Con cuatro votos a favor y dos en contra, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que estableció que era imposible determinar fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió aportaciones del gobierno de Chihuahua, durante la gestion de César Duarte, para sus campañas locales de 2016.
La resolución del INE deriva de las quejas presentadas por Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en contra del PRI y de quienes resultaran responsables, por la existencia de presuntas aportaciones ilegales a favor del tricolor.
El desvío denunciado es el mismo que, en su momento, fue investigado penalmente por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua durante la administración de Javier Corral Jurado y luego por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El exgoboernador Corral que denominó dicha malversación como la “Operación Safiro”, redundó en una sentencia condenatoria contra el exsecretario del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez quien, no obstante, fue absuelto luego de que un tribunal colegiado de circuito desechara las declaraciones de testigos protegidos que fueron base de la acusación.
En su investigación, el INE acreditó que 250 millones de pesos transferidos por la Federación al gobierno de Chihuahua, fueron desviados mediante la simulación de contratación de servicios con empresas como Servicios y Asesorías Samex S.C., Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V., Servicios y Asesorías SISASS S.A de C.V y Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V., y Jet Combustibles, S.A. de C.V.
Éstas, a su vez, los remitieron a distintas subempresas que dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones en efectivo.
Sin embargo, el INE dijo que no pudieron encontrarse evidencias que permitieran asegurar que este dinero ingresó a las arcas del PRI o que le beneficiaron, por lo que Morena solicitó que la Sala Superior revisara el fallo del órgano electoral.
En sesión pública, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la Sala estuvo de acuerdo con la determinación del INE al considerar que la valoración probatoria que realizó el INE fue correcta.
Es decir, la mayoría de los magistrados sostuvieron que, aunque hubiera quedado demostrada la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, las pruebas aportadas no permiten advertir un beneficio directo para el PRI, esto a pesar de que en dicha operación participó un gobierno encabezado por el priísta César Duarte Jáquez y otros militantes del mismo partido.
Asimismo, los magistrados sostuvieron que Morena no confrontó los razonamientos del INE; tampoco precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta y no desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
No obstante, la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra del proyecto, solicitando que el expediente fuera regresado al INE, con el fin de que se hiciera mayores investigaciones y requerimientos. Sólo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña no estuvo presente en la sesión.
Fuente: El Diario
