Por E.J. Támara/ AP
“Lo estoy pensando”, dice Vanessa Reséndiz, una mexicana de 20 años que no sabe si acogerse al programa que deja en suspenso las deportaciones de los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños.
“El asunto conmigo es el dinero. Si lo tuviera, enviaría mi solicitud”, expresó. “Financieramente, no estoy segura sobre lo que tengo que hacer”.
Muchos jóvenes como Reséndiz, conocidos como “dreamers”, o soñadores, y numerosos centroamericanos que tienen sus deportaciones suspendidas al amparo del programa conocido como TPS enfrentan el mismo dilema: acogerse a esos beneficios, lo que conlleva ciertos gastos, o esperar a que se apruebe una reforma a las leyes de inmigración que resuelva definitivamente su situación inmigratoria.
No aprovechar ese beneficio, sin embargo, podría ser un gran error, según activistas y funcionarios de gobierno, quienes resaltan que tanto “dreamers” como centroamericanos con TPS tienen suspendidas sus deportaciones y gozan de permisos de trabajo.
Defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles y diplomáticos centroamericanos, no obstante, dicen que mucha gente no se está acogiendo a esos beneficios en momentos en que está a punto de vencer el plazo para que hondureños y nicaragüenses renueven sus permisos temporales de permanencia en el país. Ese plazo vence el lunes 3 de junio.
A un año de la aprobación de un programa que deja en suspenso las deportaciones de los “dreamers”, muchos de ellos tampoco están buscando el amparo de esa iniciativa.
Hasta el 26 de mayo menos de la mitad de los hondureños y nicaragüenses con TPS habían solicitado la renovación de sus permisos (31.932 de 64.000 hondureños y 1.401 de 3.000 nicaragüenses), de acuerdo con el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
El plazo de renovación para salvadoreños, anunciado el jueves, será del 30 de mayo al 29 de julio. El TPS para estos tres grupos dura 18 meses.
“Es inusual que un número tan alto de nicaragüenses con TPS esté todavía por renovar”, dijo Julio Cardoza, presidente ejecutivo de Casa Nicaragua, con sede en Los Angeles.
Las cifras de los “dreamers” son parecidas. Menos de un tercio de los 1,7 millones de jóvenes que según el Centro Hispano Pew podrían acogerse a ese programa han presentado solicitudes de suspensión temporal de sus deportaciones. Al 9 de mayo, el servicio de inmigración había recibido 498.000 solicitudes, de las cuales casi 292.000 han sido aprobadas.
Muchos “dreamers” y beneficiarios de TPS no se han acogido o renovado sus permisos por falta de recursos económicos o porque quieren ahorrar el costo de solicitud en la esperanza de que se apruebe la reforma a las leyes de inmigración, dijeron activistas y funcionarios entrevistados por The Associated Press.
Patrick Young, director de programas y abogado del Centro para Refugiados Centroamericanos, en Long Island, Nueva York, dijo que muchos de sus clientes con TPS le han preguntado si vale la pena gastar los 465 dólares que cuesta la renovación de cada permiso o si es que es mejor esperar por la nueva ley. El costo es particularmente prohibitivo para familias de bajos recursos en las que varios miembros pueden acogerse a esos programas.
“Tuvieron muchas preguntas pero cuando les explicamos las cosas, entendieron que lo mejor era proseguir con la renovación”, manifestó Young.
La aprobación de una reforma no es segura, según los sectores que exhortan a dreamers y centroamericanos con TPS a que renueven sus permisos.
“Estamos tratando de informar a los ‘dreamers’ de que no se confundan, la propuesta de reforma migratoria no es nada fijo”, dijo Carlos Amador, miembro de la junta directiva de la coalición nacional de dreamers United We Dream. “La ‘deferred action’ (suspensión de las deportaciones de los dreamers) los puede ayudar a evitar ser deportados, a agarrar trabajo y posiblemente a regularizar su estatus migratorio de manera rápida”.
Por otro lado, si la reforma fuera aprobada tal como ahora está escrita en el proyecto que estudia el Senado, estos dos grupos de inmigrantes resultarían más beneficiados porque podrían solicitar la residencia permanente en cinco años, en comparación a los 10 que tendría que esperar la mayoría de inmigrantes. Pero para esto, tienen que estar acogidos a sus respectivos programas.
La propuesta de ley de un grupo de ocho senadores demócratas y republicanos fue aprobada la semana pasada por el Comité Judicial del Senado y próximamente será discutida en el pleno de la cámara alta. Se prevé que su prueba más fuerte será en la cámara baja, controlada por republicanos.
“Si nos dan una reforma migratoria qué bueno, pero por mientras este permiso está bien porque lo necesitamos para trabajar”, dijo la hondureña Alba Amaya en el consulado de su país en Los Angeles, adonde llegó para renovar su TPS.
Los “dreamers” que se acogen al programa de alivio migratorio serían los más beneficiados con la propuesta de los senadores porque podrían solicitar la nacionalización inmediatamente después de obtener la residencia permanente, sin esperar tres años, como la mayoría de los inmigrantes sin papeles que obtengan el permiso de residencia.
“A los ‘dreamers’ les estamos diciendo que no esperen, que soliciten la deferred action puesto que (de aprobarse la reforma), tendrían grandes beneficios”, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos, con sede en Los Angeles.
Defensores de inmigrantes están resaltando estas posibles ventajas al hablar con gente con dudas pero, sobre todo, están enfatizando que la propuesta de reforma es sólo eso, una propuesta que puede ser aprobada o quedar en nada.
“Ojalá los receptores de TPS sólo estén esperando hasta último minuto para renovar sus permisos. Ojalá no estén confiados en la reforma”, dijo Vivian Panting, comisionada especial de Asuntos Migratorios para Honduras.
Fuente: AP
