Por John M. Ackerman
El viernes 1 de julio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el “tiempo se había agotado” para las movilizaciones magisteriales. Unos días antes el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, utilizó la expresión de Gustavo Díaz Ordaz para señalar que su gobierno había sido “tolerante a extremos criticables” con respecto a las protestas de los maestros y padres de familia.
Las similitudes entre el discurso de los “nuevos” y los “viejos” líderes autoritarios recubren una diferencia de fondo entre los dos momentos históricos. Hoy el sistema autoritario se ve desgastado y agotado. Ya no controla los destinos de la nación como antes.
Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946, el pilar central del sistema de control político ha sido la figura del presidente de la República. El ocupante de Los Pinos se convirtió en el sol alrededor del cual el negocio de la corrupción y la impunidad se administraba en todo el país. El primer mandatario siempre intentaba proyectar una imagen de estadista y se aseguraba de que sus subalternos, secretarios de Estado o gobernadores pagaran los platos rotos de los escándalos que periódicamente interrumpían la narrativa del poder.
Hoy la competencia desleal entre los diferentes integrantes del gabinete presidencial y los gobernadores ha transformado el tablero. La rebatiña entre Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Velasco, Rafael Moreno Valle y otros, para lograr la candidatura de la continuidad autoritaria en 2018 ha invertido el sistema de reparto de culpas y responsabilidades. En lugar de pasar los costos políticos a los subalternos del presidente, hoy son los subalternos quienes pasan los costos al mandatario.
Como un edificio sin fusibles, la descarga de cada escándalo pasa con toda su fuerza directamente al centro de operaciones, generando un desgaste enorme en todo el sistema. En otros tiempos, una masacre tan transparente y brutal como la de Nochixtlán hubiera generado inmediatamente la renuncia de alguien relevante, quizás el gobernador de Oaxaca o, en su caso, el secretario de Gobernación o el de Educación. Hace apenas dos años tuvo que separarse de su cargo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en respuesta a las enormes movilizaciones que surgieron a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Pero hoy ni siquiera el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, ha tenido que renunciar.
El resultado ha sido un constante desgaste en la imagen del presidente de la República. Hasta el periódico El Universal, un medio que ha tenido un trato muy generoso con el régimen actual, admite que la aceptación popular de Enrique Peña Nieto hoy se encuentra en un mínimo histórico, con una valoración positiva de sólo 29%.
Un estudio más independiente seguramente arrojaría una cifra aún menor. ¿Cuántas personas en tu círculo cercano del trabajo, la escuela, tu comunidad o la familia tienen una opinión favorable sobre Peña Nieto? En realidad, las opiniones positivas difícilmente rebasarían 15 o 20% de los mexicanos. Una clara muestra del nivel al que ha llegado el repudio hacia el primer mandatario es el hecho de que 51% de las personas que contestaron a la pregunta “¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente?” respondieron secamente con la palabra “nada” (véase: http://ow.ly/NuxQ3021pE9).
Ahora bien, el viejo sistema no solamente inflaba artificialmente al presidente de la República, sino que también era experto en reprimir, dividir y cooptar a los movimientos sociales. En esta materia también se nota un desgaste importante. El escarmiento de Nochixtlán fue un rotundo fracaso para el gobierno. En lugar de infundir miedo en la población y despejar las carreteras del país, ha generado una reacción de movilizaciones en cadena en todo el país.
La atinada estrategia de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también ha roto con los patrones históricos del autoritarismo. El gobierno normalmente insiste en tratar las demandas específicas de manera separada con los líderes de cada organización social o sindical. Ello con el propósito de aislar y cooptar a cada grupo a partir del ofrecimiento de dádivas a los líderes correspondientes.
Pero la CNTE se ha negado a entrar a este juego autoritario de control social. Las diferentes secciones sindicales han presentado un frente unido e insistido en consultar a sus bases sobre todos los acuerdos. Asimismo, el movimiento se ha aliado con otros sectores de la sociedad (la comunidad de Nochixtlán, maestros y estudiantes universitarios, etcétera) y, en lugar de buscar beneficios personales o gremiales particulares, ha mantenido firme su demanda de abrogación de la reforma educativa.
Esta actitud profundamente democrática y social ha generado una amplia solidaridad en todo el país. Las históricas movilizaciones magisteriales en Monterrey y la Ciudad de México, por ejemplo, no se explican sin este énfasis en los temas generales por encima de los asuntos particulares en la mesa de negociación. La claridad de la posición de la CNTE también ha creado el espacio político necesario para permitir a los padres de familia de Ayotzinapa romper dignamente con las negociaciones simuladas que les ofrecen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El tiempo se le acaba al régimen y se abre una enorme oportunidad para transformar a la nación. ¿El pueblo, los movimientos y los ciudadanos sabremos aprovechar la coyuntura para finalmente poner fin al sistema de corrupción, saqueo y violencia estructural en el poder desde 1946?
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Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: Proceso
