Por Javier Sicilia
Durante las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hubo una frase que corrió a lo largo y ancho del país y que señalaba con toda claridad al actor fundamental de la violencia que vivimos: “Fue el Estado”. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y los ataques a sus miembros, que concluyeron con su salida del país, no hicieron otra cosa que confirmarlo.
Recientemente el hallazgo de las fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos, donde la Fiscalía del estado enterró como basura 150 cuerpos, vuelve a poner en el centro de la violencia al Estado.
El hecho es ya en sí mismo acusatorio. Lo es más todavía porque el propio gobierno de Morelos que, bajo presión de las víctimas y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha tenido que abrirlas y exhumar los cuerpos para su identificación, alega que es una práctica común de todas las fiscalías del país.
Si en condiciones de paz una práctica de esa naturaleza es ya en sí misma un crimen de Estado –ahora sabemos dónde la delincuencia aprendió a cavar fosas clandestinas como forma de desaparecer cuerpos–, en una época de violencia, como la que vivimos, llega a frisar los territorios de los crímenes de lesa humanidad. Un Estado que cava fosas clandestinas es un Estado que se ha convertido en sepulturero del crimen.
Lo más grave del hecho es que los responsables de esta atrocidad, que tienen nombre y apellido, como lo señaló Cuauhtémoc Cárdenas en su visita a las fosas, se encuentran impunes. En primer lugar, el gobernador Graco Ramírez, que permanece en su puesto; en segundo lugar, el exfiscal Rodrigo Dorantes, que ahora es delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Durango. ¿Por qué –le pregunto a Agustín Basave– el PRD continúa protegiendo al gobernador? ¿Va a permitir que, con esos crímenes y el repudio de la población morelense, permanezca en el poder? ¿Ocultará su responsabilidad en estos delitos como ha ocultado la responsabilidad del exgobernador Ángel Aguirre en los de Ayotzinapa? ¿Por qué –le pregunto a la procuradora Arely Gómez– sigue manteniendo en la delegación de la PGR en Durango a Rodrigo Dorantes y no se le fincan responsabilidades penales por su participación en las fosas clandestinas de Tetelcingo? ¿Por qué –le pregunto al secretario Osorio Chong– no ha llamado a cuentas al gobernador morelense y guarda ante el tema de Tetelcingo un silencio cómplice? Sobre todo cuando el tema de las fosas se enmarca en un contexto de violencia que coloca a Morelos con uno de los rangos más altos en delitos.
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años Morelos se encuentra entre los cinco primeros lugares de criminalidad. Si comparamos el gobierno, ya en sí mismo criminal, de Marco Antonio Adame (octubre 2006-septiembre 2012) con el de Graco Ramírez, podemos ver de qué tamaño es la inoperancia del último. El de Adame registró, a lo largo de sus seis años de “gobierno”, 5 mil 745 homicidios, es decir, 79.79 homicidios en promedio por mes; 156 secuestros, es decir, 2.17 secuestros en promedio por mes; y 2 mil 86 violaciones, es decir, 28.97 en promedio por mes.
Comparativamente, en lo que va del gobierno de Graco Ramírez (octubre de 2012-abril de 2016) se registran 3 mil 307 homicidios, es decir, 76.91 homicidios en promedio por mes; 342 secuestros, es decir, 7.95 en promedio por mes; y mil 515 violaciones, es decir, 35.23 en promedio por mes.
La variación entre los periodos de uno y otro es de -3.6 % en el actual gobierno, sin considerar los crímenes que se encuentran ocultos en fosas clandestinas como la de Tetelcingo. En materia de secuestros, la variación es de 366.35% más en el actual gobierno; y en materia de violaciones es de 21.60% más en el actual gobierno.
Hay que añadir a esto que la deuda de Estado en procuración de justicia a las víctimas no ha sido saldada por la presente administración. De los crímenes cometidos durante esta gestión y las anteriores, únicamente se ha iniciado proceso penal en 3% de los delitos, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2016.
Permitir que el gobernador de Morelos, al igual que el de Veracruz, Javier Duarte, continúen en el poder y que Rodrigo Dorantes siga al frente de la delegación de la PGR en Durango, y no llamarlos a cuentas, es afirmar inequívocamente que la violencia, las desapariciones, las fosas clandestinas son un práctica del Estado, un pacto de impunidad entre éste y el crimen organizado, una nueva forma en la que el totalitarismo se expresa y que debemos combatir centímetro a centímetro como lo están haciendo en las fosas clandestinas de Tetelcingo las organizaciones de víctimas con apoyo de lo que aún queda sano en el Estado: los equipos forenses de la UAEM, de la PGR, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Hay aún partes sanas en el Estado que podrían enderezar la acusación que pesa sobre él. ¿Serán capaces de llevar el asunto de Tetelcingo hasta el final y hacerlo en cada parte de la República? That is the question.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, devolverle su programa a Carmen Aristegui.
Fuente: Proceso
