Por Denisse Dresser
La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. La corrupción que la impunidad alimenta, día tras día, estado tras estado, Secretaría tras Secretaría, empresa tras empresa. Con costos crecientes, dañinos, paralizantes. Es el principal obstáculo para la competitividad del país. Lleva a que quienes gobiernan gasten más dinero en proyectos de construcción y carreteras, los más opacos y los más propensos al cochupo. Lleva al descrédito de las instituciones supuestamente encargadas de prevenirla, incluyendo las procuradurías y los tribunales. Lleva a decisiones de inversión que no buscan beneficio social o rentabilidad sino extracción de rentas. Distorsiona la economía al impedir la innovación y la competencia y la disposición empresarial a asumir riesgos, ya que importa más a quién conoces que cuán talentoso eres. La corrupción ha convertido a México en un país de cloacas.
Como argumenta el estudio La Corrupción en México: Transamos y no avanzamos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la transa es el enemigo público número uno, el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país. Por omnipresente. Por los costos que acarrea. Porque se da a todos los niveles, en múltiples ámbitos, a la luz del día y en lo oscurito. Apreciada, internalizada, socializada e incluso premiada. Permitida tanto por los ciudadanos como por las instituciones que los gobiernan. Y no se da tan sólo en el sector público y por eso hay que definirla no sólo como el uso y abuso del cargo público para provecho personal, sino también como cualquier acto individual que busca una recompensa ilegal. Se necesitan dos para crear corrupción: el que ofrece y el que acepta, el oferente y el demandante. El funcionario o el empresario o el ciudadano.
Hoy, gracias a las cloacas destapadas de la Casa Blanca y la casa de Malinalco y la casa de Ixtapan de la Sal y OHL y tantos casos más, el combate a la corrupción está en la agenda. Pero apenas comenzamos y falta un largo trecho de renovación institucional y cambio cultural para dejar de ser el país que somos. Lejos de Estados Unidos donde, según la revista Public Administration Review, entre 1976 y 2008 más de tres funcionarios al día fueron sentenciados por delitos de corrupción como compra de voto, aceptación de regalos sin reportarlos, o conflictos de interés. Lejos de Brasil, donde el escándalo de Petrobras ha generado más de 25 sentencias a funcionarios por usar su cargo público para obtener un beneficio privado. Lejos de España, donde hay mil 700 causas abiertas por corrupción y más de 500 indiciados. Lejos de Guatemala, donde un presidente acaba de caer por corrupto.
Desde Alabama hasta Sao Paulo. Desde Madrid hasta Illinois. Desde el gabinete presidencial en Brasilia hasta la familia real española. La diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. Aquí se premia en lugar de castigar. Aquí se asegura la longevidad política en lugar del exilio político. Basta con ver a Arturo Escobar del Partido Verde, ahora subsecretario de Prevención del Delito. O a Fidel Herrera, ahora cónsul en Barcelona. O al Niño Verde impune. O a Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, viajando con el presidente. Una larga lista de investigaciones y sanciones pendientes. México ha creado un sistema de incentivos que perpetúa en pacto de impunidad.
Afortunadamente la corrupción ha dejado de ser un fenómeno ignorado. Ya se habla de ella en foros y textos y estudios y en la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se habla de lo que necesitarían hacer las autoridades y los ciudadanos y los procuradores. Ya hay cifras que revelan la profundidad del problema: 63% de los empresarios encuestados por el Imco está de acuerdo en que la corrupción es parte de la cultura de hacer negocios en México. De 72 escándalos de corrupción de los cuales fueron objeto 41 gobernadores mexicanos, sólo 16 fueron investigados. Para las otras 56 acusaciones mediáticas, las autoridades ni siquiera iniciaron una investigación al respecto. De las 16 investigaciones sólo cuatro resultaron en la consignación del gobernador acusado. Mientras que en Estados Unidos tiene una efectividad del 100% al perseguir casos de corrupción, en México sólo se ha investigado el 22% de los casos y tan sólo 5% ciento resultó en una consignación del presunto responsable. Por ello siguen allí Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira, a quienes el gobierno no ha tocado ni con el pétalo de una investigación. El gobierno federal gasta más en comunicar los “logros” de la PGR que en equipar al órgano responsable de combatir la corrupción.
Ahora las esperanzas están centradas en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no funcionará sin fiscales e investigadores independientes. Sin castigos serios que tengan un efecto disuasivo. Sin la sanción social a los corruptos que en lugar de sufrir el ostracismo son invitados a foros y a fiestas. Sin una disrupción en el modelo de negocio del ejercicio del poder. Sin un SAT que en lugar de ocultar información y ofrecer condonaciones fiscales encauce investigaciones por defraudación fiscal –sobre todo entre grandes empresas– y lavado de dinero en contra de funcionarios corruptos y sus cómplices. Sin partidos políticos que estén dispuestos a dejar atrás el mandamiento de “tapaos los unos a los otros”. Sin medios capaces de escrutar al poder en lugar de volverse sus amanuenses. Sin una cultura de la denuncia ciudadana que genere respuestas institucionales en vez de represalias, inacción o silencio.
Para así reducir los alicientes y aumentar los riesgos de los corruptos. Para así encarar y definir y sancionar con claridad qué es un acto corrupto según estándares internacionales. El soborno. La malversación de fondos. El tráfico de influencias. El conflicto de interés. El abuso de funciones. El enriquecimiento ilícito. La obstrucción de la justicia. La colusión. La extorsión. La utilización de información falsa. El nepotismo, el clientelismo y el favoritismo. Conductas cotidianas, habituales, normales dentro de un sistema en el cual porque transamos y no avanzamos. Conductas que habrá que cambiar para que casos como la Casa Blanca produzcan sanciones severas y no exoneraciones inverosímiles.
Fuente: Proceso
