Cortes instaladas en carpas en dos ciudades fronterizas de Texas comenzaron a procesar a miles de migrantes que son obligados por el Gobierno federal a esperar en México en lo que sus solicitudes de asilo avanzan a través de los congestionados tribunales de migración de Estados Unidos.
La Corte en Laredo abrió las audiencias con una jueza que atendió casos a través de videoconferencia desde San Antonio, a donde tendrán que trasladarse los observadores que quieran monitorear las audiencias.
Los detractores del sistema han criticado el procedimiento debido a que es cerrado al público y dificulta a los abogados el acceso para brindar representación legal.
Uno por uno, los migrantes ingresaron a la carpa y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México.
El primer grupo incluía a una mujer hondureña que cargaba a su hija de 4 años de edad, a un salvadoreño que contó que huía de amenazas de muerte y a otro hombre que dijo que se ocultaba mientras esperaba una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.
Estas entrevistas forman parte de una política implementada por el Gobierno del Presidente Donald Trump llamada Protocolos de Protección a Migrantes, pero mejor conocida como el programa “Permanencia en México”.
La jueza Yvonne González tenía 52 casos en su expediente.
Del otro lado de la pantalla, 26 personas se presentaron al tribunal en Laredo.
González podía verlos a través del monitor instalado en su juzgado.
Después de unos 20 minutos, la jueza se alistó a terminar la audiencia cuando uno de los hombres levantó la mano y pidió la palabra.
González se la concedió.
“Bajo ninguna circunstancia estoy en posición de pedirle algo”, dijo en español, de acuerdo con declaraciones distribuidas por el traductor de la Corte.
“Pero quisiera pedírselo. Mi familia está aquí conmigo y tenemos miedo de quedarnos en México”.
La jueza le dijo que atendería su caso más adelante. Entonces, una segunda persona también pidió la palabra y también expresó su temor.
Eventualmente, ocho personas expusieron sus casos.
Una mujer contó que tenía que pagarle a alguien para que la llevara de regreso para su audiencia. Otra dijo que había sido secuestrada.
González miró a los abogados del Gobierno federal presentes en su juzgado y les preguntó sobre el papel de México en la situación.
“¿Están ayudando con un lugar dónde quedarse?”.
Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no sabía la respuesta.
La jueza se reunió con los abogados del Gobierno y después reanudó las audiencias.
Le pidió a todos aquellos que tenían miedo de volver a México se pusieran al frente para que estuvieran más cerca de su pantalla, y luego les dijo que un guardia de seguridad los llevaría a otra sala en la carpa para que pudieran ser procesados por otra agencia y determinar si serían enviados de vuelta a México.
Fuente: Reforma
