Sentado en la mesa de los acusados del Tribunal de Inmigración de Filadelfia, el chico de 10 años miraba hacia sus pies, que apenas si podían tocar el piso. Con sus ojos oscuros, parecía una versión latina de Daniel el Terrible, con un corte de cabello mohicano en lugar de un copete y luciendo una camiseta que dice:
Apellido: Pleito.
Nombre de pila: Busca.
El muchacho, Carlos, entró al país ilegalmente hace ocho meses y fue detenido en la frontera con Texas. Se lo citó a un tribunal para una vista sobre su deportación y se le permitió que en el ínterin viviese con su madre en Kensington, a la espera de que se decida su futuro. Igual que con otros menores mencionados en este artículo, el Inquirer aceptó usar solo su nombre de pila.
Nacido en Honduras, Carlos es parte de decenas de miles de niños menores de 18 años que cruzaron la frontera ilegalmente el año pasado y ahora se exponen a ser expulsados del país. La mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras.
En la frontera al sudoeste de Estados Unidos los arrestos de menores que viajan sin sus padres o custodios legales se han más que cuadruplicado en un año, de 14 mil 855 en el año fiscal de 2013 a 68 mil 445 este año, según el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos.
A lo largo de una jornada este mes, el juez Steven Morley, del edificio federal de las calles Novena y Market, escuchó el caso de Carlos y otros 90 similares.
Nerviosos inmigrantes, la mayoría muchachos adolescentes y unas pocas niñas, colmaron tres largos bancos. En general iban acompañados de un pariente, amigo o custodio legal. De a ratos no había asientos libres y debían permanecer de pie.
Nicole Kligerman, del Movimiento del Nuevo Santuario de Filadelfia, acompañó a Jacqueline, de 14 años, quien llegó hace seis meses de El Salvador, vive con su madre en Filadelfia y cursa el octavo grado.
Rita Páez, directora ejecutiva del Centro Cultural Latinos Unidos, una organización sin fines de lucro de Pottstown, llegó con un muchacho, Gemeria, y una niña, Irma. Los dos tienen 16 años y son de Guatemala. Irma vive con un hermano adulto, Gemeria con un tío.
Metódicamente, el juez Morley le dedicaba tres o cuatro minutos a casa caso, evaluando si estaban listos para ir a juicio y fijando vistas en marzo, cuando escuchará los méritos de cada caso.
“Me gusta tu camisa”, le dijo el juez sonriente a Carlos. El intérprete del juzgado Oscar Zambrano le tradujo las palabras al menor, quien sonrió, lo mismo que una amiga de la familia que estaba a su lado.
Sin que hubiera objeciones del fiscal del Departamento de Seguridad Nacional Joseph Scott, Morley postergó el caso de Carlos hasta dentro de cinco meses, para que se pueda preparar para un juicio. El niño es representado por Elizabeth Yaeger, de HIAS de Pensilvania, que ofrece servicios legales y de otros tipos a inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo.
“Si, estos niños entran por su cuenta”, dijo la directora ejecutiva de HIAS Judith Bernstein-Baker. “Pero lo hacen porque su vida corre peligro en sus países”.
Huyendo de su patria
Defensores de la causa de los niños migrantes dicen que muchos le escapan a la violencia de las pandillas, abusos domésticos y la pobreza. Dependiendo de las circunstancias, esas pueden ser razones para que se les permita quedarse legalmente en Estados Unidos.
Generalmente, los menores quedan bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, que los entrega a patrocinadores –generalmente un familiar– que pueden o no estar residiendo legalmente en Estados Unidos.
Entre enero y fines de agosto, 513 menores fueron ubicados en hogares de Pensilvania, 2 mil 171 en la vecina Nueva Jersey y 168 en Delaware, más al oeste.
Estudios indican que a los niños representados por abogados les va mejor en los tribunales, por lo que organizaciones comunitarias, incluidas HIAS y La Comunidad Hispana, del condado de Chester, reclutan y capacitan a abogados para que los representen.
El mes pasado HIAS dio un curso de un día sobre estrategias para defender a estos niños en Filadelfia al que asistieron 50 abogados interesados en defenderlos sin costo alguno, o cobrando poco dinero.
Uno de los temas abordados fue el Status Especial de Inmigrantes Menores (Special Immigrant Juvenile Status, o SIJS), que despeja el camino para la residencia legal. Se trata de un status creado por el Congreso para niños indocumentados que han sido víctimas de “abusos, negligencia o abandono”.
John Winicov, abogado del programa de asistencia legal de La Comunidad Hispana, dijo que hace poco consiguió que tres guatemaltecos de 17 años fuesen autorizados a quedarse porque habían sido “abandonados por sus padres, se había abusado de ellos y se les había dicho que se fuesen”.
Los tres están viviendo con hermanos o tíos, asisten a clases y se encuentran bien, según Winicov.
Este mes, más de una docena de alcaldes firmaron una carta abierta de Welcoming America en la que se comprometieron a apoyar a los niños centroamericanos que buscan refugio en Estados Unidos.
Welcoming America es una agrupación basada en Decatur, Georgia, que dice tener como objetivo ayudar a que los estadounidenses comprendan a sus vecinos inmigrantes.
Estoy triste
En el tribunal de alfombras azules de Morley, el desfile de niños migrantes continuaba.
Al ver a la abogada Sondra Miller-Wein, quien se presenta con frecuencia en su sala, Morley dijo, “¿cómo está usted hoy, señora Miller-Wein?”.
“Triste, su señoría”, respondió, señalando hacia la sala llena de gente. “Cuando veo esta sala, me deprimo”.
La abogada dijo que su cliente, quien está viviendo con un tío en Norristown, se acogerá al SIJS, pero que todavía no ha presentado los papeles. Morley aplazó su caso.
Al finalizar a las 5:18 de la tarde una jornada que había comenzado a las 8:45 de la mañana, Morley había escuchado todos los casos.
De los 91 casos en carpeta, 25 menores no comparecieron, aunque documentos con distintas direcciones indicaron que algunos de esos menores tal vez no recibieron la citación. El juez dispuso la deportación de aproximadamente una docena de menores.
Fuente: AP
