Por Luis Javier Valero Flores
Con la denuncia realizada por el abogado y activista Jaime García Chávez -en contra del gobernador César Duarte, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo- como catalizador, el pasado 28 de noviembre se creó el Movimiento Unión Ciudadana, en una abigarrada amalgama de personajes de la vida social y política de Chihuahua.
Bajo la pretensión de presentarla como un esfuerzo ciudadano en contra de la actual administración estatal -por las múltiples evidencias de corrupción, expresaron los oradores del acto fundacional-, innumerables protagonistas de diversas luchas políticas y de muy variadas responsabilidades públicas, con la participación de otros muchos ciudadanos sin militancia política, presente o pasada, emplazaron al Gobernador Duarte a retirarse del cargo a más tardar el 15 de enero del próximo año.
Ello, con el afán de que permita la realización imparcial de la investigación sobre la denuncia presentada.
Que tal evento se presente está muy lejos de la capacidad de los chihuahuenses; si acaso se diera, obedecería a la conjunción de muchos otros factores, ninguno relacionado con las evidencias de la existencia de un régimen democrático consolidado.
Lo que ahora ha aceptado el mandatario es que, “de ser necesario”, daría a conocer su declaración patrimonial y que ha obtenido una importante fortuna, alcanzada por fuera de la administración pública, derivada de sus actividades como ganadero, vendedor de autos y constructor, de ninguna manera fruto de actividades ilícitas y que no ha adquirido acción alguna de Unión Progreso, “porque ni banco es”.
Ratificada la denuncia -“se habían tardado”, diría Duarte-, el jueves anterior García Chávez informó haber recibido notificación que la denuncia “la atrajo directamente la oficina del procurador general, Jesús Murillo Karam, concretamente para realizar la indagatoria en aspectos técnicos referentes a la Unidad de Inteligencia Financiera”.
No sin el sobresalto producido por un grupo de saboteadores (que al día siguiente intentarían hacer lo mismo en una de las marchas celebradas con motivo de los acontecimientos de Iguala), luego identificados como integrantes de “Antorcha Ciudadana”, en el acto de Unión Ciudadana, con el Auditorio Municipal abarrotado, harían uso de la palabra quienes los organizadores resolvieron son los más destacados.
Así lo harían Víctor Quintana, líder estatal de Morena (quien acudió, igual que el Secretario General del Comité Estatal, Juan Chávez, en calidad de “ciudadano”), el senador Javier Corral, el ex gobernador Francisco Barrio y Jaime García Chávez, en un acto en el que la presencia de una gran cantidad de militantes, dirigentes y funcionarios públicos del blanquiazul era numerosa.
Una característica une a los panistas que acudieron al evento, prácticamente todos son opositores a la actual dirigencia estatal de su partido, evidentemente fracturado y cuyas evidencias aumentaron con la ausencia del dirigente estatal, Mario Vázquez, y del Coordinador Parlamentario local, César Jáuregui, al II Informe de Javier Corral, realizado ayer.
En el acto de Unión Ciudadana también se resaltó la presencia de muchos ex militantes del PRD, y de no pocos de los miembros e integrantes de la dirigencia estatal de Morena.
Se destaca lo anterior porque, unos más, otros menos, y por diversas razones, han participado en distintas luchas ciudadanas de los últimos tiempos, (como es el caso del principal animador de la nueva agrupación, Jaime García Chávez, renunciante hace meses del PRD) con la excepción del senador Corral, que en la parte final del gobierno de Felipe Calderón muy frecuentemente era requerido por el coordinador de su grupo en la Cámara de Diputados para que enfrentara las críticas y ataques de la oposición de entonces, el PRI y el PRD, pero que en los meses recientes se ha convertido en un crítico sostenido de las actuales dirigencias estatal y nacional del PAN.
Aspecto que, curiosamente, puso de especial relieve en su informe al destacar que en porcentaje muy alto votó junto con el resto de sus compañeros senadores, pero que en márgenes muy cercanos al 20% votó diferenciadamente a su grupo parlamentario, especialmente en algunas de las reformas más cuestionadas por la sociedad.
Por eso sorprendió que decidieran incluir al ex gobernador Barrio, ex Secretario de la Función Pública con Vicente Fox y Coordinador del Grupo Parlamentario de los diputados federales en el gobierno de Felipe Calderón, y sobre todo que éste hiciera un discurso crítico acerca de la corrupción gubernamental en Chihuahua, cuando fue el encargado de combatirla y cuyos resultados dieron pie para que se le ridiculizara debido a su promesa de “pescar tiburones” de la corrupción y al final, decían sus detractores, ni “charales” había pescado.
¿Cómo hablar de la corrupción en los puestos de gobierno, si fue el gobernador de la “nómina confidencial”, escondida de tal manera que sólo una acuciosa investigación periodística la mostró a la sociedad chihuahuense?
