Por Jessie Hellman/ AP
Angel Ramos, de 20 años, llegó a Indiana con sus padres y una hermana menor desde Uruapán, estado mexicano de Michoacán, cuando tenía ocho años.
Su familia vino a Estados Unidos por las razones de siempre: para trabajar y darle una vida mejor a él y su hermana, indicó Ramos.
Cursó estudios desde el cuarto grado y completó la secundaria en la Kokomo High School en el 2010.
Ahora trabaja con su padre como contratista independiente, haciendo muebles para casas, sobre todo puertas, marcos y armarios.
No ganan mucho dinero, ni por asomo las cifras necesarias como costear estudios universitarios desde que se aprobó la ley HB1402 en el 2011.
Esa ley exige que estudiantes como Angel, que se encuentran en el país ilegalmente, paguen matrículas de no residente. Antes de la aprobación de esa ley, la matrícula en la Indiana University Kokomo era de 198 dólares el crédito, una cifra moderada.
“Estaba a nuestro alcance”, declaró Ramos al Kokomo Tribune (http://bit.ly/1419UH9 ). “No era fácil, pero lo hubiéramos podido hacer. El (su padre) se haría cargo del trabajo y yo estudiaría y lo ayudaría”.
Llegó a tomar cursos de orientación y se matriculó en clases de bellas artes en la universidad local antes de que la aprobación de la ley y la realidad le diesen un duro golpe.
“Estaba empezando a entusiasmarme. Pero una noche llego a casa, sintonizo un noticiero y veo chicos de mi edad en la legislatura, protestando una nueva ley rubricada por el gobernador Mitch Daniels”, relató. “Posteriormente descubrí que la ley impedía que gente como yo pagase matrícula de residente”.
Angel hubiera tenido que pagar matrícula de no residente de 563 dólares el crédito para asistir a la universidad.
“Hablé con mi padre, me miró y me dijo ‘no podemos pagar esas sumas”’, expresó Ramos.
Quedó destrozado.
Dice que se siente tan estadounidense como el que más y no entiende por qué lo obligan a pagar matrícula de no residente en un estado en el que ha vivido la mayor parte de su vida.
“No nací aquí, pero me crié aquí”, expresó. “Fui a escuelas de Estados Unidos, hice viajes escolares, tengo amigos estadounidenses, veo películas estadounidenses, todas las mañanas juré lealtad a Estados Unidos (en la escuela)”.
Para estudiantes como Ramos, la HB1402 hizo que la universidad resultase dos o tres veces más costosa, difícil de pagar para jóvenes que tampoco puede recibir asistencia financiera estatal ni federal.
Cuando la ley entró en vigor el 1ro de julio del 2011, los estudiantes tenían dos opciones: pagar matrícula de no residente o esperar que el Congreso aprobase una reforma a las leyes de inmigración. Posteriormente surgió otra posibilidad: acogerse al programa del presidente Barack Obama que deja en suspenso las deportaciones de los dreamers, o soñadores, como se denomina a los jóvenes como Ramos que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños.
En la actualidad, 26 de los 5.302 estudiantes de la Ivy Teck Kokomo han dicho no ser ciudadanos. La casa de estudios, no obstante, no sabe cuántos de ellos están en el país sin permiso, según Steve Whikehart, director interino de admisiones.
Indicó que podrían ser estudiantes internacionales con los papeles en regla, refugiados o tener algún otro tipo de visa.
Ivy Tech no investiga el estatus de las personas que dicen no ser ciudadanas y les cobra matrículas de no residente, 250 dólares el crédito. Los centros de estudio no están obligados por ley a verificar el status legal de los estudiantes.
Sin personal suficiente ni recursos para verificar la residencia legal, asume de buena fe que el estudiante tiene sus papeles en orden.
“Si tuviésemos pruebas fehacientes de una agencia seria, entonces sí tendríamos que iniciar una investigación”, dijo Whikehart.
Es por ello que puede que haya estudiantes que están en el país sin permiso legal y que pagan matrícula de residente, acotó.
El vicerrector de la Indiana University Kokoma Todd Gambil dijo que no sabe cómo se verifica el status legal de un estudiante.
“No sé qué haríamos si comprobamos que alguien mintió porque nunca tuvimos que lidiar con esa situación”, expresó.
Mark Land, vicepresidente asociado de asuntos públicos y relaciones gubernamentales de la Indiana University Bloomington, dijo que esa universidad y sus distintos campus no “persiguen” a los estudiantes para comprobar si tienen residencia legal.
No tenemos los recursos para investigar a todos. Asumimos que dicen la verdad”, manifestó Land. “Supongo que podríamos tomar medidas legales si alguien miente en un documento, pero no es algo que hagamos activamente”.
“Nuestra posición siempre ha sido que estos chicos han estado aquí la mayor parte de sus vidas, han hecho las cosas bien, y se encuentran en un meollo que no crearon ellos”, dijo Land. “Nuestra preocupación es que tengan calificaciones académicas para entrar a nuestra universidad. Cumplimos las leyes porque tenemos que hacerlo, pero la residencia legal es algo que nunca nos interesó en el pasado”.
Solamente otros dos estados, Arizona y Georgia, prohíben a estudiantes con un status legal irregular pagar matrículas de residente. Colorado aprobó una ley similar en el 2008, pero la abolió este año.
La aprobación en el Senado de la ley SB207 abrió nuevas posibilidades para estos estudiantes, al permitir que paguen matrícula de residente quienes estaban registrados antes del 1ro d julio del 2011.
La ley favorece a jóvenes como Erick Gama, de 22 años, residente en Indianápolis y quien fue traído de México cuando tenía diez años.
“Es algo bueno. Me sorprendió que (la HB1402) no abordase nuestros casos de entrada”, comentó. “Me alegro, porque este será mi último semestre y podré pagar matrícula de residente en lugar de matrícula de no residente, que es de 6.000 dólares para dos clases”.
Cuando se aprobó la HB1402, Gama acababa de completar su segundo año en la universidad de Indiana en Bloomington, en la carrera de diseño. Dado que no tenía documentos legales, fue obligado a pagar matrícula de no residente.
Decidió tomar menos cursos para reducir los costos y recibió ayuda financiera de la familia.
“Tomé las clases que más necesitaba, las de mi carrera, y después empecé a tomar tres clases por semestre”, relató. “Tomé clases de Ivy Teck por internet y luego transferí los créditos a la Indiana University. Me debí haber graduado en mayo, pero lo haré en diciembre”.
Le gustaría que le devolviesen el dinero extra que pagó como no residente e incluso dice que tal vez hubiera sido mejor dejar de ir a clases de haber sabido que aprobarían la SB207.
“(La HB1402) Fue una legislación perversa porque impidió que los inmigrantes indocumentados obtuviesen educación terciaria”, se quejó Gama. “Ya es bastante duro de por sí lo de la asistencia financiera porque no podemos solicitar ayuda federal ni estatal, y tener que buscar becas privadas”.
Ramos espera conseguir el permiso de trabajo que solicitaron él y medio millón de personas más a través del plan de suspensión de deportaciones de Obama.
Así podrá buscar un trabajo normal y ahorrar para los estudios.
Por ahora Ramos está en un compás de espera, ya que solicitó el permiso en febrero.
Dice que no sabría cómo sobrevivir si fuese enviado de vuelta a México.
“No soy de allí”, expresó. “Soy de aquí”.
Fuente: AP
