Por Jesús Cantú
El triunfo arrollador de Nueva Izquierda y sus aliados en la elección interna del PRD dejó claros dos aspectos centrales: uno, como sucedió hace unos meses en el panismo, la burocracia partidista –es decir el grupo que domina al partido– tiene amplio control sobre sus estructuras y, por lo tanto, ventaja para mantenerse en el poder; y dos, por los servicios prestados en el procesamiento de las reformas estructurales, el presidente Enrique Peña Nieto y sus personeros trabajaron en favor de su continuidad.
Estos aspectos se manifiestan a su vez en dos resultados políticos:
Todos los partidos con representación parlamentaria (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Panal) están bajo control absoluto de una persona o grupo que maneja dichos institutos como de su propiedad, se apodera de ellos; esto se refleja en el manejo discrecional de los recursos, la distribución arbitraria de las principales candidaturas y, desde luego, el reparto de las posiciones directivas, lo cual incluye participación en lo económico.
Y dos, el colaboracionismo con el gobierno federal, lo cual le permite a éste impulsar sus reformas constitucionales y legislativas, aunque apenas unos meses antes las mismas habían sido rechazadas por ser contrarias a los principios fundamentales de los partidos opositores.
Con la reelección de Gustavo Madero en el PAN y la de Nueva Izquierda en el PRD, casi seguramente con la presidencia de Carlos Navarrete, la mesa está puesta para que la dinámica establecida durante la vigencia del Pacto por México opere nuevamente, dejando atrás los supuestos agravios contra los panistas –por la reforma hacendaria– y los perredistas –por la energética–. Las descalificaciones y los discursos incendiarios ya están en el olvido y es tiempo de retomar el diálogo y la colaboración, aunque todo sea simplemente una simulación para sacar adelante el proyecto que imponen el presidente y sus personeros.
Aunque en materia de la reforma del Estado las principales modificaciones constitucionales y legales todavía están pendientes, para el presidente y sus personeros el ciclo legislativo llegó a su fin y ahora es momento de la aplicación de las mismas. Tanto en las entrevistas radiofónicas y televisivas como en los promocionales con motivo de su segundo informe, Peña Nieto repitió insistentemente que las 11 reformas constitucionales y legales constituían la nueva plataforma desde la cual –ahora sí– se podría retomar un crecimiento sostenido para el país. Así, según el diagnóstico presidencial, el periodo legislativo ya quedó atrás y ahora es el momento del Ejecutivo.
Pese a ello seguramente requerirá la colaboración comprometida de los grupos parlamentarios de oposición, particularmente del PAN o del PRD, para resolver algunos de los asuntos que están por definirse.
Entre los más inmediatos están la designación de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos, cuya actuación será determinante para el futuro de la reforma energética. Y como ha sucedido con todos los órganos de gobierno de los organismos autónomos, todo indica que se integrarán a través de las cuotas partidistas y estarán sometidos a la línea del Ejecutivo, como ha sido manifiesto en las decisiones trascendentales que han tenido que enfrentar en estos meses los organismos ya constituidos, entre los cuales destaca el rechazo de la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno del IFAI y el Ifetel para interponer una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional contra la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.
Pero seguramente el presupuesto federal, el déficit y la deuda pública serán temas que anualmente obliguen al gobierno federal a requerir del auxilio de al menos uno de los grupos parlamentarios del PAN o del PRD. También la designación del titular del nuevo Ministerio Público y de las fiscalías especializadas en materia electoral y los delitos de los servidores públicos.
Más allá de los apoyos de los grupos parlamentarios, la colaboración que puedan desarrollar las tres fuerzas políticas con mayor participación electoral será fundamental también para la formación de los consejos en los órganos estatales electorales. Con la información disponible, en esta etapa del proceso de designación de sus integrantes es evidente que muchos de los personeros de los partidos políticos todavía tienen posibilidades de ocupar una plaza, así que habrá que ver cómo se las reparten las dirigencias partidistas, pues las opciones son variadas, pero salvo algunas entidades tripartidistas, en la mayoría los arreglos serán entre dos institutos políticos.
La cartelización de los partidos políticos se fraguaba desde los sexenios panistas. Lo cierto es que no fue sino hasta éste cuando se concretó en ámbitos ajenos a la arena electoral.
En la reforma constitucional de 2007 los partidos sentaron las bases de esta cartelización al garantizarse un altísimo financiamiento público y un incremento desmedido en sus prerrogativas políticas, particularmente en lo relativo a su presencia en radio y televisión.
En 2003 se habían hecho evidentes las cuotas partidistas en la formación de los órganos que pasan por la designación o ratificación del Congreso, pero fue en este sexenio cuando se concretó el intercambio de apoyo parlamentario por “bonos extraordinarios” o “manos libres” para traficar con los recursos públicos.
La relación clientelar entre los dirigentes de los partidos políticos de oposición y el gobierno federal se expresa en este intercambio de apoyos: votos en el Congreso por dinero para las bancadas, reformas estructurales por apoyo para la reelección de los dirigentes partidistas, creación de nuevos órganos con autonomía constitucional por plazas en sus juntas de gobierno, reestructuración de los órganos electorales estatales a cambio de posiciones en los consejos… y tantos otros que hoy todavía no salen a la luz o no se les han ocurrido a los principales actores políticos.
Lo evidente es que Peña Nieto ganó las elecciones de las dirigencias de las dos principales fuerzas políticas de oposición y aseguró el apoyo a sus propuestas, proyectos y programas, siempre que esté dispuesto a pagar por él. Es una relación clientelar y de complicidad en la cual lo menos importante es el bienestar nacional. El Pacto por México se mantendrá vigente sin importar su formalización o su denominación. Lo que importa es que sea la instancia privada de negociación que permita sacar las iniciativas presidenciales.
Fuente: Proceso
