Por Jorge Eduardo Navarrete
Hace poco menos de un año comparecí ante el distinguido jurado que se encargó de seleccionar, entre un conjunto de aspirantes previamente depurado, a los finalistas del proceso de designación del consejero presidente y de los primeros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Afirmé, con base en un ensayo ad hoc, que el mayor déficit remanente del extendido proceso de construcción institucional de la democracia electoral en México era la amplia y persistente falta de credibilidad de las actuaciones y decisiones de la autoridad electoral. Señalé que ésta se refería, principal pero no únicamente, a los resultados proclamados de los comicios. Hablé, en consecuencia, de la prioridad que debía otorgarse a eliminar tan notoria insuficiencia de verosimilitud. Sugerí la conveniencia de adicionar la credibilidad como un séptimo principio rector del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, con igual rango a los seis ya enumerados en la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Aún más, sostuve que concentrar la labor del INE en tornar verosímil el conjunto de su desempeño sería la mejor manera de contribuir a la consolidación definitiva de la democracia electoral mexicana. Propuse, como criterio para apreciar las acciones del INE, considerar positivas a las que abonasen a su credibilidad –como dar cuenta cabal del alcance y contenido de sus deliberaciones, más allá de las que por ley han de ser públicas–, y negativas a las que la demeritasen –como el tono de elogio en boca propia y la tonada paternalista de algunos de los comerciales que actualmente difunde–. Menciono sólo dos ejemplos, hay muchos más, en un sentido y en el otro. Es claro que, a la vuelta de 12 meses, lo que se percibía como un déficit se ha convertido en un ancho y profundísimo abismo de credibilidad.
Ahora, como informó el martes último La Jornada, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –órgano al que compete calificar la legalidad de las elecciones y la validez de sus resultados– reconoce que los comicios de junio de 2015 tendrán lugar en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales. El magistrado Flavio Galván Rivera considera que hay una crisis en las instituciones a escala nacional; obviamente el tribunal y el Instituto Nacional Electoral están incluidos, pues la crisis alcanza al conjunto de la nación. Opina que está en manos de la ciudadanía hacer que el proceso electoral sea confiable. Estima el magistrado que la muy amplia participación ciudadana en las operaciones de recepción y conteo de los votos emitidos en las casillas en la jornada electoral es, por sí misma, garantía suficiente de credibilidad. O al menos debería serlo. Lo impide, a su juicio, nuestra cultura de la desconfianza e incredulidad. Se pregunta: “Si los ciudadanos participan en las mesas de casilla y realizan correctamente sus actividades, ¿cómo pueden dudar de lo que pasó en la jornada?’’ Y alecciona:Necesitamos educar a la ciudadanía, a niños, jóvenes y adultos, para que aprendan a creer en las instituciones.
Se ha puesto en boga calificar de rasgos culturales algunas falencias de las conductas individuales y sociales de los mexicanos. No hace mucho se afirmó que las acciones deshonestas pueden entenderse como manifestación de la cultura de la corrupción. Ahora se afirma que denunciar la falta de credibilidad de dichos y acciones de algunas instituciones es expresión de una cultura de la desconfianza y la incredulidad. Por otra parte, se ha vuelto común afirmar que el manejo y solución de diversos problemas nacionales corresponde, no a los servidores públicos abocados a atenderlos, sino al conjunto de los mexicanos. Se intenta salvar de este modo la responsabilidad oficial por la insuficiencia de recursos y los defectos de los servicios a cargo de instituciones públicas.
A diferencia de lo que afirma el magistrado, en casos recientes, documentados con suficiencia, se halla que la falta de credibilidad no se origina en lo ocurrido en diversas jornadas electorales, sino en lo ocurrido antes de ellas y, también en buena medida, en mucho de lo ocurrido después de esas jornadas. Por lo general las objeciones planteadas ante los procesos electorales y sus resultados no aluden a lo que hacen los muy numerosos ciudadanos que actúan en las mesas de casilla, sino a las acciones y omisiones de la autoridad electoral, tanto el tribunal como el instituto. La responsabilidad de tornar verosímiles los procesos electorales corresponde, en primer término, a los integrantes de los órganos que preparan, realizan y califican los comicios. Para eso se les paga, y muy generosamente, por cierto. Es claro, sin embargo, que la responsabilidad de consejeros y magistrados va mucho más allá de desquitar mínimamente su sueldo.
El abandono de una sesión de Consejo General del INE por siete de los 10 representantes de partidos políticos que son parte de ese órgano, en días recientes, se produjo ante la decisión, por la mínima de las mayorías, de diferir la consideración de una cuestión urgente que tiene que ver con la equidad de las campañas. Si faltasen meses para la elección, podría suponerse que posponer una semana el asunto no tendría mayores consecuencias; cuando faltan sólo tres, posponer es procrastinar: diferir dolosamente la consideración de un asunto para afectar su resolución. No abona en mucho a la credibilidad del INE esta proclividad para demorar asuntos que conciernen al PRI o, como en este caso, a alguno de sus adláteres, contrastado con la presteza con que se examinan y aprueban quejas contra los partidos opositores, planteadas por partidos o personalidades que se consideran ofendidas.
Como tantos otros asistentes a salas de cine, he sido repetidamente agredido por anuncios demagógicos y falaces del Partido Verde Ecologista de México, más homicida que ecologista por su devoción a la pena de muerte. Se me ha dicho que, desde diciembre de 2014, el INE ordenó el retiro de tan ofensiva propaganda, sin lograr que se obedezca su acuerdo o resolución al respecto (cuyo texto fui incapaz de localizar en el portal del instituto). Ante hechos como este, más allá del número de ciudadanos que participe leal y eficazmente en las casillas el día de las elecciones, seguirá ampliándose y ahondándose el abismo de credibilidad de las autoridades electorales mexicanas.
Fuente: La Jornada