¿O la millonada entregada a los funcionarios del primer nivel, al término de su mandato, sólo porque salían del gobierno, también escondida a una sociedad que había esperado, anhelante, que su gobierno fuera radicalmente distinto a los gobiernos emanados del PRI?
¿Y las muertas de Juárez? ¿Cómo no recordar eso -y a lo mejor ello sea malo, el recordar- y que ahora, fuera del gobierno, es un férreo perseguidor de las corruptelas de la actual administración?
Hartos de la clase política, muchos mexicanos -los chihuahuenses por extensión- ansían encontrar en esfuerzos como el de Unión Ciudadana (UC) un espacio para poner límites a los excesos de la autoridad, al uso indebido de los recursos públicos y que estas agrupaciones no se conviertan en meros instrumentos electorales, como los priistas insisten en ubicar a UC, en el intento de desacreditar la denuncia de los supuestos o reales casos de corrupción de la administración estatal que, afortunadamente, deberán dilucidar las autoridades prejudiciales y judiciales federales, instancias a las que deberá acudir, también, el gobernador Duarte, en un ejercicio del cual la única triunfadora será la sociedad chihuahuense pues el gobernante podrá demostrar que, efectivamente, es inocente del cargo de enriquecimiento ilícito, es decir, que los montos económicos usados para la creación de un fideicomiso -cuya existencia ya admitió en declaraciones públicas- tienen una génesis legal.
Abatidos sobre nosotros los tiempos electorales, a su vez, los principales animadores de la Unión Ciudadana deberán demostrarnos que no pesaba en su ánimo al darle origen y al participar en ella, la pretensión de buscar nuevos espacios electorales.
Por desgracia, para él, esto será determinante para Javier Corral, quien es acusado de realizar éstas y otras acciones sólo con el afán de alcanzar, nuevamente, la candidatura de su partido al gobierno estatal.
Nadie podrá desconocer el derecho legítimo del senador y sus simpatizantes de buscar tal posición, lo que sentaría un sano precedente sería que se hiciera a un lado (así sea momentáneamente) de la Unión Ciudadana, en caso de ser cierta tal pretensión, lo que acarrearía que otros actores, en busca de otras posiciones, siguieran esa actitud, lo que generaría un más sano ambiente para el desenvolvimiento de la naciente agrupación.
Y es que ésta nace en un más que difícil momento para el partido gobernante en Chihuahua.
Al evidente rechazo a la actual administración estatal, por un cada vez mayor número de ciudadanos, entre los cuales, por supuesto, se encuentran los electores (llamémosles cautivos) del PAN en Chihuahua y los de la izquierda (no olvidar que López Obrador obtuvo más de 300 mil votos en la pasada elección presidencial) se suman otros factores y hechos; uno de ellos, el transporte urbano, central en la ciudad de Chihuahua pues los usuarios de éste rondan el 20% de la población y al que se le ha agredido permanentemente durante más de un año, sin que se le ofreciera solución al gravísimo problema del transporte de cerca de 200 mil personas al día.
Resuelta la controversia de la ruta troncal, sin que se resolviera la verdadera problemática, la de las rutas alimentadoras, en manos de las mismas manos de siempre, es decir, las cúpulas sindicales de la CTM, han puesto, nuevamente, contra la pared al gobierno de César Duarte, amenazándolo con parar si la tarifa no sube a 10.50 pesos.
En tanto, la inconformidad contra el gobierno crece en los sectores más desfavorecidos y se aúna a la de las capas medias, más inmersas en asuntos como el de la denuncia penal en contra del gobernador y la discusión acerca de la deuda pública de Chihuahua. En verdad es un mal momento para quienes llegaron con muy elevados niveles de aceptación y que les hayan llegados los tiempos que más les importan (acaso los únicos), los electorales.
De auditores y compadres— Fuera de sí, el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, le reclamó al diputado panista, en su oficina, Rogelio Loya, que éste, al momento de argumentar el rechazo de la diputación blanquiazul a la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado, le hubiese llamado “compadre y amigo de la infancia del Gobernador”.
Esparza lo invitaba a viajar a Parral para demostrarle que no se conocieron en la infancia.
Bueno, no, pero hay otros momentos. Esparza fue el responsable administrativo de la Cámara de Diputados cuando Duarte fue presidente de la Mesa Directiva y en la campaña del 2010 fue el responsable de finanzas de ella.
En campaña era el encargado de los dineros y, ya en el gobierno, el de fiscalizar el ejercicio del presupuesto.
Pero Esparza fue elegido prácticamente por unanimidad; en su momento, el Coordinador de los diputados panistas, Héctor Ortiz, dijo que por lo menos tenía una ventaja, “ser muy cercano al gobernador”.
