El presidente electo Donald Trump está dispuesto a derogar una serie de leyes y teorías legales centenarias para avanzar en su nueva agenda (particularmente en fronteras y derechos civiles) con la esperanza de que la historia esté de su lado cuando surjan los inevitables desafíos legales.
tribunal supremo.
El nuevo presidente dijo que pretende utilizar una ley de 1798 poco conocida y con un pasado sórdido para acelerar las deportaciones, y dejó entrever la posibilidad de activar otra ley que se remonta a la Rebelión del Whisky de 1794 para desplegar tropas en suelo americano.
La inmigración no es la única política en juego: muchos de sus aliados, incluido el vicepresidente electo J.D. Vance abogó por la aplicación de la Ley de Castidad de 1873, que habría prohibido el envío por correo de pastillas abortivas.
Trump presentó estas acciones como una evocación de una era más poderosa en la política estadounidense, sugiriendo que podría usar los poderes firmados por los presidentes John Adams, Thomas Jefferson y otros para enfrentar al “enemigo interno” y llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales.
“Piénselo: tenemos que regresar a 1798”, dijo Trump en un mitin conservador en Georgia días antes de las elecciones de noviembre.
Sin embargo, algunas de las autoridades que Trump está a punto de reclamar tienen una larga historia, y sus llamadas las pondrían en conflicto con la impopular Corte Suprema conservadora, que es vigilada de cerca porque quiere servir como garante de la nueva administración.
“El enfoque de Trump es: ‘Apártate de mi camino'”, dijo William Banks, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse y experto en la Ley de Insurrección.
Banks dijo que la ley de 1807 otorga al presidente “suficiente discreción para poder conducir camiones sin cumplir” los requisitos para desplegar tropas en el país, como hacer cumplir las leyes de inmigración.
“La ley te permite hacer muchas cosas por ti mismo con muy pocas barreras procesales”, añadió Banks.
