Por Francisco Javier Pizarro Chávez.
A un año de la abrumadora derrota electoral del 1 de julio de 2018, los partidos políticos adversarios a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, no han logrado superar su fracaso político.
La pérdida del poder presidencial de los partidos dominantes -PRI y PAN- que tenían el control hegemónico legislativo federal y estatal y en la mayoría de las entidades federativas y municipios, se convirtió en toda una pesadilla para ellos.
Cierto es que en las elecciones intermedias recientes para la elección de gobernadores, ayuntamientos y diputados locales, el PAN, tuvo un leve respiro al obtener la mayoría de las presidencias municipales de Durango –gracias a las fallidas candidaturas y disputas internas de Morena–y lograr la mayoría de curules en Tamaulipas y Aguascalientes, pero perdieron la gubernatura de Baja California que durante 30 años encabezaron y tampoco lograron arribar a la de Puebla, como proclamaban.
Los resultados del PRI Y PRD fueron como nunca en su historia, totalmente marginales. La presunta refundación de ambos partidos está en el limbo. El tricolor enfrenta una abierta disputa en la elección de su próximo presidente de su Comité Ejecutivo, que ha generado la renuncia de varios de los que aspiraban, entre ellos el Dr. Narro, quien denunció que se había alterado en varios estados el listado de afiliados para favorecer al gobernador con licencia de Campeche, AMLITO.
El Partido de la Revolución Democrática está en un grave proceso de disolución, a tal grado de que varios de los senadores y diputados que obtuvieron una curul en las elecciones federales, han renunciado de su grupo parlamentario y otros, se han afiliado a Morena o el PAN.
El blanquiazul por su parte, también ha enfrentado la fuga de varios de sus militantes y ex dirigentes que buscan fundar nuevos partidos, como es el caso de Felipe Calderón y su esposa, quienes no han logrado atraer los suficientes seguidores o potenciales militantes, para lograr el registro Legal del Partido México Libre, que promueve.
En síntesis: el sistema de partidos políticos en México está en un serio proceso de desmantelamiento, pero no porque se haya modificado su umbral legal, que les dio vida, sino por la derrota en que quedaron inmersos, la falta de credibilidad de los ciudadanos en ellos, sus ambiciones de poder, su supeditación al régimen político autoritario, centralista y corrupto al que todos se adhirieron.
Morena es hasta hoy una corriente política hegemónica en el ámbito electoral, pero dista mucho de ser un partido político. Continúa siendo un movimiento y como tal, es un imán que atraer a muchos grupos diversos y militantes oportunistas provenientes de los fracasados partidos antes mencionados, a los que les tiene sin cuidado la 4ta Transformación. Su interés es otro: arribar a como de lugar al poder ya sea el ejecutivo o el legislativo en cualquiera de sus niveles, o al menos, ocupar un “hueso” en alguna dependencia de gobierno.
La verdadera oposición del actual gobierno
En ese contexto, la oposición real al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no son los partidos, que como es de dominio público, son minoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores y a querer o no, se han allanado a la mayoría de las bancada de Morena y sus comisiones, en particular en el Senado, en la aprobación de las políticas públicas y reformas constitucionales de la 4ta T.
La genuina y beligerante oposición ahora es otra: la oligarquía financiera, los grandes magnates de la iniciativa privada, las Organizaciones no Gubernamentales que durante muchos años han patrocinado con recursos no solo privados sino también públicos.
La bandera principal de AMLO de abatir la corrupción y la impunidad, eje central de la 4ta transformación, les causa a todos ellos escozor y rabia.
El primer encuentro entre el poder político y el poder económico y financiero nacional e internacional, se generó con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, cuyos inversionistas se han amparado.
El segundo, encontronazo con el Presidente, fue el rescate del Estado de Pemex y la instalación de dos refinerías en Dos Bocas en Tabasco y el combate a las Huachicoleros que durante años saquearon los ductos de gasolina y las gasolineras que vendían litros incompletos del combustible a un alto costo y se surtían de la gasolina robada.
Proclaman a diestra y siniestra que está en puerta un caída de la exportación del petróleo, aduciendo que en el mes de mayo se redujo de un millón 700 barriles diarios a un millón 600 mil barriles, pero no dicen que tan solo en el sexenio del ex presidente Enrique Peña, si hubo un drástica caída de los 3 millones 700 mil barriles diarios que extraía Pemex al iniciar su mandato, a un millón 700 mil que heredó a la actual administración.
Día tras día vaticinan también que México está en riesgo de una “grave crisis económica a consecuencia de la caída de la Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo, la inflación y el desplome de los bonos financieros”.
