Por Luis Javier Valero Flores
Los acontecimientos de los días presentes nos rebasan. Son de tal magnitud algunos de ellos, especialmente los que tienen como centro a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y sus consecuencias, todas, muestran la grave crisis de la clase política mexicana que como el resto de la sociedad se polariza, aunque debamos reconocer con una mesurada alegría, que quienes protestan y los que rechazan la génesis de esa tragedia son –somos– una inmensa mayoría, pero que muestran –las consecuencias– la profunda insensibilidad que poseen los partidos políticos hegemónicos.
Para muestra dos botones: La insulsa propuesta del presidente Peña Nieto para combatir la crisis de inseguridad pública y la aprobación –fast track– de las reformas que garantizan “el derecho a la movilidad”, justamente para reglamentar las manifestaciones, en uno de los momentos en que un mayor número de personas se movilizan en todo el país.
Es perversa la maniobra. Primero alientan la participación de quienes se dedican a sabotear las manifestaciones (hasta con las sospechas, muy fundadas, de la participación de elementos militares infiltrados en ellas), luego los principales medios de comunicación dedican sus principales espacios y la mayor parte de su tiempo a resaltar los actos vandálicos –organizados frecuentemente por algunas fuerzas de la “oscuridad”– y enseguida aprueban, inopinadamente, una reforma para regular las movilizaciones al grito de que es para garantizar nuestro derecho a “movilizarnos”.
Y todo ello en medio de la peor crisis de credibilidad que presidente alguno haya sufrido en los años recientes. El grito de “Fuera Peña” es la consecuencia de la otra consigna: “Todos somos Ayotzinapa”. Pareciera ser el reflejo de las encuestas que muestran el bajo nivel de aceptación de su gobierno: 6 de cada 10 ciudadanos están en desacuerdo. Esa errática conducta no es privativa de los mandos federales. Por el peso de lo que ocurre en el ámbito nacional, una reforma al Código Penal de Chihuahua ha pasado prácticamente inadvertida.
A principios de noviembre, el Congreso del Estado aprobó modificar el artículo 231 del Código para cambiar la pena por el delito de extorsión, dejó de ser vitalicia para pasar a una pena mínima de 30 y máxima de 70 años de cárcel. Sólo en caso de homicidio doloso contra la víctima se impondrá la pena vitalicia. (Nota de B. Carmona/L. Sosa/P. Mayorga, El Diario, 7/XI/14).
Igual que ocurrió al momento de aprobar la penalidad vitalicia a quienes cometieran ese delito, sin un mínimo estudio que mostrara la efectividad de la penalidad para disminuir su incidencia y violando, además, la disposición constitucional, por el hecho de ser una penalidad “inusitada y trascendental”.
Así, del mismo modo, sin sustento alguno que demostrara –por lo menos desde ese punto de vista, que no es el nuestro– que la imposición de semejante pena hubiese disuadido a los criminales, modificaron la ley, evidenciando, otra vez, por desgracia, el desaseado modo en que el actual grupo gobernante ha legislado.
El Fiscal General del Estado, Jorge Enrique González Nicolás, se atrevió a sostener que la prisión vitalicia había cumplido “con su función y (que) Chihuahua está en condiciones reducir la penalidad”, pero dejó traslucir cual es el verdadero fondo motivador de la reforma a la reforma. Dijo que “con esta pena tan drástica y hoy alineados con temas de derechos humanos y sugerencias internacionales, podemos estar en condiciones de reducir una pena tan alta para la extorsión”. (Ibídem).
Pequeñísimo problema se les va a presentar. Con esa reforma, quienes hayan sido sentenciados con la prisión vitalicia podrán acogerse a la retroactividad de las leyes que les favorezcan y podrán echar abajo, en la práctica, la pena perpetua a la que fueron condenados. Tal beneficio no extingue los que ahora les son negados en la ley, como la preliberación, la remisión parcial de la pena y la libertad condicional, pero sí podría darse el caso que algunos de esos asuntos volvieran a los Tribunales de Juicio Oral que los vieron.
¿Por qué abordar este tema ahora? Ah, po’s es que ese delito alcanzó uno de sus picos más altos en Juárez precisamente cuando la Policía Federal llegó a combatir la elevada incidencia criminal. Al abandonar la ciudad ese agrupamiento policial la incidencia bajó; pero el Presidente Peña ahora quiere tener una ley para combatir la corrupción, solamente, de las policías municipales.
Además, la premura oficial por realizar el cambio legislativo nos lo explica la información del Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo, quien informó que uno de los sentenciados a prisión vitalicia promovió un amparo y está en la vía de ser atraído por “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que un Tribunal Colegiado auxiliar en Zacatecas lo pidió”. (Ibídem).
No es un asunto cualquiera, la SCJN debe determinar si la prisión vitalicia es inconstitucional, “a la luz de la reforma de derechos humanos” y entonces los tratados de extradición –especialmente el celebrado con EU– sería inconstitucional pues aquel país sí tiene establecida la pena perpetua, por lo que “este recurso pudiera ser utilizado por los reos extraditables para ampararse”. ¡Poca cosa!
