La batalla en torno a la inmigración ilegal llega a la Corte Suprema el lunes, en que ese cuerpo comenzará a analizar una disputa que puede afectar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia.
La Corte analizará los programas del gobierno de Barack Obama que podrían dejar en suspenso la deportación de unos 4 millones de personas y darles derecho a trabajar.
Una de esas personas es Teresa García, quien vive en las afueras de Seattle. Se trata de una mexicana que vive sin autorización en Estados Unidos desde hace 14 años. Llegó en el 2002 con una visa de turista y se quedó.
Ya consiguió algunas de las cosas que buscaba. Sus dos hijos mayores se están beneficiando de programas dirigidos a jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños y su hija de 11 años es ciudadana estadounidense.
“Esa es la razón por la que vine, para que mis hijos tuvieran mejores oportunidades, porque aquí es mucho más seguro”, declaró García, de 45 años, en una entrevista con la Associated Press.
Ahora García quisiera regularizar su situación y la de su marido, un contador que trabaja como obrero de la construcción y está también en el país ilegalmente.
“Tener un número de Seguro Social, para mí eso representa un futuro mejor. Cuando digo futuro mejor, me refiero a que nos cuesta salir adelante con el escaso dinero que gana mi marido. Pasamos apuros todos los días. Nos cuesta pagar todo”, manifestó García.
Programas anunciados por Obama en noviembre del 2014 cobijarían a personas con hijos estadounidenses o que viven en el país legalmente. Esos programas complementan los lanzados en el 2012 por el mandatario que beneficiaron a los hijos de García. Más de 700.000 personas se ampararon en ese alivio. El nuevo programa para los padres de esos jóvenes y el programa ampliado para menores podría cobijar a hasta 4 millones de personas, según el Instituto de Políticas Migratorias, un organismo independiente.
Texas y otros 25 estados acudieron a los tribunales para bloquear esas iniciativas poco después de que fuesen anunciadas y algunas cortes fallaron a su favor. Los programas nunca entraron en vigor.
Los estados, y los legisladores republicanos, afirman que Obama no tiene autoridad para modificar las leyes de inmigración. Al anunciar la segunda tanda de medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba por su cuenta porque el Congreso no hacía nada por reformar un sistema migratorio que no funciona. El Senado aprobó una reforma, pero la iniciativa fue bloqueada por los republicanos de la Cámara de Representantes.
“Básicamente, consideramos que el presidente no tiene autoridad para tomar estas medidas ejecutivas”, expresó el procurador general de Texas Ken Paxton.
Representantes republicanos dicen que Obama se atribuye el derecho a “disponer que millones de individuos pueden vivir, trabajar y recibir beneficios en este país a pesar de que los estatutos federales claramente les prohíben hacerlo”.
El gobierno y los defensores de los inmigrantes que no tienen permiso de residencia dicen que las órdenes ejecutivas sobre inmigración no son algo sin precedentes y ni siquiera algo inusual. Afirman que los programas de Obama son una continuación de esfuerzos previos de gobiernos tanto demócratas como republicanos que emplearon la discreción ejecutiva para decidir quiénes deben ser deportados.
El último dictamen importante del principal tribunal del país sobre inmigración, del 2012, le da cierto sustento a esa postura.
“Uno de los aspectos principales del sistema de deportaciones es la amplia discreción que tienen las autoridades de inmigración. Los funcionarios federales deben decidir si tiene sentido iniciar un trámite” de deportación o no, declaró el juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy. “La discreción de que gozan las autoridades del servicio de inmigración toma en cuenta consideraciones humanas. Los trabajadores no autorizados que tratan de mantener sus familias, por ejemplo, representan un peligro menor que contrabandistas o personas que cometen delitos graves”.
El gobierno y sus partidarios aseguran que los programas en cuestión no ofrecen protección a todo el mundo, sino que se analiza caso por caso. Y la suspensión de las deportaciones es temporal, por tres años.
“No es un status permanente, ni una tarjeta verde (permiso de residencia), ni despeja el camino hacia la ciudadanía. No da derecho a votar. En el mejor de los casos, es una presencia tolerada”, afirmó Angela Maria Kelly, experta en inmigración del Center for American Progress.
Los programas, por otro lado, pueden ser revocados por el próximo presidente. Y los aspirantes republicanos a la presidencia han dicho que los dejarán sin efecto si ganan las elecciones de noviembre. Esto podría hacer que la gente que se cobijó en esos programas quede más expuesta a ser deportada si triunfan los republicanos.
Por ello muchos inmigrantes sin permiso de residencia han preferido esperar el resultado de las elecciones antes de buscar ese amparo.
La Corte Suprema podría no tener que analizar el tema de la autoridad ejecutiva si los jueces deciden que Texas y los demás estados no tienen derecho a cuestionar esa atribución en ese tribunal. Semejante salida evitaría a la corte abordar el tema de la inmigración ilegal en momentos en que es previsible un empate 4-4 tras la muerte del juez Antonin Scalia en febrero.
Un dictamen a favor del gobierno despejaría el camino para que los programas entren en vigor en los últimos meses de la presidencia de Obama. Uno en contra, los dejaría sin efecto.
García dice que no ve la hora de solicitar el amparo cuando esté disponible.
Afirma que trabaja como voluntaria en escuelas, enseñando español, ofreciéndose como traductora a los padres de los alumnos y colaborando con una iniciativa de planificación estratégica del distrito escolar. Pero ha rechazado ofrecimientos para ser empleada por el sistema escolar.
De tener el número de Seguro Social que tanto añora, dijo, “empezaría a trabajar ya mismo”.
Se espera que la Corte emita un dictamen a fines de junio.
Fuente: AP