Lamentan acremente la pérdida de las prebendas y canonjías que el gobierno anterior les otorgaba vía la condonación de impuestos y lamentan en que ya no puedan seguir expidiendo miles de facturas falsas, que la SHCP ha revelado recientemente.
Por supuesto, también están molestos de que se haya puesto orden en el sector salud en la compra de medicamentos con precios inflados por las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales.
En pocas palabras, están empeñados en crear un clima de “Temor, desconfianza e incertidumbre” en el ámbito económico y financiero.
Contrapesos Institucionales y contraposiciones de organizaciones civiles.
Es público y notorio que el Poder Judicial ha arropado y protegido con el argumento de “la división de poderes y la autonomía” a ex funcionarios corruptos que la Fiscalía General de la Republica, ha denunciado por gravísimos actos de corrupción.
Están molestos por la rebaja de sus sueldos todos y algunos por la pérdida de sus prebendas ilícitas otorgadas por funcionarios corruptos y narcotraficantes, que los hicieron multimillonarios, como se ha dado a conocer recientemente.
Es claro que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de Distrito y Jueces están anteponiendo sus intereses personales al interés público.
Se opusieron abiertamente a la “austeridad republicana”. Más de 5 mil 600 funcionarios del poder judicial y organismos autónomos, recurrieron al amparo, con el argumento de que la ley de austeridad “vulnera la autonomía, independencia y división de poderes” establecidos en la Constitución.
No es casual que hayan sido los senadores del PRI, el PAN y el PRD, quienes interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia la “inconstitucionalidad” de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y que un magistrado haya declarado su nulidad.
Cierto es que la función jurídica de la Suprema Corte de Justicia debe ser garantista de los derechos individuales de los ciudadanos, pero no de los corruptos y delincuentes.
Por su parte, las mal llamadas “organizaciones civiles” han apelado “a los valores democráticos” establecidos en la Carta Magna, para blindarse de la 4ta Transformación.
A través de medios de comunicación, foros nacionales e internacionales y con el apoyo de analistas e intelectuales orgánicos defensores del régimen político anterior y del modelo neoliberal, pretenden vender la idea de que el gobierno en turno es autoritario y regresivo y está vulnerando el Estado de Derecho, la división de poderes, el federalismo, la autonomía de las entidades federativas y los municipios, lo que es una falacia tanto desde el punto de vista teórico como político.
La constitución no es solo un ordenamiento jurídico de atribuciones y facultades de los tres poderes de la Unión—como ellos la conciben–, sino ante todo un pacto social postrevolucionario para crear un sistema político e institucional que defienda la soberanía de la nación, y el derecho de los ciudadanos a elegir y controlar a sus gobernantes.
Hay que preguntarles, a estos “defensores del Estado de Derecho” que durante varias décadas lo que prevaleció fue el presidencialismo, no la división de poderes, el centralismo, no el federalismo, los fraudes electorales, no el sufragio efectivo, la corrupción y la impunidad, no el cumplimiento de las leyes y la justicia, que se acotaron derechos fundamentales plasmados en los artículos 3º, 27 y 123 constitucionales, que se vulneraron sin recato algunos los derechos humanos y privatizaron y enajenaron con sus mal llamadas “reformas estructurales”, las riquezas naturales del país como el petróleo, la energía eléctrica, los metales preciosos, el gas y la energía eléctrica.
Los retos de AMLO
El presidente de la República a un año de su gobierno enfrenta no solo los desafíos antes mencionados sino también tres graves crisis humanitarias a las que considero debe poner especial atención: la inseguridad y la violencia que mes a mes crece más y ha sembrado una estela de muertos que supera ya los 250 mil personas; la desaparición de 46 mil mexicanos, muchos de los cuales han sido localizados en fosas clandestinas; los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que fluctúan arriba del medio millón.
México está inmerso en complejo proceso de cambio con la 4ta Transformación. Se requiere paciencia, mediación y diálogo abierto con todos los actores políticos y sociales para reformar – no parchar– la Constitución, crear un nuevo entramado institucional eficiente y honesto, crear un Tribunal de Control Institucional para evitar conflictos de gobernanza y gobernabilidad entre los tres poderes de la Unión, consolidar un auténtico Estado de Derecho, una Democracia Representativa y Participativa, un entorno social de Justicia, legalidad y legitimidad, que ponga por delante el interés público de la sociedad al interés particular de políticos, potentados y ficticias organizaciones civiles.
Veremos y diremos.
