Organismos de Lucha por la Soberanía de Argentina denuncian un largo proceso de ocupación militar de la Patagonia por potencias extranjeras, destacadamente Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. A partir de 2016 comenzó una militarización de esa región negociando oficialmente la instalación de base militares en Tierra del Fuego y el interés específico en la Antártida argentina, en un plan geoestratégico de grandes alcances para Washington. La trágica desaparición del submarino permitió conocer la presencia en la zona de naves y aviones de la NASA, reporta el periódico mexicano La Jornada.
Submarino que explotó estaba en misión secreta con la NASA
De acuerdo con la corresponsal del diario, Stella Calloni, a 12 días de la desaparición del submarino argentino las preguntas giran alrededor de qué clase de misión cumplía el ARA San Juan, que se hizo coincidir su presencia en esa zona, cuando se habían producido no sólo maniobras militares de Estados Unidos y Chile recientemente en el Pacífico sur, sino también en la Amazonia brasileña, para lo cual se sabe que se desplazó la IV Flota estadunidense, que en este caso terminada su misión, se habría dirigido al extremo sur.
Hay demasiadas coincidencias sobre todo también con el viraje que realizaron las fuerzas armadas de Argentina y Brasil bajo los gobiernos actuales de ambos países, instalado el primero por elecciones bajo injerencia externa en diciembre de 2015 y el segundo por un golpe mediático-judicial y parlamentario a mediados de 2016. Ambos países eran claves en el desarrollo de un nuevo proceso cuando se trabajaba en la conformación de un Consejo de Defensa Latinoamericano planteado en el marco de la integración regional independiente del mandato de Estados Unidos, que ahora en menos de dos años ha regresado con mayor poder a esta región.
Además, en la circunstancia actual, organismos de Lucha por la Soberanía denuncian un largo trabajo de ocupación de la Patagonia por potencias donde destacan Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, región que tiene una superficie de casi 800 mil kilómetros cuadrados, que representan un tercio del territorio nacional, y la habitan sólo 4.5 por ciento de la población argentina. Es la región con menor densidad de habitantes de todo el país y agregando la Antártida argentina que forma departamento de la provincia de Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico sur, el área emergida tiene más de un millón 700 mil kilómetros cuadrados, y enormes recursos naturales.
A partir de 2016 comenzó una militarización de esa región negociando oficialmente la instalación de base militares una o dos en Tierra del Fuego y el interés específico en la Antártida argentina, en un plan geoestratégico de grandes alcances para Washington.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suscribió el 31 de octubre de 2016 un convenio con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, para la instauración del Centro de Inteligencia Criminal Regional (CICRE) en la provincia, que sentó las bases para las instalaciones militares que se negociaron con Estados Unidos a espaldas del Congreso.
La trágica desaparición del submarino permitió conocer la presencia de naves y aviones de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA) en Usuahia, Tierra del Fuego donde además en 1995 se formó un acuerdo para instalar en Tolhuin una base para monitorear explosiones nucleares, que no se puso en práctica por la oposición de diversos organismos en el país, pero ahora tiene vía libre.
La Armada niega denuncias de ataque externo
A doce días de la desaparición del submarino ARA San Juan en el Atlántico sur, el vocero de la Armada de Argentina, Enrique Balbi, comunicó que no existe ninguna información sobre la localización de la nave, que se dificultan las maniobras por las condiciones meteorológicas en el área de rastrillaje para hacer descender al minisubmarino, que alcanza hasta 600 metros para el rastreo profundo, y que no se descarta que la situación de los 44 tripulantes sea de “supervivencia extrema”, por lo que pueden continuar con vida.
En tanto, especialistas mencionaron que el agotamiento del oxígeno dentro del submarino sería el factor más crítico, porque la falta de alimentos podría superarse si hubieran sobrevivido. Algunos familiares de los tripulantes comenzaron un ayuno para pedir por su regreso con vida, mientras que para otros ya se habría acabado toda esperanza.
Nuevamente Balbi sostuvo que no existe ninguna información de un ataque externo, algo que circula por las redes, y que en general apuntan a una supuesta acción de las fuerzas armadas británicas que están en la base militar instalada en las Islas Malvinas.
La actual flexibilización de las relaciones entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y Gran Bretaña, permiten que los ocupantes coloniales del Arcipiélago de las Malvinas, hayan marcado una zona de exclusión en plataforma marítima que corresponde a Argentina.
Esto crea contradicciones en las propias fuerzas armadas, que en 1982, durante la dictadura militar, intentaron recuperar las islas, lo que provocó la llamada Guerra del Atlántico Sur, que culminó con la derrota argentina a manos de la poderosa flota británica, apoyada por Estados Unidos.
Hasta ahora, algunos medios que intentan utilizar la tragedia del ARA San Juan, poniendo el acento sobre si fue correcta la reparación de media vida, que se realizó en el submarino durante unos siete años (2008-2015) no han logrado comprobar que no se hayan extremado las medidas de seguridad y de esto tiene documentación la propia Armada y también las empresas alemanas constructoras del submarino.
Rafael Nahuel tenía 21 años. Fue asesinado a tiros por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval a unos 35 kilómetros de Bariloche, el mismo día que se despedían los restos de Santiago Maldonado en 25 de Mayo. pic.twitter.com/E7K8C2GLAd
— Juan Alonso (@jotaalonso) November 26, 2017
El enemigo interno
De la misma manera no puede dejar de advertirse que en esta misma situación, el gobierno de Macri intenta crear en las provincias patagónicas la existencia de “un enemigo interno” como se denuncia aquí y en este caso se eligió a los sectores más débiles, como las 12 comunidades mapuches, que viven desde hace años y son los sobrevivientes de los dueños de estas tierras, víctimas del genocidios de la llamada Conquista del Desierto.
El asesinato el sábado de Rafael Nahuel de 22 años, quien trabajaba en Bariloche y fue a ver a su tía por el desalojo brutal de la comunidad, fue asesinado por miembros de Prefectura Nacional, que le dispararon un balazo por la espalda a los que este lunes respaldó la ministra Bullrich, en este crimen y en la brutal represión a la comunidad mapuche.
Los acusó de pertenecer a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de no respetar la leyes argentinas, pero lo más grave advirtió que hubo un enfrentamiento que nunca existió -como sucedía en los tiempos del terrorismo de Estado- cuando ya se sabe que el balazo que mató al joven fue por un ataque a quienes intentaban escapar de la represión.
“La violación de la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias, los mapuches han tomado la violencia como forma de acción política”, dijo Bullrich, lo que no es cierto. Y agregó que no va a haber diálogo con grupos violentos., en referencia a la comunidad atacada donde estaban niños y mujeres.
Otra de sus frases más repudiadas fue “nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento… Esto es muy importante: esta es una decisión de fondo que implica dónde está la ley y qué tienen que hacer cada una de nuestras fuerzas de seguridad…La gente del sur está protegida y se acabó el mundo del revés”.
Las alarmantes declaraciones de la ministra dejan entrever que le dará vía libre a las acciones que lleve a cabo las fuerzas de seguridad, señalan organismos derechos humanos. La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo a su vez que siempre hay que “dar a los organismos de seguridad el beneficio de la duda”, frase explosiva, como señalan los medios. “Estamos en la misma línea que los que aplicaron el terrorismo de Estado”, denuncian hoy los organismos humanitarios.
Fuente: La Jornada
