Aun año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitiera su invaluable y contundente informe final del caso Ayotzinapa, es necesario, en el marco de la reciente visita del Mecanismo de Seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear su cumplimiento, y como contexto más amplio del legítimo plantón que se han visto orilladas a realizar las valerosas familias de los jóvenes, hacer un balance sobre la falta de justicia y verdad para las víctimas.
El mensaje del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosemena, realizó su segunda visita de trabajo del 19 al 21 de abril, fue claro, aunque algunos medios hayan intentado tergiversarlo: es necesario alcanzar con celeridad avances sustantivos en la búsqueda de verdad y justicia, pues en la medida en que el paradero de los estudiantes –como subrayó la CIDH– no ha sido determinado con pruebas inobjetables, México sigue reprobado en esta investigación.
La preocupación del Mecanismo de Seguimiento está plenamente justificada, pues, sin que haya avances importantes en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplieron ya 31 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ello, las y los integrantes del mecanismo lamentaron la lentitud del gobierno Federal. Postura que es coincidente con la que hemos manifestado diversas organizaciones nacionales e internacionales. Para el mecanismo, el que altas autoridades aún intenten validar ante la opinión pública la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es inadmisible; pone en duda la buena fé del Estado para con el cumplimiento de la ruta que recomendó el GIEI, y provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares.
En este contexto, la CIDH ha urgido al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios. Primero, en examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos, destacando a la Policía Federal y a la policía de Huitzuco, y profundizando en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluyendo las de los ámbitos estatal y federal. Segundo, en realizar el análisis de telefonía y determinar la identidad de actores relevantes hoy sólo conocidos por su alias. Tercero, en profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos, sugerida por el GIEI como posible móvil de los hechos. Y cuarto, en continuar la búsqueda en campo, usando la tecnología que ha mostrado ser útil.
Estos puntos, incluidos en las 20 recomendaciones prioritarias del GIEI, suponen reconocer cabalmente que el alcance geográfico y temporal de los distintos ataques contra los normalistas no hubiera sido posible sin el concurso y coordinación de distintos actores, incluyendo a elementos de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a funcionarios de distintos niveles, y a elementos del crimen organizado.
No se puede seguir eludiendo esta realidad, encapsulándola ficticiamente sólo en la esfera municipal. No se puede tampoco, si se quisiera proponer como salida a este caso emblemático, pretender que las familias de Ayotzinapa acepten la verdad histórica, según la cual el destino final de todos los normalistas desaparecidos habría sido su incineración en el basurero de Cocula, como sucedió el pasado 17 de marzo, cuando funcionarios del gobierno hicieron en este tenor preguntas abiertas a las familias, en el marco de la Audiencia celebrada en la CIDH sobre este Mecanismo de Seguimiento.
El derecho a la verdad se construye investigando a fondo, con una base sólida de respeto y acompañamiento a las víctimas. Jamás sobre supuestos que se han echado por tierra. La violación al derecho a la verdad y la justicia debe detenerse, empezando por rectificar la investigación interna de la PGR a los funcionarios que han cometido irregularidades en el caso, en el sentido expresado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Como es sabido, esta instancia consideró que a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares, se produjo un sospechoso, parcial y lamentable viraje, cuyo resultado final confirió impunidad a quienes cometieron graves irregularidades en el curso de la investigación.
Lo que además significó un terrible mensaje de convalidación a las peores prácticas de las fiscalías mexicanas, que contradice frontalmente los esfuerzos de renovar las instituciones en este ámbito. La visita del Mecanismo de Seguimiento es un recordatorio de que Ayotzinapa, emblema de la crisis de derechos humanos que se agrava en México, no puede ser olvidado. La forma en que Ayotzinapa se solucione será un poderoso indicativo de la existencia o ausencia de voluntad política para transformar la impunidad estructural de México.
Hasta ahora la injustificable falta de avances significativos es un mal signo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad, que en su conjunto demanda un alto a la impunidad y a la corrupción. Son comprensibles en este contexto la frustración y desesperación de las incansables familias de los normalistas y organizaciones que las apoyan, quienes tienen también ante sí el reto de seguir protestando y exigiendo justicia. Preservando y cuidando al mismo tiempo el incuestionable capital moral que han acumulado a lo largo de más de dos años. Como lo hizo notar la CIDH, la verdad urge y el tiempo se agota.
