La mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil optó este martes por reducir la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), de los actuales 12 años y 11 meses a ocho años, 10 meses y 20 días de cárcel. Lula podría lograr prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto a partir de septiembre próximo.
Cuatro de cinco jueces de la Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Brasil respaldaron este martes reducir la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses de cárcel por el caso de corrupción con la constructora OAS, en el que fue sentenciado sin que se presentaran pruebas de su culpabilidad.
Con el resultado, Lula, de 73 años, podría lograr prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto a partir de septiembre próximo. Pero, como responde a otros procesos, puede sufrir nuevas condenas que lo mantengan en la cárcel o regresen tras las rejas, pese a que tenga la resolución de los jueces.
Los ministros Felix Fischer, relator de la operación anticorrupción Lava Jato (Lavado Rápido) y quien propuso reducir la sentencia, Jorge Mussi, Ribeiro Danta y Reynaldo Soares da Fonseca, presidente de la sala, dieron su voto a favor, mientras que un quinto magistrado no participó por tener conflictos de intereses en esta resolución. Los jueces aclararon que su conclusión no es definitiva, ni quita los cargos.
Cristiano Zanin Martins, abogado de Lula, dijo en un comunicado, que el ex presidente “no se ha pronunciado sobre el resultado del juicio, porque entendemos que el único desenlace posible es la absolución de Lula porque no ha cometido ningún crimen”. La decisión de la corte se emitió a solicitud de los letrados del acusado, quienes pidieron anular la condena o reducir la sentencia.
La pena estipulada por Fischer es menor incluso que la aplicada en primera instancia por el ex juez federal Sérgio Moro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública, a nueve años y seis meses o por la corte de apelación en segunda estancia a 12 años y un meses.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado sin pruebas en primera y segunda instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero al ser supuesto beneficiario de un departamento tríplex en Guarujá, litoral del estado Sao Paulo, otorgado por la constructora OAS para obtener contratos con la estatal Petrobras.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula está preso en una celda especial, de 15 metros cuadrados adaptada, de un edificio de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, sur del país, sede del tribunal a cargo de Lavado Rápido.
La defensa del ex mandatario brasileño niega las acusaciones, en función de que el inmueble permaneció formalmente bajo propiedad de la OAS, y acusa que hay una persecución política contra el petísta para impedir que vuelva a ser candidato a la presidencia.
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