabada, a propósito del rumor, nunca confirmado, de que los exsecretarios de Seguridad Pública juarense, González Nicolás y Almaraz, no habían aprobado dichos exámenes, cosa que luego abarcaría al menos a 6 mandos de la Fiscalía, en información publicada por El Diario.
Todo lo anterior viene a darle un mentís al fiscal Peniche, quien había informado que los resultados de las evaluaciones no se podían difundir. Ya se ve que sí.
Pero tales diferendos sólo son una parte del problema, los índices delictivos siguen creciendo y no se aprecia lo mínimo que debiera existir, la coordinación, y mucho menos, una explicación sobre la ola homicida que le dé a la sociedad chihuahuense la certeza de que se combatirá con éxito.
Porque la argumentación ofrecida por la ahora oposición, el priismo, que se ufana de haber abatido los índices criminales en el gobierno de Duarte, sin tomar en cuenta que durante dos años de su gobierno -2011 y 2012- la ola homicida siguió presente, que sólo declinó -en Chihuahua- a la llegada de Peña Nieto, luego que diversos mandos de los agrupamientos federales intentaron, sin éxito, “liquidar” -así lo dijeron- a uno de los grupos criminales existentes en Chihuahua y luego, ya sin la presencia de uno de ellos -el Cártel de Juárez- podrían terminar al sobreviviente -el Cártel de Sinaloa- en lo que era una, es lo menos que podemos decir, tomadura de pelo.
Terminado el “parafederal” apoyo a uno de los grupos criminales, la confrontación disminuyó abruptamente. Hasta ahora. ¿Qué sigue?.
