Por Sanjuana Martínez
Criticado, denostado, agotado y desgastado, el procurador Jesús Murillo Karam, aglutina la indignación de la opinión pública. Su informe sobre Ayotzinapa fue un auténtico fracaso y tendrá que asumir las consecuencias, si Enrique Peña Nieto, quiere salvar algo de credibilidad y dignidad en su debilitado gobierno.
Con Murillo Karam hemos pasado del “ya me cansé” al “me vale madre”. Al procurador no le importan las masivas críticas que recibió por su nefasto trabajo en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tampoco el rechazo absoluto por parte de los padres de los estudiantes, ni mucho menos, el repudio de las organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos.
Murillo Karam va contra viento y marea imponiendo su “verdad histórica”. Utilizando el aparato del Estado para aplicar con camisa de fuerza, la versión oficial. Obedeciendo la orden superior del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para no manchar el buen nombre del Ejército, ni involucrar al ex gobernador Ángel Aguirre, y así evitar que el señor de los chuchos del PRD, estire la cobija y exhiba la podredumbre de la narcopolítica en Guerrero y el gobierno federal junto a sus agentes de seguridad.
La torpeza de Murillo Karam es tal, que ha preferido exhibir a México ante el mundo como un país sin un verdadero Estado de derecho, un país donde reina la impunidad más atroz y cínica, capaz de carcomer los cimientos del débil edificio de nuestra democracia.
Murillo Karam es en este momento el símbolo del despotismo. Su lejanía de las víctimas lo exhibe claramente en su torre de marfil. Ufano, soberbio, frío como el hielo. Esa distancia entre Estado y padres de los normalistas, es la primera evidencia del fracaso de la política peñista.
Un gobierno que es incapaz de dialogar, de cumplir sus promesas, es francamente un fiasco. Un gobierno sin sensibilidad va directo al abismo. De hecho, actualmente la distancia que separa al gobierno del pueblo mexicano, es abismal.
Y no es para menos, Peña Nieto tardó 35 días en reunirse con los padres de los normalistas. Intentó primeramente convertir el caso Ayotzinapa en una cuestión municipal, estatal, un tema de Guerrero y el PRD. Y en lugar de acudir a Ayotzinapa para reunirse con los familiares de los desaparecidos, espero más de un mes para recibirlos en Los Pinos.
Murillo Karam hizo lo propio. Durante nueve días, después de la desaparición forzada de los normalistas, nado de muertito, prefirió fingir demencia e ignorar el asunto. Fue hasta que llegó presión social de las manifestaciones a nivel nacional e internacional, cuando no tuvieron más remedio que actuar.
El desprecio de este gobierno por los familiares de las víctimas del histórico crimen de Estado de Ayotzinapa fue evidente a la hora de citar a conferencia de prensa para informar sobre el intento de carpetazo del caso, sin haber notificado primero a los padres de los normalistas.
Ahora bien, en el análisis del caso presentado por Murillo Karam ante la opinión pública con lujo de detalles e incluso a través de un video musicalizado, animado y narrado al estilo Televisa, solo quedan algunas dudas, muchas sospechas y pocas certezas.
Para empezar, el procurador piensa que por encima de la ciencia esta la fe. Y quiere de los mexicanos un acto de fe. Pretende que creamos en actitud metafísica que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero no nos ofrece suficientes pruebas periciales y eso sí, muchos dichos y diretes, de declaraciones de imputados que ya han denunciado que fueron torturados. Y efectivamente, es probable que esas declaraciones fueron extraídas de los inculpados a base de tortura, coacción y amenaza. Ese es el estilo de trabajo de la PGR, así que no es de extrañar que en este caso aparentemente armado milímetro a milímetro para proteger a agentes del Estado, no esté presente la tortura, método básico en la procuración de la justicia mexicana, según recientes informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
El procurador sostiene el caso Ayotzinapa con alfileres, a base sólo de declaraciones autoinculpatorias. ¿Y las pruebas periciales, apá? Esas se las pasa por el arco del triunfo. Apenas unas piezas óseas pertenecientes a Alejandro Mora Venancio, restos que el Equipo Argentino de Antropología Forense no pudo corroborar que fueron encontrados en un río a lado del basurero de Cocula, como lo asegura la PGR, por una simple y sencilla razón: no se lo permitieron. Los argentinos fueron convocado solamente al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra junto a otras en un área de limpieza.
Lo más sorprendente de la puesta en escena de Murillo Karam para armar el caso Ayotzinapa al antojo del Estado, es que fingen desconocer el concepto de desaparición forzada o más bien, prefieren ignorarlo de manera olímpica. Por favor, qué alguien le explique al procurador lo que significa este delito imprescriptible de lesa humanidad. Tal vez, necesita unas clases de derecho internacional. Es muy sencillo: si el procurador dice que los 43 están muertos, que lo demuestre, que entregue sus restos. Y como no lo demostró ni hizo entrega de sus restos, entonces son desaparecidos. Sus crímenes se inscriben dentro de esta figura aterradora que asola América Latina desde hace décadas gracias a los gobiernos autoritarios.
Peña Nieto y su incompetente equipo piensan que al eludir el crimen de desaparición forzada, salvan al Estado y reducen el caso Ayotzinapa a un crimen de la delincuencia organizada y la narcopolítica. Pues no. Sencillamente no es posible. Si existe una certeza ante la opinión pública nacional e internacional es que el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado, por tanto, de nada sirve que intenten tapar el sol con un dedo.
Otro de los elementos más llamativos, del expediente oficial de este caso es la negativa a abrir líneas de investigación fundamentales y demandas por los padres, como la presunta implicación del Ejército.
Si hay padres de algunos normalistas cuyos GPS de sus celulares ubican a sus hijos como último lugar en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, pues la PGR tiene la obligación de indagar tal información. Y abundar en la posibilidad de que los 43 hayan sido desaparecidos por las Fuerzas Armadas.
Finalmente, la negativa de la PGR de investigar al ex gobernador Ángel Aguirre se explica solo por la posible implicación en el narcoestado de Guerrero de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, lo cual, vendría a confirmar plenamente que nos encontramos ante un crimen de Estado.
El PRI pretende incrementar la larga lista de crímenes de Estado impunes. El papelón que el gobierno peñista está haciendo en el extranjero es monumental. A la lista de Tlatelolco, Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas y Atenco, entre muchos otros, se une ahora Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto ha preferido pasar a la historia como el presidente que fabricó una tapadera para ocultar el crimen de Estado de Ayotzinapa.
Peor para él. Los padres de los normalistas, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y una buena parte de la sociedad mexicana, están dispuestos a dar una larga batalla para exhibir la podredumbre oficial en este caso y la pequeña estatura moral del inquilino de los Pinos y de su cínico procurador cansado. La razón de Estado no siempre puede cerrar un caso.
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Fuente: Sin Embargo
