El Tribunal Electoral exoneró al Partido Verde Ecologista al determinar que no procede retirarle el registro pese a las múltiples violaciones cometidas en las elecciones de 2014-2015.
Los seis magistrados coincidieron por unanimidad en que las 18 infracciones cometidas por el Verde ya se sancionaron a tiempo y de manera ejemplar, con multas que suman 423 millones de pesos, lo que implica que se le rebajó una cantidad importante de los más de 500 millones de pesos impuestos en dos años.
En respuesta a las impugnaciones presentadas por un grupo de ciudadanos, del PAN, PRD, Morena y legisladores, en ponencia el magistrado Salvador planteó que en lugar de una nueva sanción se ordena al INE sistematizar las faltas cometidas por dicha fuerza política para prevenir que incurra en violaciones similares en 2018.
Varios integrantes de la Sala Superior enumeraron todas las violaciones cometidas por el Verde como la difusión de espots disfrazados de informes de labores, el pago de anuncios en cineminutos antes de que arrancaran las campañas, la entrega de dádivas como kits escolares, papel para envolver tortillas, de mochilas y de las tarjetas Premia Platino, así como el mal uso de datos de los electores, a quienes les enviaron propaganda a sus casas sin su consentimiento.
Sin embargo, todos insistieron que no fueron graves ni sistemáticas como para quitarle el registro a este instituto político.
En la sesión, celebrada esta tarde, el magistrado Manuel González Oropeza, planteó que no es válido sancionar con la “pena de muerte” a un partido después de que ha sido multado en varias ocasiones.
Consideró que tanto el INE como el electorado, al que llamó autoridad máxima en la materia, determinó con sus votos si debe continuar o no el verde con su registro. Pidió no tomar este tipo de decisiones a la ligera y descartó que con sus conductas el Verde hubiese socavado la Constitución desde raíz o hubiese ido en contra de los valores democráticos.
El magistrado Salvador Nava Gómar dijo que si bien fueron graves las faltas fueron sancionadas con multas y tuvieron efecto en la opinión pública. Además, argumentó que dicho partido no ejerció violencia ni alteró el orden público.
La magistrada María del Carmen Alanís se quejó de que hay quienes quieren que lo que no han hecho los ciudadanos en las urnas lo haga el Tribunal Electoral.
Intentó dejar claro que la Sala Superior “no exonera a nadie” y mencionó que dicho partido fue multado con el pago de 423 millones de pesos, que superan los 329 millones de pesos recibidos durante un año como monto de gasto ordinario.
La magistrada hizo ver que eso ha llevado a dicho partido a subsistir mediante fondos privados y créditos.
Flavio Galván hizo una breve intervención para advertir que violarían la Constitución si castigan dos veces al PVEM.
También Pedro Estebán Penagos insistió que se castigó al Verde a tiempo y las sanciones inhibieron la repetición de nuevas faltas.
El magistrado presidente Constancio Carrasco planteó, como lo ha hecho en otras ocasiones, que en el futuro podría legislarse la posibilidad de suspender el registro de algún instituto político si transgrede la ley de manera grave y sistemática.
Fuente: La Jornada
