El pleno del Supremo Tribunal explicó que Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo se tratan de casos que deben ser atendidos con prioridad por ser de un tema trascendente; se discutirán y resolverán a partir de septiembre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó dar prioridad a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad que la PGR promovió contra las reformas anticorrupción de Veracruz, Chihuahua y Quinta Roo.
Por unanimidad, el Pleno de la Tribunal Constitucional acordó este lunes que la solicitud del Senado para atender prioritariamente dichos casos es procedente, cumplió con los requisitos de ley, además de que se trata de un tema trascendente.
Autoridades del Tribunal Constitucional dijeron que dicha aprobación se hizo en sesión privada y detallaron que será a partir de septiembre próximo cuando dichos temas se comiencen a discutir y resolver.
Esto será durante las sesiones públicas que el pleno de la Suprema Corte realiza cotidianamente los lunes, martes y jueves.
Las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 57/2016 y 58/2016 promovidas contra reformas anticorrupción impulsadas, en sus respectivos estados, por los gobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, y Roberto Borge de Quinta Roo.
El 1 de agosto pasado, durante la ceremonia de inauguración del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar informó que el Senado solicitó la atención prioritaria a dichas acciones.
“A la brevedad se continuará con el trámite respectivo por lo que se solicitará los informes correspondientes con el objeto de que en la próxima sesión privada se determine lo conducente”, dijo el ministro en su momento.
Dichas acciones fueron promovidas por la PGR el 11 de julio, al advertir “vicios legales” en las reformas legales anticorrupción aprobadas en los citados estados.
Consideró que dichas reformas se dieron sin esperar la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, consideró que son contrarias al fin de las reformas a la Constitución de 2015 en materia anticorrupción. El 18 de julio el presidente Peña Nieto promulgó dichas leyes.
En su momento, se dijo que estas modificaciones legales tenían el fin de “blindar” a las administraciones salientes, en los tres casos señalados por corrupción, pues ellos iban a tener el control de nombrar a los fiscales anticorrupción.
Los tres gobernadores han negado un blindaje con la promulgación de dichas reformas.
Fuente: El Financiero
